Archive for agosto 9th, 2012

agosto 9, 2012

Unos 4.000 empleados del sector público navarro podrían verse afectados por los nuevos ERE

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/08/09

El Gobierno de Navarra dice que no planea recurrir a los despidos “ni como hipótesis”

La Administración podrá despedir de modo barato si ella misma reduce en un 10% el presupuesto que consigna

La guadaña del despido colectivo y barato es una amenaza ya para al menos unos 4.000 empleados del sector público en Navarra, según los datos recogidos por el sindicato ELA. La nueva reglamentación de los Expedientes de Regulación de Empleo que prepara el Gobierno de Rajoy afecta de lleno a un colectivo variado y que abarca desde los MIR (médico interno residente) hasta profesores de religión, pasando por los empleados de las diferentes empresas públicas y los de los Ayuntamientos y Mancomunidades.

El Gobierno de Navarra, en cualquier caso, señaló ayer que no contempla la opción de recurir a esta fórmula de despido colectivo. “No hay ninguna previsión de posibles ERE, ni esta posibilidad está sobre la mesa, ni siquiera como hipótesis teórica de trabajo”, explicaban ayer desde el área de función pública.

Esta modificación -una consecuencia más de la reforma laboral del pasado invierno- se encuentra durante estas semanas en fase de concreción, pero permitirá aplicar al sector público lo que ya es una realidad en el sector privado: despidos colectivos, con 20 días de indemnización con un tope de 12 mensualidades. Bastará para ello, un descenso del 10% en el presupuesto que se maneje en una determinada área, empresa pública o servicio. El equivalente a la reducción de ingresos que se plantea en el sector privado.

Pero con una diferencia. “En este caso la Administración es juez y parte: reduce el presupuesto y plantea el ERE”, explica Javier Barinaga, uno de los responsables del área de función pública de CCOO. En su opinión, lo más grave de estos cambios, además de las posibilidades que abren para facilitar los despidos, es la tendencia que muestran. “Nada nos dice que posteriormente no vayan a por los interinos (contratados administrativos en Navarra) y más tarde a por los funcionarios. Les basta con modificar una Ley”, señala. En su opinión, el objetivo del PP es reducir en torno a un 30% la masa de trabajadores del sector público, que ronda los tres millones de personas. “Y lo que está claro es que vamos a padecer reducciones presupuestarias para cumplir con los objetivos del déficit”, señalaba ayer Barinaga.

Este colectivo -unas 1.500 personas en Navarra- ya va a haber cómo es incrementada su jornada anual y se encuentra señalado por esta reforma. También los trabajadores de los Ayuntamientos (solo Pamplona, Tudela, Egüés y Mancomunidad superarían los 600) y los propios contratados por el Gobierno foral (802 según el censo electoral de hace un año). En total, ELA calcula que serían “al menos 4.000 personas” las que se verían potencialmente afectadas por esta nueva opción, discutida por los juristas hasta la reforma y que esta abrió definitivamente.

ELA lo ve “fraudulento” En su valoración, el sindicato ELA mostró su “oposición frontal” a este nuevo reglamento que, en su opinión, “facilita el despido casi libre”. El sindicato abertzale denuncia que esta condición que regulará los ERE -una reducción presupuestaria del 10%- ha sido fijada de forma fraudulenta, ya que de esta forma “cualquier Administración puede provocar la causa que justifique cientos o miles de despidos”. “Es decir, se dan permiso legal a sí mismos para sacar adelante su objetivo primordial: aniquilar los servicios públicos”, valoraraba.

En todo caso, ELA emplaza al Gobierno de Navarra a no aplicar esta reglamentación en virtud de sus competencias autonómicas, y criticó la actitud de UGT y CCOO. “Ya han entrado a debatir cuál debe ser el porcentaje de reducción de presupuesto para aplicar despidos masivos”, que de lo contrario quedaría a la arbitrariedad de lo que marque el decreto.

El reglamento que regulará la reducción presupuestaria quedará definido en las próximas semanas, por lo que presidente del sindicato CSI-F a nivel nacional preveía ayer que las primeras regulaciones de empleo se darán en los Ayuntamientos en septiembre.

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agosto 9, 2012

ELA considera una “discriminación intolerable” la restricción de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/08/09

El sindicato ELA ha exigido a los Gobiernos vasco y navarro que se nieguen a aplicar la medida del PP de restringir el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares, que ha calificado como una “discriminación intolerable” que ocasionará “consecuencias humanitarias dramáticas”.

En un comunicado, la central ha denunciado que la situación “aún se agrava más” con la propuesta de que estas personas abonen 710 euros al año para ser atendidas, y han insistido en que se trata de un servicio “esencial”.

“Estas medidas van a perjudicar de una manera mucho mayor al colectivo de las personas inmigrantes a las que, salvo el caso de urgencias hasta alta médica, embarazo o menores de 18 años, deja sin ninguna cobertura, a menos que abonen esos 710 euros”, han explicado.

Según ELA, la medida pretende hacer pagar “a los más pobres” por una asistencia sanitaria “que debe ser universal y gratuita, como hasta ahora”. “Estos recortes son parte de una política de asfixia que busca estigmatizar y culpabilizar socialmente a un colectivo particularmente castigado por la precariedad social y laboral”, han agregado.

El sindicato considera que “no existe ningún argumento para negar el derecho a la salud” y ha afirmado que la decisión del Gobierno central es “rechazable desde cualquier principio ético”, además de que “atenta contra la cohesión social y la solidaridad más elemental”.

ELA ha recordado que estas medidas se suman a las decisiones tomadas por el Gobierno vasco y el Gobierno de navarra “para restringir el acceso a la renta básica o la Renta de Garantía de Ingresos, que no han hecho sino empujar a la exclusión y la marginación social a miles de personas”.

agosto 9, 2012

El contrato social, la desobediencia civil y Sánchez Gordillo

Iturria: Gonzalo Caro Sagüés – bloj.net/Kaos en la Red – 2012/08/08

En los finales del apuntalamiento del estado moderno, los teóricos liberales desarrollaron un concepto metafórico para explicar la legitimidad del estado para ejercer el monopolio del uso legítimo de la violencia y la obligación de todos los ciudadanos de cumplir la ley…

… a ese concepto se le denominó “el contrato social”.

El contrato social consistía en que todos los ciudadanos renunciaban a una parte de su libertad positiva (su capacidad de obrar) y reconocían la libertad negativa de sus conciudadanos (la capacidad que no obraran sobre uno contra su voluntad) para así evitar estar en el estado de naturaleza, donde el progreso era imposible pues al no haber obligaciones entre los seres humanos la inseguridad era constante, la cooperación imposible y el conflicto inevitable.

Este contrato social original garantizaba esencialmente el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada y posteriormente se añadirían algunos derechos más como la libertad de pensamiento o de expresión. El ejemplo más notable de la cristalización de este pensamiento lo encontramos en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789

Este pensamiento es el nucleo central de lo que hoy llamaríamos el estado de derecho.

Progresivamente, en parte por el surgimiento y fortalecimiento del movimiento obrero nuevas cuestiones fueron sumándose para complementar este contrato social:

Por un lado la extensión del sufragio universal, en un primer momento masculino, y la ampliación y extensión de algunos derechos. Esto conformaría el núcleo de lo que hoy conocemos como el estado democrático. 

Por otro lado el estado adquiriría un compromiso en Europa occidental con garantizar un cierto nivel de bienestar a todos los miembros de la sociedad y una cierta redistribución de la riqueza. A esto se le llamaría el estado social y cristalizaría en lo que algunos autores llaman el contrato social de posguerra (De la II Guerra Mundial). No se puede entender la creación del Estado del Bienestar en Europa, sin comprender que sin el miedo a la revuelta obrera y a las revoluciones de signo socialista y comunista, muy especialmente a partir de 1917 y el triunfo de la revolución en la URSS, no se habría dado este. Básicamente el contrato social de posguerra indicaba que el movimiento obrero no cuestionaría violenta y revolucionariamente la distribución de la propiedad y a cambio el estado y la clase burguesa/dirigente se comprometía a garantizar unos niveles razonables de bienestar.

Bien, tras la crisis económica de los años 70 el modelo que había funcionado durante casi 30 años empezó a hacer aguas, y este consenso empezó a saltar en mil pedazos. Políticos como Ronald Reagan, Margaret Tatcher y pensadores como Milton Friedman y sus Chicago Boys comenzaron una ofensiva que duraría unos veinte años donde todas las regulaciones al mercado y parte de los contenidos del contrato social de posguerra se irían poniendo en cuestión. Y así llegamos a los 90 donde la última oleada de desregulaciones se produce y comienzan a fraguarse las sucesivas burbujas que nos han llevado hasta la situación actual (pero esto da para otro post).

La cuestión es que con la última crisis económica, cuyo pistoletazo de salida se da con la crisis financiera de 2008 el contrato social de posguerra está absoluta y totalmente resquebrajado, al menos en los países más afectados por esta, como es el nuestro. A un desempleo brutal (en más de 1.400.000 hogares españoles ninguno de sus miembros trabaja y cerca de 500.000 hogares no ingresa nada ) se le suma el dinamitamiento de pilares básicos como el acceso universal a la salud, a la educación pública, el subsidio de desempleo o las pensiones (aquí todavía no tocadas pero solo tenemos que ver la hoja de ruta Griega). A esto le sumamos una cierta degeneración y también ataque al estado democrático como son la corrupción impune, la escasa circulación de las élites partidarias, o el dinamitamiento de la negociación colectiva.

En definitiva podríamos hablar de que al menos el contrato social de posguerra ha quedado suspendido. Podríamos hablar porque los contratos sociales son cuestiones abstractas y metafóricas. Igual que no podemos decidir no firmar ese contrato ni cuando nacemos, ni cuando alcanzamos la mayoría de edad, tampoco se puede decir a ciencia cierta y de manera inequívoca cuando ha quedado suspendido, ni tampoco existe un ente concreto legitimidado para dictaminar cuando queda suspendido, no obstante esta acumulación de hechos parece darnos una ligera idea de en que marco nos movemos.

Y en todo este contexto, existen colectivos que entienden que la vulneración o la falta de garantías de ciertos derechos como es el derecho a la vivienda , el derecho a la movilidad ,el derecho a que el gobierno cumpla los acuerdos firmados con la representación sindicalel derecho universal a la salud, o el derecho a la alimentaciónlos legitiman para tensar y violentar las normas legales como una manera de construir símbolos y visibilizar sus luchas,y en casi ningún caso se plantea que dichas acciones sean la manera de solucionar el problema. En algunos casos entra dentro del concepto de desobediencia civil, en otros beben más de la tradición de la revuelta obrera. Lo que está claro es que la acción en la que participó Sanchez Gordillo (junto a otros 400 jornaleros) de ayer ni es un saqueo, ni es un pillaje y que bebe mucho de la desobediencia civil, buscando ilustrar que mientras en este país se vuelve a pasar hambre, Amancio Ortega se convierte en el tercer hombre más rico del mundo, y los supermercados tiran comida caducada antes que donarla

agosto 9, 2012

“Las clases dominantes han manipulado nuestro sentido común económico”

Iturria: Enric Llopis / attacmadrid.org – 2012/08/08

Políticos como Rajoy y Rubalcaba, economistas y periodistas, entre otros, repiten al referirse a la crisis de las deudas soberanas que el estado es similar a una familia y que, en consecuencia, ha de ajustar ingresos y gastos. El corolario de esta argumentación es que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y, por tanto, ahora debemos ajustarnos el cinturón”. Sin embargo, a juicio del filósofo Antoni Doménech, “esta metáfora (la asimilación del estado a una familia) no hace sino poner de manifiesto cómo las clases dominantes están manipulando nuestro sentido común”.

El catedrático de en la facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, Antoni Doménech, ha impartido una conferencia sobre “El uso del lenguaje como instrumento de dominación” en la Universidad de Verano que organiza Socialismo 21. Formado intelectualmente bajo la influencia del filósofo marxista Manuel Sacristán, Doménech es actualmente editor de la revista “Sin Permiso”. Entre sus principales obras destacan “De la ética a la política. De la razón erótica a la razón inerte” (1989) y “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista” (2004).

Aunque se hace pasar por evidente, por una cuestión de sentido común, la equiparación de un estado a una familia esconde una falacia, según Antoni Doménech. Es cierto que cuando una familia contrae una deuda, está forzada a su devolución y le condicionan los ingresos. Pero el estado cuenta con muchos más recursos: el poder de recaudar impuestos, la capacidad de imprimir dinero fiduciario para pagar a los acreedores; además, si el estado decide reducir el gasto, esta decisión puede tener consecuencias en los ingresos (cosa que no ocurre con el ahorro familiar). Por último, si el estado conserva su soberanía monetaria es técnicamente imposible que se le obligue a quebrar, aunque puede hacerlo por una decisión política propia.

Precisamente en este punto –la pérdida de la soberanía monetaria por parte de los estados- es donde radica el problema, y no –como suele afirmarse en la citada metáfora de sentido común – en que el gasto público supere a los ingresos. Por ejemplo, el endeudamiento público de Estados Unidos es de más del 100% del PIB, el de Japón se sitúa en torno al 200%; el de Inglaterra, cerca del 100% y el de España en un 74%. Al no contar con soberanía monetaria, ni existir una autoridad fiscal común, los países de la Unión Europea –sobre todo los de la periferia, como España- se encuentran en manos de los mercados financieros. Por eso el estado español paga un 7% de intereses en los bonos a 10 años, mientras que Estados Unidos y Japón abonan menos del 2%, e Inglaterra un 2,1%. Es decir, unas tasas de endeudamiento menor pueden implicar un pago de intereses superiores.

El catedrático de filosofía, cofundador y redactor de revistas como “Materiales” y “Mientras tanto”, pone asimismo el ejemplo de California, estado norteamericano que si se constituyera como entidad independiente, sería una de las diez grandes potencias del mundo. Sin embargo, las finanzas públicas de California se hallan técnicamente en quiebra. “No cuentan con soberanía monetaria –dependen del dólar- pero todas sus facturas e impagos los afronta finalmente Washington; ni siquiera California ha de emitir bonos de deuda específicos, ya que ésta se halla mutualizada por los Estados Unidos al 2% de interés”, subraya Antoni Doménech. Es la diferencia entre un espacio monetario –Estados Unidos- con una autoridad fiscal única y, por tanto, capacidad de emitir deuda mutualizada, y la Unión Europea.

Lo que ha creado Europa, según Doménech, es “un verdadero monstruo”. “De ahí que un pequeño problema (por su peso económico dentro de la UE) como el de Grecia, haya puesto en riesgo la economía europea e incluso el conjunto de la economía mundial; toda esta crisis institucional –que resquebraja los cimientos sobre los que se forjó la UE- tiene como trasfondo una gigantesca crisis del sistema capitalista; en este contexto, ahora mismo vemos como España es el foco de todas las tormentas especulativas”, agrega.

“ Europa vive un momento dramático y los remedios están resultando catastróficos”, a juicio de Antoni Doménech. Por ejemplo, “se ha creado un fondo de estabilidad financiero, teóricamente para adquirir deuda pública de los países en apuros, pero al mismo tiempo la legislación europea permite que actúen –de manera totalmente desregulada- los mercados de derivados financieros de impagos crediticios; en estos mercados opera la aristocracia financiera mundial; permiten apostar porque una situación vaya a peor, por ejemplo, la quiebra de Grecia; no hay más que repasar la trayectoria de Goldman Sachs para ver cómo una sociedad puede hacer fortuna apostando a pérdidas ”.

En la presente coyuntura, ¿abandonar el euro es la solución? Antoni Doménech recuerda que se mostró contrario al ingreso del estado español en la moneda única y también al tratado de Maastricht, “pero romper con el euro en las circunstancias actuales será una catástrofe para todo el mundo, incluida Alemania, que podría perder, como mínimo, el 40% de su PIB”. El euro corre peligro por la vertiginosa crecida de la prima de riesgo en los países de la periferia europea, pero esta amenaza genera también oportunidades para la izquierda. “Se abre una puerta, un amplio margen para un partido de izquierdas inteligente que sepa negociar y jugar sus bazas, como bien hizo Syriza”.

Otra cuestión que se plantea es la posibilidad de una quita de la deuda pública. “Si la situación empeora, cosa que ocurrirá, es éste uno de los escenarios previsibles”. A juicio de Doménech, “también en este punto la izquierda ha de hilar muy fino; no valen las respuestas meramente retóricas. A la hora de establecer una quita hemos de considerar que los Fondos de la Seguridad Social son tenedores de deuda pública española por valor de 60.000 millones de euros; habría que observar todos los matices y estudiar muy bien cómo se realiza la quita para que no se vean afectadas las pensiones”.

Así las cosas, el catedrático de Filosofía califica el momento económico actual de “muy crítico”. Tres circunstancias confluyen en el escenario global: una crisis europea –con España e Italia como eje de las turbulencias- a la que no se vislumbra salida; incluso un cambio en la posición de Merkel debería sortear el escollo añadido del Tribunal Constitucional alemán. En segundo lugar, la desaceleración económica en Estados Unidos, que podría conducir a una victoria de Romney en las elecciones de noviembre. Y, por último, la desaceleración de la economía china, con los efectos que ello pudiera tener en América Latina. Además, “la financiación del consumo en Estados Unidos mediante deuda adquirida por China es un fenómeno que no volverá”.

En plena zozobra europea, ¿Cómo paliar en lo posible los efectos del cataclismo? Lo más urgente, según Antoni Doménech, es crear la unión bancaria europea y la garantía única de depósitos. “Se está produciendo una fuga masiva de capitales y depósitos de la periferia europea rumbo a Alemania; en el caso de España, a un ritmo que equivale al 50% del PIB anual, según reconoce la banca privada suiza en uno de sus informes; si Grecia saliera del euro –y esta es la baza que supo jugar Syriza- se desencadenaría una fuga de depósitos a Alemania y, continuando con esta hipótesis, quebrarían la bancas española, italiana y también la alemana, que es acreedora de las demás”.

Si las cosas así ocurrieran, el Bundesbank no tendría dinero para rescatar a los bancos alemanes pues está atado a una deuda de un billón de euros con el Banco Central Europeo. El BCE pediría esta cantidad a Alemania para rescatar a los bancos de la periferia europea y, en ese punto, el país germano incumpliría el Target 2 (sistema de compensación de pagos entre los bancos centrales de la eurozona), lo que supondría la ruptura de la Unión Europea. En tal coyuntura, Alemania vería cómo mengua una parte notable de su PIB, al tiempo que confiscaría los depósitos bancarios de italianos, españoles y franceses que hubieran buscado refugio en aquel país.

Esta catarata de desastres “Alemania no se la puede permitir, pero puede que todo esto ocurra porque las elites políticas y económicas no entienden nada, como tampoco entendían lo que pasaba en los años 30; contra lo que dice el tópico, si Roosevelt adoptó medidas intervencionistas es porque le empujó el movimiento obrero norteamericano; Resulta una tragedia el funcionamiento de las elites en el capitalismo, son incapaces de adoptar ninguna medida eficaz”, explica el autor de “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista”.

¿Qué alternativa podría plantear la izquierda? Según Doménech, “resulta indispensable hablar de crecimiento ”; sin esta idea, a juicio del docente, es muy difícil acumular energía transformadora. “Para impulsar reformas es necesario el crecimiento, como advirtió Keynes a Roosevelt en su día”. Ahora bien, “este crecimiento no ha de ser forzosamente destructivo, ya que puede venir de las inversiones públicas en tecnologías sostenibles o energías verdes; pero hace falta crecer para conseguir el pleno empleo y un empoderamiento mayor de la clase trabajadora; sólo así nos podremos plantear metas mayores”, concluye

agosto 9, 2012

La sanidad privada les saldrá más barata que la pública a los inmigrantes

Iturria: lainformacion.com/Kaos en la Red – 2012/08/08

El precio que prevé cobrar el Ministerio de Sanidad a los extranjeros sin papeles es hasta un 30% más caro que el importe de los seguros privados. Además, las dos opciones cuentan con la desventaja de quedar fuera del sistema público de medicinas.

La noticia estalló ayer como una bomba: Sanidad estudia cobrar a los inmigrantes sin papeles 710,40 euros al año a cambio de permitirles acceder a la cobertura médica pública. Así aparece en un borrador, al que tuvo acceso El País, en el que se detalla la posibilidad de crear una especie de convenio con este colectivo.

La polémica está servida. Pero no sólo por la decisión de empezar a cobrar a los inmigrantes en situación irregular, sino también porque las cifras barajadas por la cartera de Ana Matoson muy superiores a las que cobran los seguros privados.

Así lo ha denunciado la asociación de consumidores Facua y se puede comprobar recurriendo a las ofertas de compañías como Sanitas, Adeslas, DKV o FIATC.

Aunque es cierto que en la medicina privada las ofertas varían tanto en función del sexo -las mujeres jóvenes son penalizadas por la posibilidad de embarazo- como de la edad, es posible encontrar varias pólizas de cobertura completa, sin copago, por un importe mensual inferior a los 59,20 euros que está barajando Sanidad.

De hecho, en algunos casos, las compañías cuentan con ofertas hasta un 30% más baratas que los precios que pretenden cobrar el Estado.

Por ejemplo, una mujer de 35 años puede acogerse al Sanitas Todo Salud por 46,54 euros; mientras que un hombre de la misma edad puede contratar la misma poliza por menos de 40 euros mensuales.

De media, un reciente estudio de Consumer estima que los varones de esta edad pagan 46 euros mensuales por su seguro privado, cifra que sigue siendo muy inferior a la barajada por Sanidad.

Además, para los mayores de 65 años, edad a partir de la cual la medicina privada encarece sus precios, Ana Mato estudia exigir 155,3 euros mensuales, o lo que es lo mismo1.864,80 euros anuales.

Estas cifras también son superiores a las que ofrecen las compañías privadas, donde es posible encontrar pólizas con cobertura completa y sin copago por 101 eurosmensuales (MediFIATC Progres).

Tanto la opción privada como la pública que se está estudiando para los irregular cuentan con la desventaja de quedar fuera del sistema nacional de medicinas, lo que significa que, en cualquier caso, estos inmigrantes se verán obligados a tener que pagar la totalidad de sus recetas.

El carácter de urgencia que está aplicando el Gobierno a sus políticas de ajuste conlleva que, a partir del próximo 1 de septiembre, todos los sin papeles se quedarán sin cobertura gratuita, excepto los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las víctimas de trata, los asilados y los casos de urgencia.

La inmediatez del cambio de normativa hace que algunas comunidades estén ya trabajando con el borrador de Sanidad, como ha reconocido, por ejemplo, la Región de Murcia.

agosto 9, 2012

Centenares de médicos aragoneses podrían perder su condición de funcionarios

Iturria: Kaos en la Red – 2012/08/08

Un decreto-ley obligará a estos profesionales a elegir entre seguir ejerciendo la medicina renunciando a su oposición o pasar a realizar labores de administración para conservarla.

Alrededor de medio millar de médicos de Aragón se verán obligados a elegir entre renunciar a su condición de funcionarios para seguir ejerciendo la Medicina o pasar a realizar labores administrativas si quieren mantener su actual estatus. Una disposición incluida en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado hace unos meses por el Partido Popular provocará que este grupo de médicos locales o rurales dejen de ser funcionarios estatales para convertirse en profesionales estatutarios. Además, aquellos que decidan no renunciar a su oposición pasarán a realizar tareas administrativas que nada tendrán que ver con el ejercicio de la Medicina.

La disposición, cuyo texto completo todavía debe ser desarrollado, afectará a varios miles de profesionales en todo el país y ya ha generado una enorme incertidumbre entre afectados y sindicatos, que se han levantado contra una medida que califican de “usurpación de derechos”. Según el Sindicato de Médicos de Aragón, esta nueva normativa afectará a entre 300 y 400 titulares -también conocidos como médicos de APD- y a alrededor de un centenar de profesionales de cupo y zona. Sin embargo, desde CSI-F Aragón elevan el número de afectados a alrededor de un millar, ya que la disposición también incluye a “enfermeras, auxiliares de enfermería o técnicos”.

“Muchos de los afectados se encuentran en la recta final de sus carreras profesionales, pero también hay enfermeras y auxiliares que han aprobado hace poco las oposiciones y ahora podrían perder un derecho que obtuvieron lícitamente”, aseguran desde el sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, cuyos representantes se preguntan si “rellenar papeles” es la función más apropiada para un médico: “No tiene mucho sentido formar a una persona durante 12 años para ponerle frente a un ordenador a realizar labores que no se corresponden con la sanidad. Lo único que han encontrado es la mejor forma de derrochar el conocimiento de estos médicos y enfermeras”.

La medida, teóricamente justificada por la necesidad de ahorro para las arcas públicas, no encuentra los mismos argumentos entre los afectados. “Es claramente inconstitucional y no beneficia a nadie. Si solo el 20% de los médicos titulares de Aragón solicitaran conservar su condición de funcionarios, tendrían que contratar a 140 médicos nuevos y buscar 140 plazas para ellos en la administración”, sentencia Santiago Moreno, del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

Una reorganización compleja

Una opinión que comparten los sindicatos del sector, a los que tampoco les cuadran los números. “Si todos los afectados deciden no renunciar a su oposición, no habría suficientes puestos para reubicarlos, por lo quehabría que despedir al personal que ahora ocupa esos puestos y contratar a más médicos, ya que las plazas que dejan vacantes no son prescindibles”, opinan desde CSI-F Aragón sobre esta medida, que en principio iba a entrar en vigor este 31 de diciembre y finalmente se ha retrasado un año.

“Supongo que la mayoría acabará integrándose en la administración, pero la DGA no sabe qué plazas nos tiene que ofertar, cuánto tenemos que cobrar y, lo que es mas importante, cuál sería nuestra función”, explica Moreno, profundamente decepcionado: “Muchos de estos profesionales han llevado la Medicina durante muchos años a las zonas más recónditas de Aragón y España, y ahora ven ‘recompensado’ su trabajo con este decreto”.

“Todavía no están claras las consecuencias de este decreto-ley, ya que no se han matizado, pero en cualquiera de los dos casos parece que van a tener peores condiciones laborales y económicas”, indican desde el Sindicato de Médicos de Aragón. Si se convierten a personal estatutario, podrían perder algunos derechos de los que adquirieron con su oposición, como sus actuales horarios o los planes de pensiones y jubilaciones. Si, por el contrario, deciden pasar a la administración, dejarían de percibir algunos complementos salariales como las guardias o la nocturnidad.

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