Archive for octubre 9th, 2012

octubre 9, 2012

¿Las deudas siempre deben pagarse?

Iturria: diagonalperiodico.net2012/06/14

Daniel Gómez-Olivé i Casas, investigador Observatorio de la Deuda en la Globalización –

Alguien dirá que las deudas siempre deben pagarse. De hecho, al pago de una deuda también se lo denomina “honrar” una deuda, ya que parece que se trata de algo más que de un mero retorno: se trata, ante todo, de cumplir con una palabra dada. No obstante, en realidad, la exigencia del pago de una deuda –sobre todo cuando se trata de una deuda soberana– debería depender de cómo se originó, de quién la contrajo, bajo qué condiciones y para qué beneficios. En caso contrario, sería injusto reclamar al pueblo que se hiciera cargo de deudas que en ningún caso contrajo y/o que no le aportaron beneficio alguno. Injusto y tal vez ilegítimo.

En el caso de la deuda pública española parece, como en tantos otros tantos casos (léase Grecia, por no citar a cualquiera de los países empobrecidos) que nos encontramos con deudas públicas que podrían considerarse ilegítimas (por cuanto todavía no se las puede considerar ilegales). Ilegítimo es un término que conlleva connotaciones morales o éticas, pero que a veces pueden tener más fuerza que el mismo peso de la ley. Ilegítimo es recortar los presupuestos de educación y sanidad en 10.000 millones de euros y pocos días más tarde salir al rescate de Bankia estando dispuesto a condonarle deudas por valor de casi 4.500 millones de euros y apoyarle con más de 19.000 millones. Ilegítimo es estar dispuesto a nacionalizar deudas que fueron contraídas por promotores, constructores y banqueros, que se beneficiaron con la especulación inmobiliaria, y no honrar el pago de servicios sociales básicos. Ilegítimo es avalar el pago de deudas que fueron contraídas por aquellos que nos llevaron a esta situación de bancarrota por el simple hecho de que las contrajeron con la banca alemana, francesa o norteamericana (avales que en el caso de Bankia se estiman en casi 30.000millones) y no garantizar derechos sociales básicos que creíamos garantizados de por vida. Ilegítimo es permitir que el señor Blesa y el señor Rato hagan negocios con el ladrillo con sus colegas de partido (léase Esperanza Aguirre, Juan JoséOlivas o Francisco Camps), de forma totalmente irresponsable, y que ahora, cuando el castillo de naipes se está desmoronando, no se les exija responsabilidad alguna –ni a unos ni a otros– por este desaguisado. Ilegítimo es que el Gobierno esté mezclado y viciado con aquéllos que tienen intereses económicos y que parezca que ahora tan sólo le preocupe encontrar la manera de cómo ayudarles a pagar los platos rotos de su fiesta con nuestro dinero.

Por todo ello, parte de la sociedad española está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Esta parte de la sociedad civil, organizada bajo la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!, es consciente de la necesidad de construir un camino ciudadano por el que sea posible un cambio en la correlación de fuerzas para poder auditar la deuda.

Así, al igual que se ha hecho en otros países que llevan años sintiendo el golpe de la deuda, como es el caso de Ecuador, se hace necesaria una auditoría que explique cómo y por qué la deuda pública se ha más que doblado en tan sólo cinco años, pasando del 36% del PIB de 2007 al 80%estimado para finales de 2012. Una auditoría que pueda decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no, para conocer cuánto del aumento de la deuda pública ha servido para salvar al sistema financiero español y ayudar a sus ejecutivos a evadir sus responsabilidades. Una auditoría de la deuda que pueda dirimir si es justo y legítimo que en el año 2012 el Estado tenga que pagar más de 28.848 millones de euros en intereses que provienen de deudas de las que desconocemos su origen. Una auditoría de la deuda que nos permita exigir responsabilidades políticas y judiciales a aquellos que se han enriquecido ilegalmente con dinero público. Una auditoría ciudadana comomedida de presión y de contención para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública (tal y como ya sucedió en Argentina en 2001, en Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011). Una auditoría social para controlar el agujero de la deuda privada española. Una auditoría de la deuda como excusa, y como una pieza más en el camino, que ayude a concienciar y politizar a la ciudadanía, con el objetivo de que hagamos nuestro el futuro y no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales corruptos nuestro destino y el de las generaciones que están por vivir en nuestro país. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida que permitirá al pueblo recuperar el poder de su soberanía económica, social y política; es decir, la única salida realmente “honrosa”.

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octubre 9, 2012

EAEko Goi-Auzitegiak Laminaciones Arreguiko kaleratzeak bertan behera utzi ditu

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/09

Laminaciones Arregui enpresak erabakitako 174 kaleratze indargabetu egin ditu EAEko Goi-Auzitegiak. Ebazpenak dioenez, Celsa taldeak Gasteizko lantegitik 174 langile iraizteko erabakia greba eskubidearen eta askatasun sindikalaren aurkakoa da, eta beraz despidoak ezdeusak direla esan du.
octubre 9, 2012

TSJPV declara nulo el ERE de extinción de Laminaciones Arregui para los 358 trabajadores de sus plantas alavesas

Iturria: Finanzas.com / Europa Press – 2012/10/09

Afirma que el ERE vulnera los derechos de huelga y libertad sindical y es una “represalia empresarial” por la huelga indefinida

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el ERE de extinción presentado por Laminaciones Arregui para los 358 trabajadores de sus plantas de Vitoria y Urbina, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

El pasado 18 de septiembre se celebró en Bilbao el juicio para decidir si se declaraba o no nulo el ERE de extinción para toda la plantilla de Laminaciones Arregui, perteneciente al grupo Celsa, que suponía el cierre de las plantas de Vitoria y Urbina. En el centro de trabajo de Vitoria la plantilla es de 301 personas y en el de Urbina de 57.

El 20 de abril de este año, Celsa Atlantic comunicó el inicio de un periodo de consultas para adoptar diversas medidas como un incremento de la jornada hasta 1.824 horas anuales, una reducción salarial del 30 por ciento y la amortización de 91 puestos. La empresa adujo causas económicas, como una operatividad de sus plantas por debajo del 80 por ciento de su capacidad y pérdidas “muy elevadas” desde el cuarto trimestre de 2008.

El 3 de mayo, el comité convocó una huelga indefinida y unos días después, la empresa, que había presentado previamente EREs de suspensión, les comunicaba la decisión de presentar un ERE de extinción de los contratos de la plantilla de Vitoria y Urbina. Para ello, alegó unas pérdidas acumuladas de 79 millones a 31 de marzo de 2012.

En el auto se señala que hasta la fecha del juicio oral, se produjeron 178 despidos, 97 de ellos de afiliados a ELA y los 178 despedidos habían secundando la huelga iniciada el 8 de mayo, salvo cuatro personas. En el momento del juicio, otras 177 personas estaban trabajando, de las que 37 mantenían la huelga.

En el juicio, el comité de empresa pidió la nulidad o, en su defecto, la improcedencia del expediente porque, a su juicio, “no concurren ni causas económicas, ni productivas para el cierre total de la empresa”. En concreto, tanto ELA como el comité intercentros presentaron una demanda de impugnación de despido colectivo y reclamaron la nulidad del ERE, al considerar que vulneraba los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical.

La resolución judicial señala que se han aportado “sobradamente” los indicios para demostrar la vulneración del derecho de huelga. A su juicio, los datos muestran una “conexión directa e inmediata” entre la decisión del comité intercentros de iniciar una huelga en protesta por la posición de la empresa en el ERE iniciado el 20 de abril y la decisión de iniciar un ERE de extinción.

El TSJPV señala que la cercanía entre los expedientes y la “falta de variación” en la situación de la empresa es suficiente para entender concurrente la prueba indiciaria. Además, también considera “reveladores”, el modo de ejecutar la decisión de despido colectivo y la incidencia de la efectividad de la medida en personas huelguistas en relación con las que no secundaron la huelga o la abandonaron.

El Alto Tribunal vasco considera que la empresa no aportado una justificación “razonable y objetiva” de su decisión de presentar un ERE de extinción. Según señala, la compañía ha acreditado que tiene una situación económica “complicada”, pero “en modo alguno” se prueba que esta situación sea suficiente para poder adoptar “la medida extintiva de la intensidad de la adoptada”.

“El propio devenir de los acontecimientos y los propios actos de la empresa así nos lo demuestran”, señala la resolución. En concreto, se hace alusión al hecho de que la empresa pretendiera en un primer momento modificar las condiciones de trabajo y despedir a 91 trabajadores y que, “sin que se haya producido variación alguna en la situación económica”, haya procedido a decidir extinguir los 358 contratos de la plantilla de las plantas de Alava. “REPRESALIA EMPRESARIAL”

A su juicio, la medida extintiva obedece a un “claro intento de vulneración del derecho fundamental de huelga” y constituye una “respuesta o represalia empresarial” al ejercicio de este derecho o bien “una medida de presión para negociar en mejor posición las medidas que la plantilla rechazó en el anterior expediente”.

El TSJPV ha indicado que el único acontecimiento que ha mediado entre los dos expedientes ha sido la convocatoria de la huelga indefinida.

En la resolución se señala que, con la misma situación económico-financiera y productiva, la empresa, antes de convocarse la huelga indefinida, planteaba modificar la jornada y salario y extinguir 91 puestos. “Se aprecia directa e inmediata conexión entre el ejercicio del derecho de huelga por la plantilla de los centros de trabajo de la demandada en Alava y la decisión empresarial impugnada”, añade.

Por otra parte, respecto a la vulneración del derecho de libertad sindical, el TSJPV indica que se han aportado “indicios suficientes” y hace referencia a que de las 178 extinciones hasta el día del juicio, 97 lo eran de personas afiliadas a ELA y a que los despidos están afectando a la producción normal de la empresa.

A juicio del Alto tribunal, los datos muestran una conexión directa entre el modo en que la empresa está haciendo efectivas las extinciones de contratos y la afiliación sindical a una determinada central, como es ELA.

El TSJPV indica que la empresa no ha conseguido acreditar que la decisión de despedir a toda la plantilla tenga causas ajenas a la denunciada vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. “Es más, podemos afirmar que ni siquiera lo ha intentado”, añade. Por lo tanto, declara también nulo el despido por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical.

Ante el hecho de que las causas de la decisión de la empresa sean económicas y no productivas y de organización, el Alto Tribunal señala que sorprende que la “drástica” medida de cierre de los dos centros se haya adoptado en relación a las dos plantas alavesas, sin que conste medida alguna en los centros de Laracha y Orense y ello, pese a que la situación económica “complicada” sea “general” para toda la empresa.

Por ello, indica que esta reflexión final “no hace sino reforzar el convencimiento” de que la medida extintiva de todos los contratos de las plantas alavesas constituye una vulneración de los dos citados derechos y una “directa respuesta” a la decisión de secundar una huelga indefinida, tras el fracaso de las negociaciones para modificar las condiciones de trabajo y amortizar 91 puestos de trabajo.

El TSJPV no se pronuncia sobre una posible readmisión de los trabajadores, dado que este ERE se le aplica la normativa vigente en el momento de su inicio, el Real Decreto Ley 3/2012 y esta norma no contempla para la declaración de nulidad efecto alguno como el de la readmisión. Por ello, dice que no puede realizar más que la declaración de nulidad, todo ello sin perjuicio de lo que “pueda decidirse en las demandas individuales” que las personas trabajadoras puedan plantear.

octubre 9, 2012

Langabeziaren igoera eta gizarte babesaren jaitsiera

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/09

Langabe kopurua 213.816 pertsonatara igo daira ilean Hego Euskal Herrian, abuztuan baino 5.339 gehiago eta 2011ko irailean baino 29.292 gehiago. Datu hauek %15,9ko langabezi tasara garamatzate, 27-EBeko %10,5a baino nabarmen altuagoa. Langabezia da arazo nagusia, eta arduradun politikoak ez dira batere berataz arduratzen. Defizit publikoaren murrizketari ematen diote lehentasuna, horretarako gero eta jende gehiago langabeziara daramaten politikak aplikatuz.

ELAren Azterketa Bulegoaren 11. Buletinetik hartua

Langabeziaren datuak eta bere bilakaerarenak oso larriak badira ere, langabezian daudenen egoera larria ere azpimarratu nahi du ELAk, langabeen%40,2ak ez baitu inolako langabezi saririk jasotzen. Portzentaje hau %38,1koa zen orain dela urte bete, eta prestaziorik gabeko langabeen portzentajeak igoz jarraitzen duela erakusten du honek. Era berean, langabeek jasotzen duten zenbatekoa gero eta baxuagoa da:

• Kotizaziopeko prestazioa jasotzen dutenen portzentajea murriztu egin da, eta kotizaziopekoa ez den saria jasotzen dutenena,aldiz, igo. Zehazki, kotizaziopeko saria jasotzen duten langabeen portzentajea %38,5koa izanda, orain dela urte beteko %39,6aren aldean.

• Etengabeko murrizketek ere eragina daukate langabezi prestazioan: uztailean eta abuztuan onarturiko langabezi sariaren zenbatekoan,lanaldi partziala dutenen langabezi sarian, edota langabezia subsidioan murrizketak, honen adibide dira, eta baita 400 euroak jasotzeko mugaketa ere.

Urteko lehen 9 hilabeteetan 645.718 lan kontratu sinatu dira Hego Euskal Herrian, eta hauetatik 39.547 bakarrik izan dira behin-betikoak. Agerian geratzen da, berriro ere, sinaturiko kontratuen gehiengoak behin-behinekoa izaten jarraitzen duela, kontratu guztien %93,9a izan baitira(2011ko lehen 9 hilabeteetan baino 3 hamarren gehiago).

Aplikatzen diren politikak langabezia, jendearen zailtasun ekonomikoak eta pobrezia areagotzenari dira, eta era berean, atzeraldia sakontzen. Sektore finantzarioa saneatzeko helburuarekin gizartearen aurka doazen politika hauek praktikatzea arduragabetasun osoa da, are gehiago, sektore finantziero hau izan dela egoera honetara eraman gaituena kontuan hartzen badugu.

Politiketan erabateko aldaketa eskatzen du ELAk, kalitatezko enplegua sortu eta jendearen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Hau da joan den irailaren 26ko greba orokorraren aldarrikapenetariko bat. Mobilizazioa da politikak aldatzeko bide bakarra.

octubre 9, 2012

Aumento del paro y de la desprotección

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/09

El número de personas desempleadas ha ascendido a 213.816 en el mes de septiembre en Hego Euskal Herria, lo que supone un aumento de 5.339 respecto al mes de agosto y de 29.292 en relación a septiembre de 2011. Estos datos nos sitúan en una tasa de paro del 15,9%, muy por encima del 10,5% registrado en la UE-27. El paro es el principal problema y los responsables políticos no se preocupan en absoluto por él. Dan prioridad a la reducción del déficit público para lo que aplican políticas que condenan al desempleo a cada vez más personas.

Recoogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Además de lo preocupante de las cifras de desempleo y su evolución, ELA destaca la grave situación en la que se encuentran quienes están en paro, ya que el 40,2% no recibe ningún tipo de prestación por desempleo. Este porcentaje era del 38,1% hace un año, lo que evidencia que sigue subiendo el porcentaje de personas desempleadas sin prestación. De la misma forma, la cuantía que reciben quienes se encuentran en paro es cada vez menor:
• Disminuye el porcentaje de quienes reciben una prestación contributiva frente a quienes cobran una prestación no contributiva. En concreto, el porcentaje de personas desempleadas que cobran prestación contributiva ha sido del 38,5%, frente al 39,6% de hace un año.

• Los contínuos recortes afectan también a la cuantía de las prestaciones por desempleo (la reducción de la cuantía de la prestación por desempleo, el recorte de la prestación por desempleo a quienes tienen empleo a tiempo parcial, del subsidio por desempleo, o la limitación del acceso a los 400 euros aprobados en julio y agosto son ejemplos de ello).Durante los 9 primeros meses del año se han firmado en Hego Euskal Herria 645.718 contratos de trabajo, de los que tan sólo 39.547 han sido indefinidos. Se vuelve a constatar, una vez más, que la inmensa mayoría de los contratos registrados siguen siendo temporales, ya que su porcentaje sobre el total ha ascendido al 93,9% (3 décimas más que en los 9 primeros meses del 2011).

Las políticas que se aplican están aumentando el desempleo, las dificultades económicas de la población y la pobreza, a la vez que agravan la recesión. Es una irresponsabilidad absoluta que quienes gobiernan practiquen estas políticas antisociales para sanear un sector financiero, que es precisamente el que nos ha llevado a esta situación.

ELA exige un cambio radical de las políticas, para que se cree empleo de calidad y se mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Esta es una de las reivindicaciones de la huelga general de pasado 26 de septiembre. Solo la movilización va a conseguir que se cambien las políticas.

octubre 9, 2012

La dirección de Formica se niega a hablar con unos inversores

Iturria: Gara.net / J. Basterra – 2012/10/09

Mañana se celebrará la última reunión del periodo de consultas del expediente de extinción de empleo para 169 trabajadores de la planta de Formica en Galdakao. En el encuentro de ayer no hubo «avances apreciables», porque la dirección mantiene su posición de no dar marcha atrás a la decisión del cierre de la planta vizcaina.

Tal es el grado de cerrazón, como denunció el comité, que la dirección «se niega» a entablar un encuentro con unos inversores que podrían estudiar la adquisición de la planta, incluso de Valencia. «No entendemos porqué se niegan a que haya una posible salida, cuando ellos no la dan. No dan ni la oportunidad de que ese grupo inversor nos explique los planes», dijeron desde el comité de empresa sorprendidos.

octubre 9, 2012

‘Nekeak hil egiten du!’ kanpaina martxan da

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/08

Urteroko legez, Garraiolarien Nazioarteko Federazioak “Nekeak hil egiten du” lemapean informazio kanpainari ekin dio gaur. Aste osoan zehar garraiolariek pairatzen dituzten lan baldintza txarrak salatuko dituzte mundu osoko sindikatuetako ordezkariek. ELAko kideak Biriatuko geldiunean izan dira gaur goizean informazioa banatzen garraiolarien artean.

ELAk salatzen duenez, garraiolariek ordu gehiegi egiten dituzte errepideetan eta asteko lanaldia araututa egon arren, 12 ordu baino gehiago egiten dituzte bolantearen aurrean. Era honetan, istripuren bat izateko aukerak biderkatu egiten dira.

Bestalde, ezin da ahaztu azken urteotan prezioek nabarmen behera egin dutela eta sektorean kaleratze ugari izan direla. Honek guztiak langileak ataka larrian utzi ditu, besteak beste sektoreak izan duen desregulazioa kausa.

octubre 9, 2012

ELA denuncia el riesgo y la precarización a la que están sometidos los transportistas

Iturria: Gara.net – 2012/10/09

Bajo el lema «La fatiga mata» el sindicato desarrollará una serie de movilizaciones para denunciar la progresiva desregularización y liberalización a la que se someten los tranportistas. Una situación que incide en la multiplicación de accidentes en carretera.

Dentro de la Semana de acción del transporte de mercancía por carretera, ELA está desarrollando una serie de movilizaciones para denunciar la situación a la que día a día deben hacer frente los transportistas y exigir que se regularice dicha actividad. Ayer, con el objetivo de concienciar al sector, miembros de la central sindical repartieron panfletos informativos a los transportistas que transcurrían por Irun.

La Federación Internacional de Transporte (FIT), a la que está adherido el sindicato ELA, lleva desde el año 1997 desarrollando una campaña internacional sindical para denunciar la progresiva desregularización y liberalización en el sector de transporte por mercancias.

El objetivo de dicha campaña -según indicó ELA en una nota informativa- es «protestar por las largas jornadas laborales en el sector del transporte por carretera». La central apuntó que dichas jornadas pueden alcanzar hasta las 10, 11 o 12 horas diarias al volante. «Con ello se incumple sistemáticamente la limitación media de jornada semanal regulada a nivel internacional», añadió.

Estas condiciones laborales son la que -según la central- inciden en la «alarmante multiplicación de accidentes aparentemente inexplicables», y citó como ejemplo los siniestros que pueden darse en rectas con visibilidad etc.

Al respecto, ELA subrayó que no solo son los tranportistas los que están riesgo, sino que el peligro se extiende al resto de usuarios de las carreteras. Afirmó que muestra de ello es la «larga lista de accidentes mortales registrados».

«Falsos autónomos»

Ante esta situación, ELA denunció la actitud de las empresas transportistas cuya «piratería sin escrúpulos sigue campando a sus anchas en este sector». También criticó la «indolencia» de instituciones que «tienden a mirar hacia otro lado» frente a los problemas que padecen los trabajadores del sector.

«La feroz competencia por unos precios a la baja está provocando el despido masivo de trabajadores asalariados para reconvertirlos de forma forzada y mediante chantaje en falsos autónomos», advirtió. En este sentido, censuró la actitud de la administración por no frenar este tipo de prácticas.

Recalcó que estos «falsos autónomos» se encuentran «atrapados» en una dinámica de «jornadas abusivas y sin derechos sociales». Por todo ello, reclamaron que se regularice el sector y llamaron a movilizarse por ello.

octubre 9, 2012

Comité y empresa de Formica se reúnen sin avances en la negociación del ERE

Iturria: Europa Press – 2012/10/08

El comité de empresa y la dirección de Formica se han reunido este lunes para abordar el ERE de extinción presentado por la compañía para 169 trabajadores de Galdakao (Bizkaia), sin que se hayan producido cambios en las posturas de ambas partes.

Según ha informado ELA en un comunicado, el encuentro entre ambas partes ha concluido sin acuerdos, ya que la compañía se ha negado a retirar el expediente.

La central se ha mostrado convencida de que la información presentada por la dirección de la multinacional para solicitar el ERE es “insuficiente y parcial”. Además, ha reiterado que “no existen causas objetivas” para el cierre de la planta de Galdakao y ha apostado por “la viabilidad de la empresa”.

También ha criticado la “falta de interés” que mostrada por la dirección de Formica ante “la propuesta de un grupo de empresarios para retomar la actividad de la planta”.

ELA ha reiterado su exigencia a las instituciones públicas para que, “ante este claro caso de deslocalización”, manifiesten su rechazo al planteamiento de la compañía y “apuesten por el mantenimiento de la planta de Galdakao“.

octubre 9, 2012

Un proyecto de ley de tasas judiciales lamentable, para dejarnos sin Justicia

Iturria: Hayderecho.com – 2012/10/08

Está en tramitación parlamentaria un Proyecto de ley en verdad tremendo, por el que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia.  Si el Proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles. No abundaremos, para este blog, en consideraciones jurídicas elementales, relativas tanto al derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, que sería frontalmente contrariado, como al art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta del proyecto legislativo. Vamos a los hechos del proyecto: se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

Se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada). Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en el Juzgado de lo social pague 500 euros por recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea de importe superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte. No sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional; porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

El preámbulo del proyecto hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, para fundamentar la constitucionalidad de tasas judiciales. Pero -¡atención a la grosera manipulación, peor que la mentira!- esa sentencia, y otras tres del TC que el preámbulo no menciona, se referían a la legislación precedente, que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. El Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia  si, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción y matizando que se referían al caso concreto. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica, proporcionada y asumible es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales.

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención. A las empresas les resulta irrelevante la tasa –a diferencia de los particulares, la tasa es gasto fiscalmente deducible, como lo son  el IVA y las minutas de los profesionales que intervienen, abogado y procurador, con manifiesta desigualdad procesal-, y al deudor en concurso se le exime, y al Estado también, sea cual sea su forma.

El proyecto no prevé más mecanismo  sobre la capacidad económica que la inadmisión de plano por el secretario judicial del escrito al que deba acompañarse la autoliquidación (por cierto: ¿con o sin algún tipo de recurso al juez?). Bastante trabajo tienen ya los secretarios judiciales, a quienes se encarga comprobar que se acompaña la autoliquidación de las tasas actuales, como para colapsar del todo los Juzgados imponiéndoles la comprobación individual de la capacidad económica de cada justiciable. Pero que sea inviable en la práctica graduar las tasas por nivel de ingresos si es el secretario el encargado de ese control no afecta al hecho de que imponer tasas altas a cualquiera sin tener en cuenta la capacidad económica resulta inconstitucional y contrario a los convenios internacionales.

Naturalmente que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen, y por eso también prevé desde siempre el Derecho Procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigantes temerarios. Si el legislador quiere que se contribuya al sostenimiento de la Administración de Justicia, con el repetido pretexto de una (discutible) hiperjudicialización de la sociedad española, que imponga esa carga a quien de verdad da lugar a pleitos innecesarios, es decir, a quien pierda el pleito con condena en costas y, además, sea declarado temerario. Que el querulante pague tasas, y, si se quiere, además multas, cuando sea condenado y en ese momento; pero que no se cargue a todo justiciable sistemáticamente con tasas como si demandar fuera un lujo o un capricho y no un derecho constitucional de primer orden. Ningún pleito es deseable en sí mismo, como tampoco una intervención quirúrgica por una apendicitis o un cáncer; pero a nadie que sufre una apendicitis jurídica o un cáncer jurídico se le puede reprochar que busque el remedio para ello, un remedio que está en la Constitución y que protegen los convenios internacionales

Se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado, y por tanto quien tuvo que adelantarlas (si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito o sin recurso, y sin derecho) podría en teoría recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes muchas y malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y, sin embargo, se pierde el pleito, pero no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa frecuentemente defectuosa fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina.

Y al hilo de la cuestión de la inseguridad jurídica que propicia el mismo legislador, hay otro aspecto preocupante en el proyecto de ley: que -dejando ahora a un lado el espinoso asunto de la muy discutible autonomización de nuestra Justicia- ya hay tasas judiciales autonómicas en Cataluña por Ley Ley catalana 5/2012 (título III bis, capítulo I) e inminentes en la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a su contenido, la ley catalana es razonable por dos motivos: por número de exenciones en materias, justiciables y jurisdicciones –por ejemplo, nada en laboral ni Derecho de Familia en sentido amplio- y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no puede decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Así, por demanda de un juicio ordinario, 120 euros fijos de tasa autonómica, frente a las  cuantías que llegan muy fácilmente a miles de euros de tasa nacional al establecerse un fijo de tasa estatal de 300 y sumarse el variable del 0,5% de la cuantía procesal. El proyecto de tasas estatales especifica que se impone la  tasa en todo el ámbito nacional, sin perjuicio de las tasas autonómicas “que puedan exigir las Comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias financieras, las cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”. Pero la ley catalana, que también se establece “sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse” en efecto parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda, de reconvención, monitorio, apelación, etc. Quien deba acudir a la jurisdicción en Cataluña –no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional, donde las leyes indican en el caso concreto- tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras se aclara el conflicto de competencias; y otro tanto en la Comunidad Valenciana. Perjudicado inmediato: el justiciable. El Estado y la Comunidad Autónoma gravan y cobran, y después, dentro de un incierto número de años, el justiciable que haya pagado duplicado conseguirá quizá la devolución de ingresos indebidos (¿cuál de las dos tasas sobra?); y el justiciable privado de jurisdicción por motivos económicos al sumarse dos tasas se quedó sin su derecho.

En definitiva, el legislador no debe en ningún caso aprobar el proyecto en los inconstitucionales e injustos términos en los que está planteado, y esperemos que se imponga el sentido común. En caso contrario los efectos serán inmediatos y graves, además de la indefensión provocada por la impunidad del más poderoso y la desprotección frente a la arbitrariedad del Estado, dos conflictos de competencias en momento nada oportuno y avalancha de recursos al Tribunal Constitucional cuando empiecen a ser rechazadas peticiones que no adjunten el justificante de la tasa: aumento inmediato del número de asuntos penales, pues al estar esa jurisdicción exenta de tasa, se intentará esa vía cuando se vea la menor posibilidad; el Derecho del Consumo convertido en papel mojado; alteración de la paz social, pues habrá quien no pudiendo defenderse en los juzgados haga uso del inadmisible sistema de tomarse de justicia por su mano; significativa elevación de las primas de las pólizas de seguros que cubran defensa jurídica; y fomento del despacho de abogados “a la estadounidense” que financien a sus clientes a cambio de un elevado porcentaje del resultado, sistema éste, por cierto, que lejos de disuadir de pleitos temerarios, más bien los fomenta. Por principio negamos la mayor de que haya de aprobarse una ley de tasas judiciales, cuyo mismo concepto evoca ingratas y superadas épocas, pero si en efecto de verdad resultara indispensable aprobarlas, que lo sea con un sistema muy distinto: que pague el temerario, que para eso ha dado lugar a un pleito inútil o, en todo caso, que pague el condenado en costas, si hay tal condena y cuando la haya; que se rebajen radicalmente a cuantías muy módicas las tasas fijas y se eliminen por completo las variables, además de suprimir las tasas en la jurisdicción laboral y ampliar las exenciones por materias en lo civil y en lo contencioso-administrativo.

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