Archive for agosto 11th, 2012

agosto 11, 2012

Las empresas sólo pagan a Hacienda el 17,7% de sus beneficios

Iturria: Publico.es – 2012/08/11

Las grandes compañías son las más beneficiadas por las deducciones del Impuesto de Sociedades. En tres años, la factura real de las empresas con el fisco se ha reducido en 2,5 puntos.

De cada 100 euros que obtienen como beneficios, las empresas pagan a Hacienda apenas 18 euros. Las diversas bonificaciones y deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades permiten que las compañías reduzcan notablemente su factura con Hacienda; una situación que beneficia especialmente a las compañías más grandes.

La última Memoria de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, con datos referidos al ejercicio de 2009, cifra en el 17,7% el tipo efectivo en el Impuesto Sobre Sociedades, esto es, lo que de verdad representa el pago a Hacienda sobre los resultados obtenidos,una vez aplicadas las deducciones, bonificaciones y desgravaciones. Este porcentaje contrasta con el 30% del gravamen general del impuesto  (ó el 25% que soportan las pymes, entendiendo como tales las que facturan menos de 8 millones de euros).

La última reforma de este tributo (que entró en vigor en 2007) contemplaba una progresiva reducción y desaparición de las deducciones, pero eso no ha supuesto que las empresas hayan tenido que pagar más al fisco. Al contrario. Las estadísticas de Hacienda muestran que en los últimos años el tipo efectivo ha ido bajando acusadamente: en 2003, este ratio era del 24,4%, con el tipo general en el 35%; y en 2007, cuando se rebajó el gravamen al 30%, el tipo efectivo se situaba el 20,2%. En tres ejercicios, el porcentaje real de pago de impuestos de las empresas se ha reducido en 2,5 puntos porcentuales.

Y cuanto mayor es la empresa, menos paga a Hacienda. Los datos de la Memoria de la Administración Tributaria muestran que las compañías con una facturación de más de 1.000 millones de ingresos tienen un tipo efectivo del 16,4% (más de un punto inferior de la media). Las grandes empresas, con departamentos fiscales internos y la ayuda de grandes despachos profesionales, suelen exprimir al máximo las posibilidades que les permite la ley del Impuesto (y en algunos casos, rozando lo permisible, según denuncian las asociaciones de inspectores fiscales y de técnicos de Hacienda). Las pymes apenas pueden exprimir las deducciones, y todas las empresas que facturan menos de 10 millones de euros soportan un tipo efectivo superior a la media. Las más pequeñas son las que, en términos relativos, acaban pagando más al fisco: las que facturan entre 50.000 y 250.000 euros tienen un tipo efectivo del 21,9%, y las que facturan menos de 50.000 euros, del 23,4%.

El ejercicio de 2009 fue el primero de la crisis que siguió a la quiebra de Lehman Brothers. Las grandes empresas españolas, las que forman parte del Ibex 35, tuvieron aquel año unos beneficios 42.000 millones, un 21% menos que en 2008 (luego, con la recuperación 2010, subieron a 49.000 millones). Pero esto no tiene mucho impacto en el tipo efectivo, que tiene que ver sobre todo con deducciones y desgravaciones por inversiones y otras actuaciones realizadas en ejercicios anteriores.

La crisis sí que produjo la desaparición de empresas, especialmente pymes. Los datos de la memoria de Hacienda señalan que en 2009 hubo 1,41 millones de declarantes del Impuesto sobre Sociedades; de éstos, 1,19 eran los que el impuesto denomina “de reducida dimensión”, esto es, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros. Eran 6.600 empresas menos que un año antes.

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agosto 11, 2012

¿Por qué la pobreza está creciendo en España?

Iturria: vnavarro.org – Vicenç Navarro  – 2012/08/10

Este artículo señala las causas del crecimiento tan notable que está experimentando la pobreza en España. Entre ellas destaca la reforma laboral que ha originado un aumento del desempleo y una disminución de los salarios. Y otra ha sido la disminución de la capacidad redistributiva del Estado, tanto a nivel central como autonómico, consecuencia de las políticas fiscales regresivas que han beneficiado a las rentas superiores, y los recortes de gasto público social que han afectado negativamente el bienestar de las clases populares.

La respuesta a esta pregunta es fácil. La pobreza ha aumentado como consecuencia de las políticas públicas que se han estado aplicando en los últimos años. Y, entre ellas, tres adquieren especial importancia. Una de ellas es  la reforma laboral que ha tenido como objetivo reducir los salarios, como consecuencia del aumento del desempleo. Soy consciente de que habrá muchas voces que cuestionen esta tesis, diciendo que, en contra de lo que digo, la reforma laboral tenía como objetivo establecer las condiciones para crear empleo, añadiendo además, que no era su intención bajar los salarios. Pero la evidencia de lo contrario es abrumadora. Consecuencia de las reformas laborales que se han ido haciendo (facilitando el despido de los trabajadores ha aumentado, no disminuido, el desempleo, destruyéndose miles y miles de puestos de trabajo). Es difícil de creer que los diseñadores de tales políticas y los legisladores que las aprobaron no supieran que tales reformas del mercado laboral destruirían empleo aumentando el desempleo y bajando los salarios. La experiencia internacional corrobora y confirma la experiencia nacional. Facilitar el despido determina aumentar el número de despidos y el desempleo, sobre todo en un momento como el actual, en que no se está creando empleo. La famosa “flexiseguridad” que se estuvo promocionando por el gobierno español anterior, según la cual hay que facilitar el despido dentro de un sistema de seguridad y reciclaje del trabajador, asume que hay puestos de trabajo a los cuales el recientemente trabajador despedido  puede incorporarse. Este no es el caso. En realidad, los países que han tenido más éxito en evitar el crecimiento del desempleo son aquéllos donde se ha repartido el trabajo. Un caso claro es Alemania donde, en lugar de despedir, lo que se promueve es la distribución del trabajo. Ello es consecuencia del sistema de cogestión existente en Alemania, donde los sindicatos a nivel de empresa han dificultado el despido, facilitando en su lugar el reparto del trabajo (de manera que cada trabajador trabaja menos horas, manteniendo así el número de puestos de trabajo).

En España, por el contrario, el facilitar el despido y debilitar al sindicato mediante la debilitación de los convenios colectivos, ha disparado el desempleo y ha reducido los salarios espectacularmente, facilitado por la existencia de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países más cercanos a España por su nivel de riqueza). La pobreza entre la población trabajadora ha crecido exponencialmente.

Pero otra causa del aumento de la pobreza son las políticas fiscales regresivas, que han acentuado todavía más la escasa capacidad redistributiva del Estado, tanto central como autonómica. Las políticas fiscales se han caracterizado en los últimos quince años por una reducción y/o eliminación de impuestos, que ha significado una merma de los ingresos al Estado, tales como eliminación de impuestos de patrimonio (2.500 millones de euros), rebajas de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), rebaja de impuestos de las rentas superiores (como las rentas que ingresan más de 120.000 euros al año, generando una pérdida de ingreso de 2.500 millones), bajada de impuestos de sociedades de grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo un 0,12% de todas las empresas), y que ha significado un descenso de los impuestos de 5.300 millones de euros. Y así un largo etcétera de rebajas de impuestos que benefician primordialmente a las rentas superiores (que derivan sus ingresos, en gran parte, de las rentas del capital).

A fin de cubrir tales agujeros en las cuentas del Estado (contribuyendo al agujero mayor, resultado del enorme fraude fiscal que, según el Sindicato de  técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado español, alcanza la cifra de 90.000 millones de euros (fraude que se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) el Estado (el central y los gobiernos autonómicos, como la Generalitat de Catalunya) ha reducido los gastos públicos, incluyendo los sociales (y, muy en particular, las transferencias públicas –como ayudas a los ancianos, a las familias, a las personas con discapacidades, entre otros- y los servicios públicos como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales, servicios de integración de los inmigrantes y prevención de la exclusión social), recortes que  perjudican sobre todo a las clases populares, las mayores usuarias del Estado del Bienestar.

Los recortes fiscales que han beneficiado a las rentas superiores y los consecuentes recortes de gasto público social (con el consiguiente empobrecimiento del Estado del Bienestar) que han perjudicado a las clases populares, han acentuado todavía más la baja capacidad redistributiva del Estado (tanto central como el de la Generalitat de Catalunya), que es de los menos redistributivos existentes hoy en la UE-15. Si no hubiera  Estado del Bienestar (es decir, las transferencias y los servicios públicos), el 24% de la población adulta en Catalunya sería pobre. Con la aplicación de las políticas redistributivas, la pobreza baja a un 20% (entre niños se mantiene al 25%), un descenso de sólo 4 puntos. En el promedio de la UE-15 pasa de un 25% a un 16% (un descenso de 9 puntos), y en Suecia pasa de un 27% a un 13% (un descenso de 14 puntos). Ésta es una de las mayores causas de que Catalunya y España  tengan el mayor nivel de pobreza en la UE-15.

Éstas son algunas de las causas del crecimiento de la pobreza en nuestro país. Este aumento es, pues, resultado de intervenciones públicas aprobadas y promovidas por partidos gobernantes que, paradójicamente, parecen ahora alarmarse del tamaño del problema social que están creando. No deja de ser una paradoja que la televisión pública catalana TV3 (claramente influenciada por el gobierno conservador catalán, mayor proponente, junto con el gobierno conservador español, de las reformas del mercado laboral y de las políticas fiscales y de recortes de gasto público social) dedique toda una maratón para recoger cuatro millones de euros para los servicios de ayuda a la sociedad civil con el fin de ayudar a los pobres, cuando podrían haberse conseguido 2.500 millones eliminando la rebaja de impuestos a los ricos (que ingresan más de 120.000 euros al año) o de los impuestos de sucesiones. Temerosos de que tal paradoja apareciera durante la maratón, tanto el director general de TV3, el Sr. Eugeni Sallent, como el Sr. Antoni Bassas, el presentador del programa, subrayaron que el objetivo de la maratón no era discutir o analizar las causas del crecimiento de la pobreza (que hubiera mostrado claramente su complicidad en la creación de tanta pobreza), sino sólo su necesidad de apoyo inmediato por la sociedad civil. Como decía Monseñor Óscar Romero, Arzobispo de San Salvador, “siempre me llaman santo cuando quiero atender a los pobres, pero me llaman “radical extremista” cuando quiero eliminar la pobreza, eliminando sus causas”. Sería necesario que la Iglesia catalana y española y las asociaciones próximas a ellas desearan no sólo paliar, sino también eliminar la pobreza. Podrían hacerlo denunciando aquellas políticas de recortes en lugar de guardar silencio, como lo han estado haciendo durante tanto tiempo.

agosto 11, 2012

Documental: “Sanitat Balensiana”

Iturria: anmorsigol.blogspot.com.es – 2012/05/12

Presentem el documental ” Sanitat Balensiana” que aborda el procés de privatització de la sanitat pública i les reformes estructurals que ens venen al damunt.

La sanitat pública és insostenible? La gestió privada és realment més barata? a quin preu? Fem aquestes i altres preguntes a treballadors del món de la sanitat per a tractar d’esclarir el que està passant amb la sanitat pública.
Per això veiem quines on les responsabilitats de tots nosaltres en la sostenibilitat del sistema i quines estratègies s’han emprat per desmembrar-lo i privatitzar-lo a trossos. Veurem com ha anat el procés d’externalització, culminat amb l’aparició i expansió del model Alzira i vorem com estàn afectant les retallades als centres sanitàris.

Subtítulos en castellano (activar casilla CC)

agosto 11, 2012

ELAk salatzen du osasun zerbitzuan sartzeagatik etorkinei ordainaraztea bereizkeri onartezina dela

Iturria: ela-sindikatua.org – 2012/08/10

ELA sindikatuak Nafarroako eta Euskal Gobernuei exijitzen die 710 euroko tasa Osasunbidean eta Osakidetzan inposatzeari uko egitea

ELAk Barcinaren eta Lopezen gobernuei exijitzen die ez ditzatela murrizketak aplika. PPren Gobernuak hartu duen erabakia, biztanleen zati bati osasun zerbitzuak izateko aukera mugatzea, oso larria da, eta ondorio dramatikoak izango ditu. Are larriagoa da orain ezagutu duguna: osasun arloan sartzeagatik etorkinei 710 euroko tasa ordainaraztea. 

Osasungintza publikoan erabakitako murrizketekin estaldurak galtzen dira eta osasun-sistema beraren kalitatea okertzen da. Neurriok gizarte guztiari egingo diote kalte, osasungintza oinarrizko zerbitzu bat baita, baina askoz eragin handiagoa pairatuko dute “paperik” ez duten immigranteek; hauei estaldura ia guztiak kentzen dizkiete, alta ematerainoko larrialdiei, haurdunaldiei edo adin txikikoei dagokiena izan ezik. Orain, zerbitzua eskuratzeko urteko 710 euro ordain beharko dituzte gutxien daukatenek: bereizkeri onartezina da, ELAren aburuz, osasungintza unibertsala eta doaneko izan behar delako.

Murrizketa hauekin itotze politika bat gauzatzen da; honen helburua kolektibo bat epaitzea da, prekarietate sozial eta laboralak bereziki jota dagoen kolektiboa. Aitzitik, ez zaie heltzen krisiaren benetako erantzukizunei. 

ELAren ustez osasun-eskubidea ukatzeko ez dago inongo argudiorik. Horregatik, printzipio etikoen baitan erabakia onartu ezinekoa da, gizartearen kohesioa eta solidaritaterik oinarrizkoena zapuzten baititu. Gobernuaren erabakiak giza-eskubideen 22. eta 25. artikuluak urratzen ditu. 

Neurriok hain larriak direlarik, ELAk Euskal Herriko instituzioei exijitzen die beren esparruetan uko egin diezaiotela espainiar Gobernuaren murrizte politikak aplikatzeari. Osasun-zerbitzuak galaraztea ez da lehen urratsa; orain baino lehenago ere Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak diru-sarrerak bermatzeko errenta edota oinarrizko errenta jasotzeko aukera mugatu egin dute, horrela milaka pertsona gizartetik baztertuta geratu direlarik.

agosto 11, 2012

ELA califica de discriminación intolerable que se haga pagar a los inmigrantes para ser atendidos

Iturria: ela-sindikatua.org  – 2012/08/10

ELA exige a al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco que se nieguen a imponer la tasa de 710 euros anuales para acceder a Osasunbidea y Osakidetza

ELA exige a los gobiernos de Yolanda Barcina y Patxi López que se nieguen a aplicar los recortes del Gobierno español. Considera que la medida aprobada por el Gobierno del PP de restringir el acceso a la sanidad a una parte de la población es un hecho muy grave, que ocasionará consecuencias humanitarias dramáticas, y aún se agrava más con la propuesta de que estas personas abonen 710 euros al año para ser atendidas.

Los recortes aprobados en el ámbito de la sanidad pública suponen reducción en las coberturas y el deterioro de la calidad del sistema sanitario. Estas medidas van a perjudicar al conjunto de la sociedad, ya que afectan a un servicio esencial, y lo van hacer de una manera mucho mayor en el colectivo de las personas inmigrantes que no cuenten con “papeles”, a las que, salvo el caso de urgencias hasta alta médica, embarazo o menores de 18 años deja sin ninguna cobertura, a menos que abonen eos 710 euros. Ello supone una discriminación intolerable: hacer pagar a los más pobres por una asistencia sanitaria que debe ser universal y gratuita, como hasta ahora. 

Estos recortes son parte de una política de “asfixia” que busca estigmatizar y culpabilizar socialmente a un colectivo particularmente castigado por la precariedad social y laboral, a la vez que las verdaderas responsabilidades de la crisis continúan sin ser abordadas.  

ELA considera que no existe ningún argumento para negar el derecho a la salud. Por ello, esta decisión es rechazable desde cualquier principio ético, ya que atenta contra la cohesión social y la solidaridad más elemental. Es una medida que viola los artículos 22 y 25 de la declaración universal de los derechos humanos.  

Recuerda el sindicato que estas medidas se suman a las decisiones tomadas por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra para restringir el acceso a la renta básica o la Renta de Garantía de Ingresos, que no han hecho sino empujar a la exclusión y la marginación social a miles de personas. 

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