Archive for octubre 18th, 2012

octubre 18, 2012

Los trabajadores sociales recrudecen sus protestas

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/10/18

Empleados de todas las administraciones de Álava han protestado esta mañana contra los recortes formando una cadena humana que simulaba un cortejo fúnebre

Todos los sindicatos con representación en el sector de la Intervención Social de Álava han unido sus fuerzas para intensificar las movilizaciones en protesta por la negativa de los gobiernos del PP del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación a negociar un convenio del sector.

Los trabajadores de Intervención Social de Álava han celebrado esta mañana una asamblea en el centro cívico Aldabe de Vitoria y posteriormente han formado una cadena humana en forma de cortejo fúnebre que, tras recorrer varias calles, ha llegado a la plaza de la Provincia, donde se encuentra la sede de la Diputación.

Tras una pancarta en la que se leía “Servicios Sociales de Calidad” y las siglas de los sindicatos UGT, ELA, CCOO, LAB y ESK, los manifestantes han coreado gritos contra el PP y a favor de un convenio digno.

Este colectivo, integrado por unas 800 personas, trabaja en empresas subcontratadas por el Ayuntamiento y la Diputación dedicadas principalmente a la atención de centros de salud mental, discapacidad física y psíquica y menores desprotegidos, entre otros sectores relacionados con la integración social.

Los empleados carecen de un convenio colectivo en Álava, lo contrario que ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa, según ha explicado a Efe Hibai Ollora, uno de los portavoces del sindicato ELA.

Ollora ha lamentado que los gobiernos municipal y foral se “cierren en banda” para negociar un convenio y ha denunciado la congelación de sueldos que sufren los trabajadores desde hace tres años y la pérdida de calidad del servicio que se presta como consecuencia de la reducción de, entre un 7 y un 9 por ciento, de los presupuestos que el Ayuntamiento y la Diputación dedican a contratar a las empresas del sector.

El portavoz sindical ha recordado que, al no existir un convenio del sector en Álava, las condiciones salariales y laborales de los trabajadores son muy diferentes, de ahí la necesidad de un acuerdo provincial que regule estos aspectos.
Ha señalado además que los partidos políticos, excepto el PP, y las empresas del sector han expresado a los sindicaos su voluntad de lograr un convenio.

A partir de ahora los trabajadores intensificarán las movilizaciones aunque por el momento no se han planteado convocar una huelga.

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octubre 18, 2012

Transeguia anuncia su liquidación y deja en el paro a 24 trabajadores

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/10/18

La firma alavesa de transportes especiales entrará en concurso de acreedores esta semana

La compañía alavesa de transportes especiales Transeguia (antigua Transportes Eguía) anunció el pasado viernes a sus trabajadores la inminente entrada en concurso de acreedores de la compañía y su posterior liquidación. La media supondrá la desaparición de 24 puestos de trabajo a los que, según denuncia ELA, se les adeuda cuatro nóminas. En este escenario los trabajadores se manifestarán mañana viernes en el exterior de la empresa (situada en la calle Castro Urdiales, 9) e iniciarán una huelga indefinida a partir de la semana que viene “en defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestros salarios”.

El anuncio del cierre sorprendió a la práctica totalidad de la plantilla, máxime cuando la situación de la empresa auguraba todo lo contrario. A pesar de que la situación del sector es preocupante por la imparable subida del gasóleo -un 30% en los últimos dos años-, el pasado mes de marzo la dirección de Transeguia lograba refinanciar su deuda con varias entidades a través de un plan de consolidación financiera elaborado por A+G Consultores, explicitó ayer un portavoz de ELA, que añadió que la vigencia de las condiciones del acuerdo expiraban en 2019.

Pero algo ocurrió. Y los motivos del cambio de rumbo en los meses siguientes por parte de la dirección es algo que a día de hoy sólo sus responsables conocen. Este periódico trató ayer varias veces de ponerse en contacto con algún portavoz de la compañía de transportes, aunque sin éxito. El sindicato ELA, sin embargo, sí confirmó algunos indicios vinculados a esta repentina operación como la venta de dos camiones y otros tantos remolques, “supuestamente”, para pagar a la consultora alavesa que se va a encargar de preparar y presentar el concurso de acreedores. Al cierre de esta edición, el comité desconocía si la empresa había ejecutado ya esta opción.

transporte especial El origen de esta empresa familiar alavesa se remonta a los años 60. Como consecuencia de la demanda del momento, su crecimiento resultó exponencial. En los 70 ya contaba con una flota de cuatro camiones y en 1988 pasó a denominarse Transeguia, especializándose en el transporte especial, sobre todo el de los prefabricados de hormigón. Hasta ayer, según la versión sindical, la compañía contaba con una flota de 22 camiones y 38 remolques con una capacidad de 100 toneladas y una longitud de 50 metros.

octubre 18, 2012

La plantilla de Guardian iniciará una huelga indefinida a partir del martes

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/10/18

24 horas después de desatarse la tormenta en Guardian a cuenta de los despidos anunciados por su dirección, la compañía norteamericana salió ayer al paso de nuevo para tratar de rebajar la tensión con el comité de empresa, tender la mano al diálogo y, de paso, mostrar su predisposición a mejorar las indemnizaciones en caso de rescisión de contratos, una posición contraria a la que defendió el pasado lunes durante una tensa reunión con los representantes sindicales. Con la vista puesta en el encuentro que ambas partes volverán a mantener el próximo lunes, Guardian quiso escenificar en un gesto con pocos precedentes su apuesta por el diálogo para asegurar el futuro de la planta de Llodio. El comité de empresa, sin embargo, no lo ve así y ayer anunció tras una asamblea que los trabajadores iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo martes que se sumará a los paros parciales de hoy y mañana.En una escueta pero concluyente nota de cuatro párrafos, Guardian insistió ayer en que la “única manera” de salvaguardar el futuro de la planta pasa por tres objetivos: rebajar la tensión, acercar las posturas y trabajar “conjuntamente” para lograr una salida dialogada con el comité. Una solución, insiste la empresa, que demanda la firma del convenio colectivo y un plan consensuado para la reestructuración de la plantilla, acorde a la situación real de la empresa. En este punto, un portavoz de ELA ya advirtió a este diario el pasado lunes que se trata de una cuestión “inasumible” si no es garantizando por escrito y reflejado en el convenio una indemnización económica de 45 días y 42 mensualidades.Si bien esta exigencia parecía imposible entonces a ojos de la dirección, ayer la postura era más flexible: “En los casos en que sean necesarias extinciones de contrato por un exceso de plantilla en base a indicadores objetivos de producción, Guardian está dispuesta a mejorar las indemnizaciones, incluso por encima de lo que establece la ley, de cara a lograr acuerdos lo menos perjudiciales posible para todas las partes”. Como conclusión, Guardian recordó la “drástica” contracción de la demanda que desde hace dos años sufren sus mercados principales (automoción, construcción y solar), una situación que lamentablemente no presenta síntomas de reactivación.
octubre 18, 2012

Islandian langabezia, jaitsi eta jaitsi

Iturria: Berria.info – 2012/10/18

%5eko langabezia tasa dago orain. Bederatzi mila lagun baino ez daude lanik gabe. Azken urteetan herritarrek protesta handia egin dute sistemagatik.

Islandian langabezia %5era jaitsi zen irailean eta orain, lana egiteko adina duten 180.700 lagunetatik, bederatzi mila baizik ez daude langabezian.

Duela urtebete langabezia %6koa zen Islandian, 2010ean %12koa.

2008an hango egoera erabat aldatu zen, herritarrek protesta egin eta ekimena hartu ondotik. 2008ko udazkenean, herrialdeko hiru banku handienak —Glitnir, Landsbanki eta Kaupthing-ek— salbatu behar izan zituen Islandiako Gobernuak, neurrigabe hedatu eta pilatutako zorra finantzatu ezinik gelditu zirelako —Islandiako BPGren halako hamar—. Islandiako txapona, koroa, amildu egin zen ondoren, eta Nazioarteko Diru Funtsari laguntza eskatu behar izan zion gobernuak. Herritarren presioagatik, gobernuak dimisioa eman behar izan zuen. Gobernu berriak uko egin zion hondoratutako bankuen zorra pagatzeari. Islandiarrei beren aurrezkiak itzuli zizkien, baina atzerritarrei ez.

Erreferendum bidez, erantzukizuna krisiaren benetako errudunei, bankuei egotzi zieten, eta bankuetako arduradunak atxilotu eta epaitu egin zituzten. Herritarrek garbi adierazi zuten ez daudela prest bankuen gehiegikeriak ordaintzeko.

Olafur Ragnar Grimson Islandiako presidenteak esan izan du berak deitutako bi erreferendumei esker, “2008an Islandiako ekonomia amildu zenean galdutako konfiantza berreskuratu” dutela. Haren arabera, emaitzek “demokrazia indartzen dute”.

octubre 18, 2012

Movilización en Bilbo ante el aumento de las situaciones de pobreza

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

En el “Día Internacional contra la Pobreza” decenas de personas -que frecuentan los comedores sociales; centros de día y albergues; o viven en pisos de inserción social-, se han concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbo para visibilizar las consecuencias de la crisis y los recortes sociales.

No a los recortes sociales

En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las prestaciones sociales, el Gobierno Central y Vasco -además de la Diputación de Bizkaia-, han decidido hacer un recorte drástico de las mismas. Por este motivo, y coincidiendo con el “Día Internacional contra la Pobreza”, decenas de personas -que frecuentan los comedores sociales; centros de día y albergues de Bilbao; o viven en pisos de inserción social-, se han concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbo para visibilizar las consecuencias de la crisis y los recortes sociales.
Con esta movilización se ha querido exigir una política social más acorde con las necesidades de las familias vascas en la actual situación de crisis económica.

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:

Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea Invisibles (Ikustezinak)”, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal), SOS Racismo.

octubre 18, 2012

Democracia de excepción y la tragedia de los bienes comunes

Iturria: Rebelion.org / Ignazio Aiestaran – 2012/10/18

Ignazio Aiestaran. Escritor y profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco

La conferencia que UPN censuró en Pamplona

Nota de Rebelión: El pasado 3 de octubre el autor debía haber pronunciado en el Condestable de Pamplona una conferencia cuyo texto publicamos más abajo, inscrita en un ciclo de charlas en euskera con el título El tiempo que nos toca vivir. Pero el escritor y doctor en Filosofía renunció a impartirla ante la exigencia de la directora del área de Cultura del Ayuntamiento (UPN), Teresa Lasheras, para que modificara el título y el resumen de la charla que figuraría en el tríptico del ciclo de conferencias. A la concejala le pareció tan subersivo el título de la ponencia: Salbuespen demokrazia eta ondasun erkideen tragedia (Democracia de excepción y la tragedia de los bienes comunes), como el resumen de la misma donde se citaban a autores como Naomi Klein, Michael Hardt o Antonio Negri y se hablaba de las consecuencias de la globalización, de la doctrina del shock o de la involución democrática que, a juicio del autor, vivimos con la crisis como coartada.

Democracia de excepción

Vivimos tiempos excepcionales, donde la excepción es la norma. O así nos lo quieren hacer creer. Las élites políticas repiten diferentes consignas con el fin de justificar que no hay otra salida posible y que sus decisiones excepcionales son únicas e inapelables, afirmando que “es lo que hay que hacer”, “no se puede hacer otra cosa”, “cueste lo que cueste”. Para dar cobertura a esas proclamas ideológicas recurren a la argucia de la excepcionalidad. En abril del 2012, el presidente del poder ejecutivo del Reino de España justificaba la política de recortes con estas palabras: “Lógicamente eso nos sitúa en una situación excepcional y tenemos que reaccionar con medidas excepcionales”. La vicepresidenta de ese mismo ejecutivo ya había preparado el camino a finales de diciembre del 2011 con la siguiente declaración: “No hay que temer ese tipo de movimientos, puesto que estamos ante medidas temporales, medidas excepcionales; pero, insisto una vez y otra, estamos con medidas temporales, excepcionales”. Es el nuevo movimiento de las medidas excepcionales.

Dada esta situación de excepción, el presidente de la Generalitat de Catalunya ha optado por invertir esta lógica desde una expresión reivindicativa, adelantando las elecciones, en los siguientes términos: “En momentos excepcionales, decisiones excepcionales”. Por último, el mismo presidente de la República Francesa decía en agosto de 2012 que la situación era una crisis excepcional: “Estamos ante una crisis de excepcional gravedad, una crisis larga”. Y añadía que la situación era equiparable a una batalla: “Hace falta tiempo para ganar la batalla del crecimiento, del empleo y de la competitividad, porque es una batalla”. Es la batalla de la excepcionalidad silenciosa y prolongada.

Lo que todas estas voces políticas recogen con variaciones y diferencias no es sino una estrategia diseñada por un sector nada democrático de la Unión Europea. Una de las figuras más sobresalientes en la arquitectura económica y política de esta Europa de los mercaderes es Jean-Claude Trichet. Ha manejado todos los hilos posibles sin pasar nunca por las urnas: gobernador del Banco de Francia (1993-2003), presidente del Banco Central Europeo (2003-20121) y en la actualidad miembro activo del consejo de directores del Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de 60 bancos centrales del mundo, un mega-banco con sede en Suiza que influye y asesora sobre política monetaria y estabilidad financiera. Desde estas posiciones, Trichet se ha convertido en el adalid de la teoría del excepcionalismo en su forma más radical. Él la ha llamado “federación por excepción” o también “excepcionalismo europeo”.

En su discurso de despedida como presidente del Banco Central Europeo, en octubre de 2011, ya lanzó la siguiente pregunta amenazadora: “¿Sería demasiado atrevimiento concebir que esta futura unión económica y monetaria, dotada de un mercado, una moneda y un banco central únicos, tuviera además un poder ejecutivo?”. Con ello planteaba la creación de un nuevo poder que asumiría la vigilancia estricta de las políticas fiscales y financieras, con la facultad, “en casos excepcionales”, de adoptar decisiones de castigo en aquellos casos donde los pueblos no adopten las medidas restrictivas de las demandas presupuestarias de la Eurozona En esos casos excepcionales también se podría penalizar a los pueblos o naciones que escojan partidos equivocados o rebeldes que no sigan las consignas de los imperativos de los mercados.

Esta teoría del excepcionalismo ejecutivo supone un peligro para las libertades democráticas de los pueblos. Por caso, en mayo del 2012 Trichet impartió una conferencia en Washington sobre la crisis. Allí propuso un “salto cuántico” en la gobernanza y en la soberanía de la Unión Europea, estableciendo directamente una “federación por excepción”, según sus palabras. Cuando un país adopte “políticas aberrantes” no acordes con los criterios económicos de estabilidad financiera, entonces se podría castigar directamente a los pueblos que sostienen esas políticas, según su criterio.

El filósofo alemán Jürgen Habermas, en su último libro sobre la constitución de Europa, ha criticado esta postura y el hecho de que Trichet reclame un ministerio de finanzas común para la Eurozona, pero sin mencionar la parlamentarización. Habermas se opone con fuerza a esta fórmula porque ve un claro “desequilibrio entre los imperativos de los mercados y la fuerza reguladora de la política” a través de un “federalismo ejecutivo” que gestiona el proyecto europeo a puerta cerrada, sin debatir en el espacio público. Habermas advierte con preocupación que este federalismo ejecutivo posibilita un dominio intergubernamental del Consejo Europeo, bajo el camuflaje de pedir “más Europa”. En realidad, más Europa no significa más solidaridad y más democracia, sino más finanzas y más plutocracia, como cuando el 22 de julio de 2011 Angela Merkel y Nicolas Sarkozy llegaron a un arreglo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés para propiciar una involución posdemocrática contraria al espíritu del Tratado de Lisboa que Habermas rechaza con rotundidad:

“Mediante este camino de una dirección central por parte del Consejo Europeo, podrían trasladar los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales. De este modo, acuerdos tomados sin transparencia y carentes de forma jurídica tendrían que imponerse, con ayuda de amenazas de sanciones y de presiones, a los parlamentos nacionales menguados en su poder. Los jefes de gobierno tergiversarían de esta forma el proyecto europeo hasta convertirlo en su contrario. La primera comunidad supranacional juridificada democráticamente se convertiría en un arreglo para el ejercicio del dominio burocrático-posdemocrático”.

Lo que Habermas advierte como una futura amenaza para las democracias de Europa, por desgracia ya se ha hecho realidad, cuando se aprobó la reforma de la Constitución del Reino de España, para incluir la cláusula que limita la posibilidad de deuda del Estado social, así como para asegurar el pago a los acreedores por encima de los derechos sociales y de las necesidades colectivas. En solo treinta días se hizo el cambio, entre agosto y septiembre de 2011, mediante un procedimiento de urgencia y de una única lectura, en lo que se llegó a denominar “reforma exprés”. Los dos grupos parlamentarios mayoritarios -los más constitucionalistas- la tramitaron sin apenas opción a debate o rectificación, y desde luego sin hacer una consulta popular previa o el referéndum deliberativo correspondiente. Ningún otro grupo parlamentario apoyó esta reforma, con la excepción de un grupo minoritario, Unión del Pueblo Navarro. En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados se recogen las palabras del representante de UPN que bien resumen la trapacería y componenda de este tipo de medidas:

“Es verdad que la presentación de esta iniciativa no ha sido la perfecta, pero, señorías, no exageremos. Otros cambios legales de muy dudosa constitucionalidad se han aprobado en esta Cámara con muchos menos votos, sin consenso, y desde luego sin referéndum.”

En todas estas decisiones y medidas se trasluce una estrategia calculada por aprovechar la crisis como coartada para imponer unas políticas determinadas bajo el discurso del miedo. En su despedida del Banco Central Europeo Trichet mencionó a Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. En sus memorias, Monnet mantenía una teoría concreta sobre el uso de las crisis: “Los seres humanos no aceptan el cambio más que por necesidad, y no ven la necesidad más que en la crisis”. Trichet cita esta referencia y añade: “Confío en que los cambios de hoy, provocados por la crisis mundial, sean precisamente de esos que Jean Monnet esperaba que pudieran promover un nuevo marco institucional”. Así se aprovecha la amenaza de la crisis de la deuda soberana para hacer todas las reformas y todos los recortes que la ciudadanía europea no aceptaría de otra manera. Este pensamiento coincide plenamente con lo que Naomi Klein ha definido como “la doctrina del shock”.

Esta doctrina se inició cuando el economista norteamericano Milton Friedman le escribió una carta en 1975 a Augusto Pinochet, el cual para entonces ya era conocido por sus masacres despiadadas en Chile. Friedman le recomendaba en aquella misiva que aplicara un “tratamiento de choque” para que su país abrazara el “completo libre mercado” con un recorte del 25% del gasto público en seis meses, aún a sabiendas del aumento del desempleo. Friedman subrayó que Pinochet debía actuar de manera decidida y rápida, como la terapia de choque que se le da a un paciente de forma abrupta y repentina. El general aplicó a rajatabla la recomendación del economista de Chicago, aprovechando que el país se había convertido en una dictadura. Desde entonces esa política monetaria de estabilidad financiera se ha aplicado en otros países, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con independencia de los estragos y del sufrimiento que generan en la población.

La teoría de la terapia de choque económica se basa en poner freno a la inflación más allá de la política monetaria: mediante un cambio súbito y brutal de política se alteran rápidamente las condiciones y expectativas de la ciudadanía, dejando claro que se va a recortar el gasto público y que los sueldos ya no subirán. Cuando Pinochet aplicó la receta de Friedman en el primer año la economía chilena se contrajo un 15% y la tasa de desempleo pasó del 3% al 20%. La doctrina del shock aprovecha las crisis para que la clase dirigente que ha perdido su credibilidad ante la ciudadanía aplique duras lecciones bajo una recesión o una depresión. En 1982 Friedman lo dejó claro en sus memorias biográficas: “Sólo una crisis –real o percibida como tal– produce un verdadero cambio”. En esto coinciden Friedman, Monnet y Trichet. Cuando viene una crisis económica de suficiente gravedad, los dirigentes se ven liberados para hacer lo que consideren necesario en nombre de la reacción a una emergencia nacional, y entonces, nos dice Klein, las crisis se convierten en zonas “ademocráticas”, paréntesis en la actividad política donde no parece ser necesario el consentimiento ni el consenso. Eso mismo está ocurriendo en la Unión Europea y es lo que Enzensberger califica como “la expropiación política de los europeos”.

Así, en situaciones de emergencia, la teoría del excepcionalismo somete las democracias a las terapias de choque aplicables en época de crisis. Se empieza reduciendo prestaciones, después se mutilan derechos y luego se termina por recortar la misma democracia, a fin de socializar pérdidas y privatizar ganancias con la excusa de la deuda soberana. Todo aparenta ser excepcionalmente lícito y soberano: se comienza modificando el texto de una constitución, posteriormente se quiere modular el derecho a manifestarse y se acaba por censurar una conferencia. Y todo para engañar y tutelar, que es lo que les gusta a algunos. Todo por la gran mentira. Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando la mayoría hemos vivido y vivimos por debajo de nuestras posibilidades y capacidades. Ese es el verdadero problema. Así que la cosa (pública) solo puede empeorar. Primero fue malestar, después indignación. Ahora ya es asco, el asco indecible.

Ignazio Aiestaran. Escritor y profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco
octubre 18, 2012

Hacia un sistema de salud inhumano

Iturria: diarioinformacion.com / Begoña Beviá Febrer – 2012/10/05

La constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que: “La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de alcanzar constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualesquiera que sean su raza, religión, sus opiniones políticas, su condición económica o social”. Sin embargo, la crisis generada por la especulación está propiciando una intensificación del desmantelamiento de los servicios públicos de salud.

El Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes en el ámbito de la sanidad es el instrumento que da forma legal a este último ataque. Con este, desaparece el derecho a una atención universal. Del derecho a la protección de la salud se pasa a la necesidad de pagar un seguro para poder ser atendido. Diversos colectivos quedan fuera de la posibilidad de recibir atención o con la posibilidad de recibirla pero de una forma muy precaria.

En segundo lugar, el RD 16/2012 hace desaparecer la gratuidad en el acceso a la asistencia. Se pasa de pagar por medio de los impuestos a introducir el pago individual, con la lógica de ir reduciendo el papel de los primeros. La vía del pago por medio de los impuestos directos de todos permite garantizar que todos y todas tengamos derecho a las mismas prestaciones, con independencia de nuestros ingresos. Este es un principio ético clave de equidad en el acceso a la asistencia. Con el RD 16/2012 se introduce el cobro por prestaciones y aumenta el pago por medicamentos. El objetivo es restringir la asistencia a una básica “gratuita”, equivalente de lo que se ha conocido como “beneficencia”, y una asistencia de pago. Este pago ya se ha introducido en el transporte no urgente, las prótesis, los productos dietéticos, así como en las medicinas.

Al quitar la universalidad y la gratuidad de la asistencia se disminuye el acceso a la sanidad y el nivel de salud que se puede alcanzar. El resultado son personas cuya muerte podría haber sido evitada. Por ello, el RD 16/2012 así como las legislaciones previas que privatizan la sanidad deben derogarse.

El ataque al modelo sanitario público se justifica por medio de la necesidad de contener el gasto y de la mayor eficiencia de la empresa privada. Se nos dice que “hemos gastado por encima de nuestras posibilidades” cuando la realidad es que el gasto sanitario público en el Estado español es del 6,5% del PIB mientras que la media de la UE-15 es del 7,3%, y que se gasta por habitante y año por debajo de la media de los países de la OCDE.

Se nos dice que la empresa privada es mas “eficiente” que el servicio público. La realidad es que los sistemas sanitarios en donde hay mayor presencia de la empresa privada son los más caros. Hemos de pensar que las empresas que gestionan la sanidad privada y las concesiones son empresas como Bankia o la CAM, que han tenido que ser rescatadas con dinero público por su mala gestión.

Medidas como el copago, los recortes y la privatización se acompañan de una campaña ideológica. Para los responsables políticos la protección de la salud deja de basarse en la mejora del nivel general de bienestar pasando a ser interesadamente entendida como una responsabilidad individual (la persona es culpable de sus enfermedades). Sin embargo, la evidencia nos dice que el nivel de empleo o de salario son factores clave de la salud física y psicológica de la población. Si una persona tiene pocos ingresos puede recurrir a comer comida basura, con lo que pueden aumentar sus niveles de colesterol y de tensión arterial, así como la probabilidad de padecer un infarto. Por otra parte, los responsables de sanidad del Gobierno central y autonómico han contratado “expertos” para hacernos creer que las enfermedades crónicas -las cuales resultan caras para las empresas aseguradoras- no son reales. Así, recientemente, el coordinador de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad declaró que “a las personas que sufren patologías crónicas hay que evitar etiquetarlas con la palabra enfermoÉ tienen un problema más social que sanitario”.
Por último, sabemos que hay dinero, pero que no se invierte bien. Sabemos que el dinero de todos entregado a la banca hasta el momento equivale a tres veces el gasto público en sanidad y que el dinero que pagaremos por los intereses de la deuda en el 2013 supera el del salario de todos los empleados públicos. La política de transformar un déficit privado de bancos y empresas en una deuda pública impagable nos hunde en el paro, y en la pérdida de unas condiciones dignas de trabajo, de estudio y de vida, factores los cuales, a su vez, influyen sobre la pérdida de la salud. Si no pagamos esta deuda ilegítima, salvaremos de una condena a muerte a miles de personas.

octubre 18, 2012

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados

Iturria: Publico.es – 2012/10/16

Jueces para la Democracia denuncia que hemos pasado “de un Estado social a un Estado penal”. Critica que se criminalice la ocupación simbólica de bancos o la lucha contra los desahucios

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados, al criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, el encadenamiento para evitar desahucios o la convocatoria de manifestaciones vía redes sociales en determinados supuestos. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la combinación de los recortes sociales con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa permite hablar de que España pasa de un “Estado social a un Estado penal”.

Bosch llega a esa conclusión tras analizar los nuevos delitos y la agravación de las penas previstas para los tipos delictivos del capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Así, subraya que se ha introducido en el Anteproyecto un nuevo artículo 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a “los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”.

Para el portavoz de JpD, se castigan así las ocupaciones de entidades bancarias u organismos públicos que en muchas ocasiones se hacen con carácter pacífico y reivindicativo, por lo que considera que es “abiertamente desproporcionado” sancionarlas con pena de prisión.

En la misma línea de criminalización de la actuación de ciudadanos descontentos o indignados, Bosch alude al nuevo artículo 560 bis, que sanciona a “quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio”, con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados afirma que son medidas “para criminalizar la protesta social”, “desproporcionadas”, y que no deberían estar incluidas en el Código Penal.

Bosch pone el acento también en que, tal como queda redactado el delito de atentado en el nuevo Código, “es lo bastante confuso como para que pueda entenderse incluida en él supuestos de protestas pacíficas como los encadenamientos para evitar desahucios. El artículo 550 pasa a decir: “1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.

Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, “se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”

También entiende Bosch que la eliminación como delito de la desobediencia leve, dejando sólo la resistencia, eleva la penalidad de esta última y considera delito, con pena de prisión para los tipos agravados, prácticamente cualquier actuación en una protesta. Cuando ya se usan medios violentos como el lanzamiento de piedras, las penas son muy elevadas y, en opinión de este jurista, se criminalizan de forma muy acentuada.

Otro aspecto criticable, en su opinión, es la ambigüedad del nuevo artículo 559 que, textualmente, considera delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Bosch piensa que puede servir para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como las llevadas a cabo contra los promotores del 25-S, lesionando derechos de los ciudadanos, y que a posteriori fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz por ser poco admisibles en un Estado de Derecho.

En conclusión, el portavoz de JpD califica de tránsito del “Estado social al Estado penal” lo que pretende el nuevo Código –que incluye además la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad –, al castigar “con dureza extrema” las manifestaciones de descontento, en un país donde descienden los derechos sociales y que cuenta con una de las tasas más elevadas de Europa de número de presos por habitante.

“Tendremos el Código Penal más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía”, al tiempo que se han recortado como nunca los derechos sociales y laborales, destaca Bosch. En su opnión, los delitos de desórdenes, atentado y resistencia ya tenían respuesta suficiente en el actual Código Penal, por lo que rechaza el incremento desproporcionado que se pretende ahora por el Gobierno.

octubre 18, 2012

Afectados por EREs piden que en Euskadi no se aplique la reforma laboral

Iturria: Finanzas.com – 2012/10/18

Trabajadores de varias empresas vascas afectados por expedientes de regulaciones de empleo (ERE) y despidos han exigido hoy a los políticos de Euskadi que se comprometan a no aplicar la reforma laboral impuesta por el Gobierno que está dejando a cientos de empleados en la “indefensión más absoluta”.

Sindicatos y trabajadores de empresas como Laminaciones Arregui, Corrugados Azpeitia, Formica, Cementos Lemoa, Alestis y Holtza, entre otras, se han concentrado hoy junto a la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria, para protestar por la aplicación de la nueva legislación laboral y posteriormente se han manifestado por el centro de la ciudad hasta concluir la protesta frente a las oficinas de la patronal alavesa SEA.

Han leído un comunicado en el que han denunciado que los directivos de las empresas en las que trabajan están aprovechando la reforma laboral para despedir, precarizar los salarios o eliminar la negociación colectiva y han advertido de que lo único que queda a los afectados es la lucha.

Los manifestantes han recordado que desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició la aplicación de dicha reforma el retroceso en los derechos laborales es una constante.

Los diferentes sectores que componen la economía vasca, han añadido, “están sufriendo de modo continuo” la aplicación de políticas neoliberales” ante el “asombro, pero no resignación, del conjunto de la ciudadanía”.

“La carta en blanco que supone para los empresarios la aplicación de dicha reforma se está traduciendo en la aplicación indiscriminada de EREs, en el despido de cientos de trabajadores y en el bloqueo de los convenios”, han recordado en el comunicado.

Por ello, los representantes sindicales de estas empresas han opinado que “no se puede” aspirar a la Presidencia del Gobierno Vasco “sin ofrecer una salida a los trabajadores” y han exigido a la clase política un compromiso para que en Euskadi no se apliquen dichas reformas y que se alineen con la clase trabajadora y no con los banqueros y capitalistas.

Por último, en el comunicado conjunto, los trabajadores advierten de que seguirán luchando en defensa de sus derechos, de sus puestos de trabajo y de su dignidad.

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