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septiembre 3, 2012

Desmontando mentiras sobre la reforma sanitaria

Iturria: yosisanidaduniversal.net

“Este Real Decreto-Ley afecta solamente a los y las inmigrantes sin papeles. No va a afectar a las personas españolas.”

El Real Decreto-Ley  deja sin cobertura sanitaria a los siguientes colectivos:

1. Inmigrantes irregulares sin permiso de residencia en vigor.

2. Ciudadanía de paises de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de SUIZA que no sean residentes en España o Ascendientes de dicha ciudadanía.

3. Ciudadanía española y extranjera con permiso de residencia, mayor de 26 años, que no hayan percibido nunca prestación por desempleo y que tengan rentas superiores a una cantidad anual aún por determinar. Entre los que se encuentran los siguientes colectivos:

  • Estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF.
  • Personas que no han conseguido su primer empleo.
  • Personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge.
  • Personas separadas de parejas de hecho no formalizadas.
  • Personas discapacitadas en grado inferior al 65%.
  • Personas pertenecientes a población nómada.
  • Profesionales liberales.

“Esta reforma afectará a aquellas personas que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad Pública”

Lo más grave de esta  reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como  la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin  que se vaya a generar un ahorro importante.

Además, ni siquiera es cierto que cada persona vaya a contribuir pagando la sanidad con sus cotizaciones, porque la sanidad pública no se paga con dichas cotizaciones a la Seguridad Social sino que se costea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que se pagan con el total de los impuestos, incluidos todos los indirectos también.

Estas frases tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de las personas que cotizan.

“Privatizar garantizará la calidad en la gestión”

Como ya se demuestra en otros países tales como EEUU, una Sanidad que gestione personas aseguradas y no pacientes abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

“Echániz dice que el sistema sanitario está en ‘situación de riesgo vital grave’ por culpa de los socialistas”, “Con la reforma se ahorrarán 7.000 millones de euros”

El Sistema Nacional de Salud  español es perfectamente sostenible. Es un falso debate que pretende justificar las medidas basándose en una política del miedo.Lo que se pretende es un cambio del modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, trabajadores/as sanitarios y no sanitarios, etc.)

En realidad:

  1. Es uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo según la mayoría de las valoraciones de instituciones expertas y organismos internacionales.
  2. El gasto sanitario público esta en un 6,2 del PIB y es uno de los más económicos de la Unión Europea. Para mantener y mejorar la salud de cada ciudadano/a del Estado Español se dedican 1250 € por persona y año. Esto es claramente sostenible.
  3. El déficit económico en el Sistema se debe fundamentalmente a la infra-financiación crónica y persistente, y a la mala gestión del Sistema por los diversos Gobiernos, y a la ausencia de control y participación ciudadana.
  4. Existe margen de mejoras en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, sin cambio de las características esenciales como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención
  5. El objetivo no es hacer un sistema sostenible sino privatizable. Esto les permite nuevas oportunidades de negocio.

Además, el actual Gobierno del Partido Popular alega que el sistema sanitario no es sostenible y que, en consecuencia, se aprueban una serie de medidas urgentes para garantizar dicha sostenibilidad, argumentando que ello se debe a la mala gestión del gobierno anterior del Partido Socialista, sin contar con su propia contribución a dicha situación.

“Las circunstancias mandan”, “La atención sanitaria española es más cara que en otros estados del entorno”, “No hay dinero”

El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea (inferior con más de un 28% de diferencia).

¿No hay dinero?

La Banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras y que numerosas pensionistas.

Las personas detrás de las grandes fortunas del pais ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de los salarios está disminuyendo.

El fraude fiscal alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) –somos la 10ª potencia mundial en fraude-. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis.

Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).

“El Real Decreto Ley 16/2012 se hará efectivo a partir del 31 de Agosto de 2012”

Su ejecución se hace de forma escalonada para las distintas medidas que se han aprobado:

  1. Con respecto al acceso al Sistema se reintroduce la clasificación de personas aseguradas y no aseguradas desde el principio pero se escalona su aplicación para preparar todo el aparato administrativo que se necesita. La expulsión del Sistema Sanitario se hará efectiva el 31 de agosto a quién no tenga la documentación en regla. En la comunidad autónoma de Madrid existe ya una circular interna destinada a que el personal estatutario deje de tramitar las tarjetas de “personas sin recursos” a inmigrantes no comunitarios/as sin tarjeta de residencia. Esto se traduce en que aquellas personas a las que esta tarjeta se les ha caducado, ya no están recibiendo efectivamente la tarjeta sanitaria  y por lo tanto su acceso a los distintos servicios de salud está siendo menoscabado. Tanto es así, que los y las responsables de la Comunidad se han visto obligados a emitir circulares a los hospitales recordándoles que deben seguir atendiendo a estos pacientes hasta el 31 de Agosto. Incluso después de ésto, en los hospitales de gestión privada se siguen poniendo impedimentos para tratamientos tales como VIH, oncológicos y diálisis. ¿Qué va a pasar con estas personas enfermas después de esa fecha?
  1. El 1 de julio del 2012 se empieza aplicar el “repago” en los medicamentos y otras prestaciones complementarias a todas las personas aseguradas y beneficiarias según su nivel de renta y/o pensión.
  1. La fijación de las prestaciones sanitarias que la ciudadanía va a poder recibir se empezará a aplicar en los próximos meses (julio-agosto 2012) según vayan siendo aprobadas.
  1. Limitación de la cartera de servicios. Se establecen tres categorías: prestaciones básicas -que serán gratuitas-, suplementarias y accesorias, que conllevan copago tanto para población activa como para pensionistas. Las prestaciones básicas van a ser redefinidas siguiendo el carácter restrictivo de las políticas gubernamentales. Pagar según renta conlleva un aumento del coste burocrático, que varias fuentes expertas han valorado entre 500 y 900 millones de €, cuando para discriminar las aportaciones de cada persona según la renta ya existe el IRPF.

“La Reforma busca la equidad y mejor eficiencia del sistema”

Se espera que, con todas las medidas tomadas en estos años y el RD 16/2012, se ocasione un aumento de las desigualdades sociales en salud y los problemas en la población, confirmado en múltiples informes y estudios internacionales. Se especifican a continuación:

  • Aumento de la morbi-mortalidad de la población por deterioro condiciones de vida, aumento de la pobreza, la marginación y de hábitos insalubres.
  • Aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas.
  • Aumento del sufrimiento, y agravamiento de patologías mentales, tales como ansiedad, depresión, suicidio, etc.
  • Aumento de los efectos adversos del sistema sanitario en la población (yatrogenias, errores, listas de espera aún más prolongadas) y del deterioro de la calidad de la atención sanitaria.
  • El deterioro de las condiciones laborales y aumento de la precariedad en el empleo es productor de enfermedad.
  • Y con el RD también se aumenta el riesgo de exclusión de la cobertura sanitaria.

En conclusión, y al contrario a lo que nos dicen, con el RD se genera un sistema menos eficiente en salud y mucho más injusto.

La ciudadanía estará menos segura pues las circunstancias por las que en el futuro se pueda tener o no derecho al “aseguramiento” podrán ser modificadas, al suponer todo lo expuesto un intento de  hacer desaparecer el sistema universal de protección.

“La población migrante abusa de la Sanidad. Todo el mundo viene a los hospitales españoles y eso no puede ser”

Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es una persona joven y con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española.

En lo referente al llamado “turismo sanitario” (que corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Comunidad Europea), aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan España. Es interesada la confusión con el resto de las/los migrantes, alentando sentimientos xenófobos.

“NO tendrán tarjeta pero sí asistencia ‘básica’, como en el resto de la UE. No es ninguna violación de derechos de asistencia y ningún problema de salud pública”

Los y las inmigrantes no regularizados/as sólo tendrán derecho a la asistencia de urgencias.

La consecuencia evidentes serán la saturación de las urgencias por motivos “no urgentes” al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública.

Nuestro Sistema Sanitario estaba considerado a nivel internacional (Derechos Humanos de los Migrantes en la ONU) como un sistema que garantizaba una buena asistencia a este grupo de población y un modelo a imitar. Con este RD retrocedemos claramente. El que la totalidad de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, y sólo a la de emergencia, supone un error en la gestión de la  Salud Pública, al dejar de hacerlo de forma global e igualitaria.

De nuevo,  mencionar el hecho de que la emergencia es más cara que la atención ordinaria y no permite atender los mismos contenidos, deja fuera la imprescindible prevención, y está orientada a la atención urgente, necesaria por supuesto, pero es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Y se deteriorarán las prestaciones de los servicios de urgencias para ser sobrecargadas con demandas de atención en servicios que no están preparados para ello.

Es absolutamente  falso que se conserve para las personas “no aseguradas” una asistencia sanitaria básica. Y se producirán deterioros por esta medida en los servicios sanitarios destinados a toda la población.

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septiembre 3, 2012

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hace serias advertencias al Gobierno sobre la situación de estos derechos

Iturria: MundoObrero.es – 2012/09/02

Destaca las consecuencias que sus políticas pueden tener en enormes sectores de la población

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU entregó en Mayo de este año un informe al Gobierno Español en el que se analiza el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), y en el cual se constata la grave situación que atraviesan estos derechos en nuestro país. El informe, que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación españoles, sugiere al Gobierno de España una rectificación de la política de austeridad y recorte de derechos de los últimos años, a fin de evitar el incumplimiento del pacto ratificado por España en 1977. Las medidas de austeridad han supuesto la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos incluidos en el Pacto, perjudicando de forma desproporcionada a los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores , los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo.

Si bien la gravedad de la situación económica española y las medidas emprendidas por los sucesivos gobiernos son una de las principales causas del deterioro que sufren los llamados derechos de tercera generación, el informe no ignora un origen estructural más antiguo, apuntando a las deficiencias de un modelo de estado constitucional que no otorga a estos derechos un estatus jurídico equivalente al de los derechos civiles o los políticos. Para el organismo internacional es preocupante que en España estos derechos son tratados desde el punto de vista constitucional y legal como meros principios rectores de la política social y económica, pero nunca como derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos y reclamables directamente por estos ante los tribunales.

El continuo incremento de los niveles de desempleo y el altísimo nivel que estos han alcanzado en nuestro país genera situaciones de riesgo extraordinarias en un contexto de crisis económica, principalmente cuando no existen garantías jurídicas suficientes y las políticas elegidas tienden a rebajar los niveles de protección.

El comité está especialmente preocupado por sectores de la población española históricamente marginados y para los cuales siempre ha sido difícil acceder a los derechos sociales, culturales y económicos. En este contexto de crisis grupos como gitanos e inmigrantes son especialmente vulnerables. El informe dedica un capítulo especial a las detenciones en los centros de internamiento para extranjeros, en la que los inmigrantes sufren hacinamiento y no tienen acceso a asistencia sanitaria, social, legal o médica. Otro de los capítulos dedicados a las situación de los inmigrantes en España se refiere al Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012 por el que se elimina de facto el derecho universal a la asistencia gratuita sanitaria.

De la misma forma, el comité insiste en que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género que no han sido superados en la sociedad española, impidiendo que las mujeres accedan en igualdad de condiciones al derecho al trabajo. En cuestiones de género se señala también la preocupación creciente por los altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género así como por las negativas consecuencias de los recortes presupuestarios que afectan a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas.

La pobreza, que afecta según los datos aportados por esta agencia de las Naciones Unidas a un 21.8% de la población española también se ha incrementado a consecuencia de la situación económica. El comité recomienda a las autoridades españolas iniciar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza que hasta la fecha, y pese a lo preocupante situación, no ha sido desarrollado.

En materia laboral el informe es muy crítico a cerca de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2011 en un valor que según palabras del propio comité “no permite un nivel de vida digno”.

Los motivos de reproche hacia el gobierno se extienden aún largamente en las páginas del informe, citando entre otras situaciones de desamparo la ínfima capacidad adquisitiva de los pensionistas que en muchos casos no permite niveles de subsistencia mínimos; el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos realizados sin las garantías legales suficientes a consecuencia de los inasumibles costos de acceso a la vivienda; la situación de las personas sin hogar; el acceso al aborto de las mujeres; el acceso a la universidad pública y el aumento de las tasas; o la falta de financiación para proyectos creativos o investigadores.

El Comité acaba finalmente solicitando al Estado Español una amplia difusión de sus observaciones en todos los niveles de la sociedad. El silencio sepulcral que rodea al informe y sus conclusiones así como la inmutable dirección de las políticas del ejecutivo de Mariano Rajoy hacen sospechar que no tienen la menor intención de seguir ni esta ni ninguna otra de las recomendaciones de la agencia internacional, mientras que los derechos de tercera generación que solo someramente habían enraizado en nuestra sociedad, desaparecen sin apenas haber llegado.

septiembre 3, 2012

El Congreso mundial de la minería apoya la huelga general del 26 de setiembre

Iturria: Gara.net – 2012/09/02

La Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la minería debatió en Santiago de Chile sobre las principales problemáticas del sector minero y mostró su apoyo a la huelga general convocada en Hego Euskal Herria.

Los días 29, 30 y 31 de agosto Santiago de Chile fue el escenario del Congreso mundial de la minería, organizado por la Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería, cuya secretaría general ostentan LAB, la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Minera de Chile. En dicho encuentro, los asistentes estudiaron los principales problemas a los que debe hacer frente el sector. Además, en la resolución final, el congreso mostró su apoyo a la huelga general que el próximo 26 de setiembre tendrá lugar en Hego Euskal Herria.

Según recoge la declaración, los sindicatos reunidos en el congreso apoyan la huelga general convocada para el 26 de setiembre en Hego Euskal Herria «a fin de protestar contra las últimas medidas antiobreras y antisociales aprobadas por el Gobierno conservador español del Partido Popular, y para exigir la capacidad de decidir también en materias económicas, sociales y laborales en el ámbito del País Vasco».

La resolución también exige la puesta en libertad de Rafa Díez Usabiaga, ex secretario general de LAB, «encarcelado junto a otros compañeros por su actividad política a favor de los derechos de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo vasco».

En definitiva, manifiestan su «respaldo y solidaridad al pueblo vasco y a su legítimo derecho de libre determinación».

Compromisos hacia el sector

Más de 122 congresistas de diversos países de Europa, Asia y América acudieron al congreso. La actividad minera es especialmente importante en estos tres continentes, sobre todo en países como Chile, Argentina, Brasil, Quebec, Portugal y la India.

Durante las jornadas se debatieron varios temas relacionados con diversos aspectos de la actividad extractiva y minera. Los principales puntos de la agenda fueron la seguridad y la salud en el sector, la situación de la minería en altura, la subcontratación o la responsabilidad ambiental de las transnacionales mineras.

En la resolución final firmada por los asistentes, denunciaron el actual modelo económico que «se sostiene sobre la base de la más miserable explotación a las grandes mayorías para sostener la concentración de la riqueza en manos del imperialismo y sus satélites».

Entre las medidas que plantearon, destaca la necesidad de exigir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconozcan como enfermedades profesionales las derivadas de la realización de trabajos mineros a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

En este sentido, el secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de metal y la minería, Igor Urrutikoetxea, se comprometió a llevar esta reivindicación a la OIT y socializarla entre los sindicatos del sector.

Otras medidas que reclamaron los asistentes fueron la jubilación a los 25 años de trabajo o en su defecto a los 50 años de edad como máximo para los trabajadores de la minería.

También exigieron el establecimiento de jornadas máximas de ocho horas de trabajo, con turnos de siete días de trabajo, con siete de descanso. Plantearon, asimismo, mejorar las condiciones de vida de los campamentos y la compensación justa a los países por la explotación de sus recursos naturales.

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