Los presupuestos de la deuda

Iturria: madrilonia.org – 2012/10/12

Como ya sabíamos por Grecia, Portugal e Irlanda y antes por los países de América Latina que tuvieron que sufrir el ajuste estructural impuesto por el FMI durante los años ochenta, el gobierno de la deuda no sólo implica una transferencia permanente de recursos públicos, en última instancia de riqueza social, hacia los acreedores financieros. También implica una constante declaración de que todas las políticas públicas, hasta el más nimio gesto del Estado, van a estar subordinadas al pago de la deuda.  En casos como el de España, en el que además de la deuda pública los niveles de endeudamiento privado son gigantescos, este enunciado puede hacerse extensivo a toda la estructura económica, a toda la producción social. A fin de cuentas, los productos financieros no son más que eso, derechos privados sobre los recursos sociales del futuro. La deuda se sitúa por encima de cualquier otra consideración social, ética o legal, vía reforma constitucional. Los derechos futuros de los acreedores, de la oligarquía financiera están por encima de los derechos de la ciudadanía.  Tenemos deberes de pago sin derechos de vida. 

Los Presupuestos del Estado de 2013 son exactamente este tipo de declaración política de sumisión al poder financiero. Como ya aprendimos en los Presupuestos de 2012, de poco sirven las cuentas de los presupuestos a la hora de saber cuáles van a ser los recortes reales.  Como ya sucediera el año pasado, los nuevos recortes en educación, sanidad, en el seguro de desempleo o en las pensiones van a venir en disposiciones adicionales y en anuncios posteriores, preferentemente por sorpresa y con la menor cantidad de detalles posibles. Para lo que sí han servido los presupuestos es para decir que la deuda manda y en su presentación se declaró por activa y por pasiva que pagar la deuda va a ser la prioridad absoluta del Estado.  De hecho, en estos presupuestos el servicio de la deuda, 38.590 millones de Euros ya cuesta más que el pago de todas las nóminas de los funcionarios y la partida del pago de intereses aumenta frente a la del año pasado en más de 10.000 millones de euros. Una cantidad semejante a los recortes en sanidad y educación impuestos a las Comunidades Autónomas en Marzo de 2012.

En lo demás, los presupuestos son una trampa para la opinión pública tolerada por Bruselas y Alemania. Como se han hartado de decir en los grandes medios sin analizarlo políticamente, las previsiones económicas que maneja el gobierno para 2013 en términos de PIB y de empleo están descaradamente distorsionadas al alza. Esto afecta a las previsiones de ingresos del Estado que se estiman muy por encima de sus niveles reales. A medida que se vayan incumpliendo estas previsiones de ingresos del Estado, y creciendo el déficit, se irán anunciando recortes y privatizaciones que no constan en los presupuestos. Los candidatos más firmes a ser los primeros campos en ser recortados son las pensiones, que ya en estos presupuestos descienden en relación al IPC, y las diferentes modalidades de prestaciones por desempleo. Medidas ambas que lejos de haber surgido de los actuales programas de austeridad forman parte de la agenda neoliberal desde mediados de los ochenta y que se repiten como un mantra en los informes de los principales organismos económicos transnacionales FMI, BM y OCDE.

¿Tendríamos que pensar que los economistas del gobierno se han equivocado? Desde luego, hasta el economista más dogmático debería saber que en un contexto de austeridad en toda Europa y desaceleración en medio mundo, escasez de crédito, caída de la demanda interna y facilidades crecientes para el despido, no hay resortes para que se recupere el crecimiento. Más convincente es pensar que las trampas contables están toleradas por Europa como parte de la estrategia de gobierno de la economía española que se viene practicando desde el verano de 2011. Por un lado, el gobierno español sabe que cada anuncio de recortes sociales le supone una pequeña crisis de legitimidad que sumadas han dado como resultado una gran crisis de legitimidad, no sólo del gobierno sino del régimen. Por otro lado, Bruselas y Berlín deben mantener la ilusión de la soberanía nacional española si no quieren que suceda como Grecia. En el país heleno la toma directa de los asuntos políticos nacionales a cargo de la UE le ha valido para que su intervención haya sido percibida, por una parte importante de la población, como parte del proyecto político neoliberal de expolio en lugar de como una prescripción aséptica de normas económicas. Además está explícita injerencia liderada por Alemania está  provocando una politización incipiente de la escala europea. Para que esto no suceda es necesario que la UE no asfixie al gobierno de Rajoy y se vea obligada a gobernar España de una manera tan visible que focalice el conflicto político entre la UE y las poblaciones de los países de la periferia europea.

El “aire” que Bruselas da al gobierno es muy limitado y, en última instancia, la UE se va a ver abocada a gobernar de forma más directa en España.  A pesar de que oigamos rumores cada vez más fuertes de rescate, España ya está tutelada desde un mecanismo de intervención europea que desarrolla los mismos mecanismos de un rescate pero de manera escalonada. La economía española es demasiado grande para ser puesta a disposición de los agentes financieros mediante el rescate de la misma manera que en Grecia. En su lugar, el rescate funciona mediante un goteo constante de intervenciones sobre los tipos de interés de la deuda soberana que deben ir asociados a contrapartidas en términos de privatizaciones y recortes. Pero las contrapartidas no llegan por si mismas sino que las imponen los mecanismos disciplinarios de la Unión Europea. No es casualidad que en la semana antes de la presentación de los presupuestos y tras la visibilización a escala internacional de la puesta en cuestión de la legitimidad del gobierno que supuso el 25S, el Banco Central Europeo suspendiese su programa de compra de bonos y dejase aumentar la prima de riesgo como “recordatorio” disciplinario de cuál es el programa político que tiene que emprender el gobierno: austeridad, recortes y privatizaciones.

En realidad, la única ruptura posible con este modelo de gobierno de la deuda es la declaración de un impago democrático de la deuda decretado “desde abajo”. Para llegar a este escenario es indispensable que salte en pedazos el pacto bipartidista que junto a CIU ha gobernado España desde 1978 y que no es más que un impedimento para que la ciudadanía se plantee democráticamente el modelo de sociedad y de economía en la que quiere vivir. Y que nuestras demandas se encuentren con las de los demás países, cada vez más,  de la UE sometidos al gobierno de la deuda y los programas de austeridad, creando un nuevo espacio europeo para el empoderamiento democrático frente a los intereses de los capitalistas financieros transnacionales. Como ya dijimos claramente entre los días 25 y 29 de septiembre, el primer paso para que llegue este momento es que el gobierno de Rajoy dimita y que nos veamos las caras directamente con la alianza Alemania/agentes financieros que detenta el mando europeo en estos momentos.

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