Archive for julio 14th, 2012

julio 14, 2012

Trabajadores de Formica realizan su primera jornada de huelga secundada por toda la plantilla, según el comité

Iturria: Finanzas.com – 2012/07/12

Los trabajadores de Formica han realizado este jueves la primera de las jornadas de huelga convocadas por el comité de empresa contra el cierre de la planta de Galdakao, que ha sido secundada por “el cien por cien” de la plantilla, según han informado fuentes del comité a Europa Press.

En esta primera jornada de huelga para defender el empleo y las condiciones laborales, los trabajadores se han concentrado a primera hora de la mañana en la entrada de la fábrica, para posteriormente desplazarse hasta Bilbao, donde han completado un recorrido desde Atxuri hasta la zona del Guggenheim y sus inmediaciones que ha finalizado con una concentración ante una de las sedes de Formica.

Los empleados de Formica han aprovechado esta movilización para entregar folletos informativos a los ciudadanos que transitaban por la capital vizcaína, así como a los turistas que suelen frecuentar este área.

Las protestas han continuado por la tarde con una caravana de vehículos por Galdakao y culminarán a las siete con una manifestación por la localidad vizcaína, desde la fábrica hasta el Ayuntamiento, en la que los representantes sindicales esperan que “el pueblo se vuelque” con los trabajadores.

El comité –conformado por ELA, LAB y CC.OO.– se muestra “muy satisfecho” con la respuesta obtenida en las movilizaciones de este jueves y se reunirá este viernes para acordar las movilizaciones de la próxima semana. Están previstas nuevas jornadas de huelga para los días 17, 19 y 24 de julio.

Fuentes sindicales han reiterado su oposición a negociar con la dirección de la empresa hasta que “esté encima de la mesa el expediente”. “Mientras tanto, entendemos que las negociaciones informales son para hablar de despidos e indemnizaciones, y sólo negociamos mantener la planta abierta”, han asegurado.

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julio 14, 2012

El comité de Formica convoca huelga los días 12, 17, 19 y 24 de julio contra el cierre de la planta de Galdakao

Iturria: Finanzas.com – 2012/07/11

El comité de empresa de Formica (ELA, LAB y CCOO) ha convocado diversas movilizaciones para el mes de julio, entre ellas, huelga los días 12, 17, 19 y 24 de julio en defensa del empleo y las condiciones de trabajo de los empleados de la planta de Galdakao.

En una comparecencia, el comité ha recordado que el pasado 29 de junio la dirección les comunicó la decisión de cerrar la planta de Galdakao y era un anuncio “no esperado”, ya que estaban inmersos en la negociación del convenio colectivo.

El comité ha advertido de que esta medida va a tener la “oposición frontal” de la plantilla y ha denunciado que la empresa “únicamente se dedica a torturar a la plantilla sembrando el miedo y con un chantaje permanente, sin que se haya presentado ninguna solicitud formal de ERE”.

Además, ha indicado que pretende que sea el comité quien valide un espacio de negociación, llamado “informal”, donde, “sin tratar las causas que plantean para el cierre de la planta, se firme el mismo”. “Esto es actuar de mala fe”, ha añadido. “RENTABLE”

El comité de empresa ha afirmado que la planta de Galdakao “ha sido, es y será rentable, cuenta con carga de trabajo suficiente, con la fabricación propia de resinas, producto necesario para la producción del laminado y que su coste de fabricación sea mas barato a diferencia de otras plantas y tiene el reconocimiento de los clientes de un alto grado de calidad”.

Ha indicado que la compañía, perteneciente al grupo Fletcher Building siendo la matriz de la misma el gobierno de Nueva Zelanda, sabe que no existen causas para el cierre de la planta. “Es una decisión únicamente política y, aprovechándose de la reformas laborales, quiere engordar sus beneficios, concentrar la actividad, según convenga a sus intereses, pasando por encima de quien haga falta”, ha afirmado.

El comité de empresa ha hecho un llamamiento público a las diferentes instituciones, Gobierno vasco, Diputación foral de Bizkaia y ayuntamientos para que impidan el cierre. Para ello, según ha indicado, las secciones sindicales están convocando a diferentes instituciones y organismos para mantener reuniones MOVILIZACIONES

Asimismo, ha asegurado que “no hay más camino que la organización y la movilización” para defender el empleo y las condiciones de trabajo del mismo. Por ello, durante julio se llevarán a cabo huelga este jueves y los días 17, 19 y 24 de julio.

Además, este jueves llevarán a cabo una cadena humana en el Puente de la Salve a partir de las doce del mediodía y a las siete de la tarde se manifestarán por Galdakao.

Asimismo, tienen previsto llevar a cabo diariamente pegada de carteles y pancartas, así como reunirse con el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia. También impulsarán mociones de apoyo en los ayuntamientos de la comarca.

El segundo día de huelga, 17 de julio, se concentrarán ante el Gobierno vasco y el día 19 ante la Diputación de Bizkaia. Por último, han indicado que los paros se intensificarán si finalmente la empresa lleva a cabo sus planes de cierre de la planta de Galdakao.

julio 14, 2012

Buenos políticos, grandes empresarios y mejores personas

Iturria: Inés Marco y Albert Sales / Rebelion.org – 2012/07/13

Ya nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas “fichen” a directivos de empresas privadas para la gestión de las administraciones o para llevar a cabo reformas estructurales en nombre de la eficacia y de la eficiencia. El discurso dominante que impone el desprestigio de lo público reconoce en los gestores de las grandes corporaciones los expertos que deben iluminar el camino hacia unas administraciones públicas más eficientes a la vez que más reducidas. No es tan común que las transiciones del sector público al sector privado se den a conocer con tanta vehemencia pero también son un fenómeno habitual. Para las élites del mundo empresarial y político, lo que separa la gestión de los intereses corporativos de la gestión del interés común, son unas puertas giratorias que, a partir de ciertos niveles de responsabilidad, son extremadamente permeables.

La legitimación del fenómeno de las puertas giratorias descansa sobre mitos extremadamente discutibles: por un lado, la idealización del sector privado y de todo lo que de él provenga, incluidos sus profesionales, y por el otro, la creencia que los beneficios de las grandes empresas transnacionales con sede en un país concreto repercuten en el bienestar de la población de dicho país. Pero además de legitimarse en mitos que la observación empírica de la realidad desmonta con rapidez, las puertas giratorias constituyen un mecanismos de enriquecimiento de las élites políticas y económicas que, sin ningún disimulo, pasan por encima de profundos conflictos de intereses, siendo innumerables los casos en que un cargo público ha hecho uso de su posición para defender y desarrollar políticas que han acabado favoreciendo a un sector empresarial que le esperaba con los brazos abiertos al terminar su mandato.

En el Estado español, los ex-presidentes José María Aznar y Felipe González, responsables de la privatización de Endesa y Gas Natural Fenosa, han obtenido contratos millonarios como asesores externos de estas compañías una vez que se han convertido en las transnacionales que dominan el sector eléctrico en América Latina. Por debajo en la jerarquía política hispánica, muchos otros nombres conocidos han ocupado cargos relevantes a los dos lados de la frontera entre lo público y lo privado. Pedro Solbes, el que fuera vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante el primer gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presta desde 2011 sus servicios como miembro de los consejos de administración de la eléctrica Enel (propietaria de Endesa) y del banco britànico Barclays.

Merece especial atención el caso de Rodrigo Rato. El que fue vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar y ministro de Economía y Hacienda, después de llevar a cabo la mayor privatización de la historia de España (Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Endesa, Repsol…), paso a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2004 hasta 2007 año en que dimitió “por razones personales” y fue nombrado a la división internacional del Banco de Lazard. Por esos tiempos también se incorporó al consejo de Criteria y al Consejo Asesor Internacional del Banco Santander, hasta que en 2010 se le nombra presidente de Caja Madrid y, posteriormente, de Bankia. Con esta trayectoria, es evidente que Rato ha representado muchos papeles en la tragicomedia de la crisis española saliendo hasta el momento bien parado y perfectamente remunerado.

Pero para comprender como funciona el mecanismo de las puertas giratorias para llenar ciertas cuentas bancarias nada mejor que poner atención al caso de Pedro Morenés [1], quién fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, y que desde diciembre de 2011 es Ministro de Defensa del Gobierno de España.

El señor Morenés, desde mediados de 2005 y hasta poco antes de ser nombrado ministro, ha sido consejero delegado de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente controvertidas como las llamadas “bombas de racimo”. Esta empresa, con sede en Zaragoza, es proveedora de equipos, materiales y munición para las Fuerzas Armadas españolas y para ejércitos de todo el mundo, pero ha pasado una pequeña crisis comercial debido a la prohibición de las bombas de dispersión por el tratado de Dublín, firmado por 107 países, entre los que se cuenta España. Para superar el descenso de ventas derivado de este compromiso internacional, Instalaza reclamó al gobierno español recientemente una “compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante”, siendo Morenés representante de la empresa [2]. La operación se cerró en abril de 2012 aceptando el gobierno español, en un contexto de recortes sociales de todo tipo y con Morenés ejerciendo de Ministro de defensa, abonar la cantidad fijada por Instalaza.

En los últimos meses de 2011 compatibilizó su cargo en Instalaza con el de Presidente Ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Durante su larga trayectoria en el sector del armamento también ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería. Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Es propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil –entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros–. También es dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”, consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido, de Ingenio 3000, de Repasa… Parece pues que se trata de todo un hombre de empresa que, de vez en cuando, se pasa al sector público a prestar sus apreciados servicios.

Pero cuando el sector público ostenta a la vez la calidad de regulador y de cliente de las empresas en las que recala el señor Morenés el conflicto de intereses se hace evidente. Justo antes de su nombramiento, el actual ministro era Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica que ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años por valor de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias del Ministerio de Defensa, además de ser la empresa contratada para custodiar los atuneros vascos en el Índico.

En 1997, en calidad de Secretario de Estado de Defensa, Morenés pone en marcha un mecanismo de financiación que consistía en la concesión de anticipos reintegrables sin intereses a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento por parte del Ministerio de Industria. La intención era facilitar que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción con unos fondos que no tenían que devolver hasta recibir el pago del Ministerio de Defensa. En su etapa como Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología (entre 2002 y 2004) siguió aprobando nuevas partidas para la prefinanciación de las empresas de armamento proveedoras de Defensa. 19 programas han sido prefinanzados de esta forma (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”) y, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costar al erario público entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 [3].

No acaban ahí los mecanismos impulsados por Morenés para favorecer a las empresas del sector en el que desarrolla sus proyectos empresariales. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y también fue Morenés quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido).

En fin, con sus idas y venidas entre el sector público y el mundo de la empresa del armamento, Pedro Morenés es un ejemplo a seguir para todo aquel que quiera sacar el máximo beneficio del desempeño de cargos públicos.

 

NOTAS:

1 El currículum vitae de Pedro Morenés estaba disponible en la web del Círculo de Empresarios, por lo menos, hasta febrero de 2010.

2 Según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

3 Fuente: Centre Delàs, http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Ajohn-doe&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es Consultado 7 de julio de 2012.

julio 14, 2012

Recorte a los más débiles: los nuevos parados pierden hasta un 17%

Iturria: hoy.es – 2012/07/12

El Gobierno quiere introducir cuanto antes un sistema automático de ajuste de las pensiones

España tiene una tasa de paro del 24,44%; hay más de cinco millones y medio de desempleados, de los que cada vez un porcentaje menor cobra la prestación, y ayer el presidente del Gobierno puso en duda sus ganas de trabajar. Rajoy justificó el recorte de las prestaciones por desempleo «para animar a la búsqueda activa de trabajo» y que «no generen efectos desincentivadores» en esa búsqueda. Por eso, el Gobierno reducirá la prestación de los «nuevos» parados hasta un 17% a partir del séptimo mes, ya que solo recibirán el 50% de la base reguladora en lugar del 60% actual.
En estos momentos, el importe medio bruto de las prestaciones contributivas por desempleo se sitúa en 28,85 euros diarios, 865 euros al mes, por lo que el recorte lo dejaría ligeramente por encima de los 700 euros en promedio a partir del séptimo mes. No afectará a los que cobren menos de 665 euros al mes si tienen hijos o 500 euros al mes si no tienen hijos. Eso deja fuera del recorte al 27% de los desempleados con derecho a prestación que se vayan añadiendo, según cálculos del Ministerio de Empleo. En la actualidad, 2,9 millones de parados reciben algún tipo de prestación, de los que solo 1,3 millones cobran la prestación contributiva, que es más elevada que la asistencial.
Además, se mantendrá el periodo máximo de 24 meses de duración de la prestación. Los sindicatos han reclamado al Ejecutivo que prorrogue el Plan PREPARA, que acaba en agosto y consiste en una ayuda de 426 euros durante seis meses a parados que han agotado todas las prestaciones.
Junto con el recorte en el pago de las prestaciones, el Gobierno también reducirá las bonificaciones a la contratación, excepto en el nuevo contrato de emprendedores -con un año de prueba sin indemnización por despido- y para promover la inserción laboral de personas discapacitadas.
Sin embargo, rebajará las cotizaciones sociales dos puntos en dos años, lo que tendrá un efecto inmediato y nada positivo en los ingresos del sistema de Seguridad Social sin que esté garantizada su compensación con la aparición de nuevos afiliados. Cada reducción de un punto en las cotizaciones sociales son 3.000 millones menos de ingresos, con lo que va a perder 6.000 millones a partir de 2014. Esta menor recaudación para la Seguridad Social, que es la encargada de pagar las pensiones, se produce tras haber alertado el secretario de Estado de que pueden producirse «tensiones de liquidez» y tal vez tenga que recurrir al Fondo de Reserva.
Precisamente, los pensionistas o futuros pensionistas también deben tentarse la ropa. El presidente del Gobierno anunció un proyecto de ley que llevará al Pacto de Toledo para «acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada», tal y como exige Bruselas. Eso significa que se establecerán mecanismos automáticos de ajuste en pensiones en función del aumento de la esperanza de vida. Fuentes del Gobierno explican que introducir mecanismos automáticos no supone hurtar la negociación al Pacto de Toledo. En todo caso, el proyecto de ley que se lleve al Congreso introducirá cambios que si, como es previsible, van en la misma línea que otros países introducirá una nueva rebaja en las pensiones, tras la ya aprobada con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En Suecia, el factor de sostenibilidad supone que se rebaja automáticamente la cuantía de las pensiones y en Italia se retrasa la edad de jubilación al aumentar la esperanza de vida.
En España, la ley de estabilidad presupuestaria establece que los parámetros fundamentales del sistema de la Seguridad Social se revisarían en función de la esperanza de vida que se calculara estadísticamente a partir de los 67 años, que es la edad de jubilación. Claro que el acuerdo con los agentes sociales era empezar a revisarlo a partir de la aplicación íntegra de la reforma que está prevista en 2027. Ya no se esperará a esa fecha para modificarlo. Fuentes del Gobierno explican que se trata de que, igual que las pensiones se revisan automáticamente con el IPC -excepto cuando se decide congelarlas como hizo Zapatero en mayo de 2010-, también automáticamente se ajusten según los parámetros que se llevarán en el proyecto de ley al Congreso.
Parados, pensionistas… y dependientes. El recorte también les alcanza. Rajoy se escudó en que hay que «garantizar su sostenibilidad» para advertir de que «se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas». El Gobierno ya ha presentado a las comunidades autónomas un plan para reformar la ley de dependencia que supone rebajar un 15% los sueldos de los cuidadores familiares, que ahora cobran 400 euros de media.
julio 14, 2012

Rescate de los bancos, robo al pueblo

Iturria:  Andrés Martínez Lorca / Rebelion.org – 2012/07/14

El gobierno del PP continúa, implacable, la política económica antipopular emprendida hace un año por el gobierno del PSOE en una nueva versión corregida y aumentada. Poco importa que los trabajadores se empobrezcan cada vez más, que las clases medias sientan también recortados sus derechos y su pequeño bienestar, que los pensionistas rocen la precariedad, que los pequeños empresarios y autónomos no puedan acceder al crédito, que los jóvenes sigan en el paro… Esta permanente agresión a los ciudadanos renovada y recrecida cada viernes tras el consejo de ministros y esta burla de los derechos sociales reconocidos en la Constitución se dan por bien empleadas por nuestros gobernantes derechistas con tal de salvar al mismo capital financiero que ha llevado al país a la ruina.

En la pasada campaña electoral estos nuevos cruzados del capitalismo rampante prometieron, entre otras cosas, crear empleo, no subir los impuestos indirectos, incrementar la economía productiva y no tocar las pensiones. Nada de eso han cumplido. Gracias a su desastrosa política, el número de trabajadores en paro va camino de los 6 millones y el porcentaje de la población activa afectada superará pronto el 25%, es decir, uno de cada cuatro asalariados. Subieron el impuesto de las rentas del trabajo, el IRPF, y ahora acaban de elevar el IVA lo que traerá consigo no sólo una disminución del consumo sino también un incremento de la carestía de la vida. Congelaron las pensiones y ahora traman recortarlas. Como consecuencia de todo ello y debido a la falta de inversión pública y privada, la economía nacional está en recesión y todo indica que seguirá así en 2013.

Haciendo gala de su tradicional inmoralidad pública, estos vaticanistas y atlantistas dirigidos por el registrador de la propiedad de Santa Pola (acompañado al mando por el exconsejero para Europa del banco quebrado estadounidense Lehman Brothers) protegen con una generosa amnistía a los evasores de impuestos, abaratan el despido, rebajan el sueldo a los funcionarios suprimiéndoles una paga anual y ofrecen a Mr. Adelson el terreno que haga falta, así como las condiciones laborales fiscales que le plazcan, para construir el mayor conjunto de casinos y puticlubes de Europa compitiendo en su actitud servil con la mismísima Cuba de Batista y los 40 ladrones, quiero decir, los 40 mafiosos.

Rajoy repite el estribillo de Thatcher: “no hay alternativa”

Como no hay información concreta a los ciudadanos acerca de la deuda de los bancos, ni tampoco argumentos a favor de las medidas draconianas adoptadas por el gobierno, sólo queda como salida fácil el negar la posibilidad de elegir otro camino que evite el desastre. En esto como en tantas otras cosas, la derecha española no innova nada sino que copia. Margaret Thatcher, la siniestra dama de hierro que liquidó el estado de bienestar en Gran Bretaña, ya creó el lema que ahora repite ─ sin convicción aparente, la verdad sea dicha ─ Rajoy: there is no alternative (TINA, en su abreviatura inglesa), o sea, “no hay alternativa”. Estábamos acostumbrados a la cantilena del fatalismo árabe cuando ahora llegan los neoliberales de turno a defender sin pudor el más opresivo determinismo económico fijado no por una pretendida ciencia social ni por unas abstractas fuerzas económicas ahora llamadas eufemísticamente «los mercados» sino por los intereses mezquinos de una oligarquía financiera que cada día acapara una mayor parte de la renta nacional en perjuicio de las clases populares.

Esa aparente necesidad de aplicar una política económica destructiva para el pueblo la llamaba Rajoy «circunstancias» en el congreso de diputados con un aparente guiño orteguiano. Los que no compartimos el liberalismo de Ortega y Gasset ni su hostilidad hacia el socialismo, pensamos que “los hombres hacen su propia historia” aunque no de una forma arbitraria sino “en condiciones directamente dadas y heredadas del pasado”, como escribió Marx. Una paradoja de nuestra época: los aparentemente liberales, no los dignísimos demócratas de las Cortes de Cádiz sino los representantes de esta ideología capitalista desde la Escuela de Chicago a Margaret Thatcher y desde Pinochet a Aznar, niegan en el fondo la libertad humana, la libertad de elegir una vida digna para la mayoría de la población sometiendo así lo público, lo colectivo, al interés privado. Por el contrario, los herederos de los ideales comunistas rechazamos el ciego determinismo económico que intentan imponer las clases dominantes y sus intermediarios políticos tomando como punto de partida la lucha por una sociedad donde los hombres y mujeres sean dueños de su destino y construyan su futuro en libertad, no sometidos a pretendidos designios divinos ni a ocultas fuerzas económicas.

La farsa se acabó: o lucha o resignación

Después de varios meses mareando la perdiz e intentando ocultar la verdad bajo edulcorados nombres (“reformas”, “lucha contra el déficit”, “modernización”, “competitividad”, “flexibilidad del mercado laboral”, “inyección de liquidez al sistema monetario”, etc.), hemos llegado a conocer esta dura realidad: España está intervenida por culpa del rescate a los bancos solicitado por el gobierno. Mariano Rajoy tiene ya sobre sus espaldas el vergonzoso baldón de haber ordenado el mayor recorte presupuestario en la historia de nuestro país. Esta enésima acometida al bienestar de los españoles se eleva a 65.000 millones de euros. La cifra que necesitarán nuestros bancos para sanearse se estima, según fuentes solventes, en 62.000 millones. ¡Una curiosa coincidencia! Decía el flemático don Mariano que no se trataba de rescate y que el Estado no asumiría ninguna carga por la inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo ya que en dicha operación no habría causalidad. Ahora sabemos a ciencia cierta que se trata de un rescate ─ como él mismo reconoció ante el congreso de diputados en un lapsus freudiano ─ del que sale garante el Estado a cambio de una intervención de nuestra economía y de unos recortes salvajes en el gasto público tanto estatal como de las autonomías y las corporaciones locales.

Las recetas económicas impuestas hace años por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a sangre y fuego en los países de Suramérica y que se han aplicado recientemente en Irlanda, Grecia y Portugal con las desastrosas consecuencias sociales que saltan a la vista, han sido puestas en marcha en nuestro país con mano de hierro por el gobierno actual. Cuando las iba desgranando Rajoy ante el congreso, los diputados del PP en vez de guardar un prudente silencio, aplaudieron felices cumpliendo al pie de la letra su papel de marionetas en la farsa.

Por mucho que le disguste al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo apoyo agradeció públicamente Rajoy, y a los dirigentes de CCOO y UGT, en esta etapa dramática para la nación no habrá espacio para el diálogo, la concertación o el consenso. Los poderes de la oligarquía financiera internacional así lo han ordenado y el gobierno así lo ha asumido. Frente a ello sólo cabe la resignación o la rebeldía.

Los mineros, una vez más, como antes en 1934 y más tarde en 1962, indican el camino de la resistencia. Su llegada a las calles de Madrid entre el fervor del pueblo y el silencio de los grandes medios de comunicación temerosos del despertar ciudadano, abre un antes y un después en las luchas obreras de un pueblo que se niega a agachar la cabeza ante el destino impuesto por los poderosos. Sin esperar a lo que decidan las cúpulas de los grandes sindicatos, los funcionarios han salido hoy mismo a la calle en Madrid para protestar contra los anunciados recortes. Otros sectores laborales y otras capas sociales tendrán que elegir pronto entre lucha y resignación antes de que sea demasiado tarde para ellos y para sus hijos.

julio 14, 2012

El Gobierno prepara una rebaja de las pensiones para compensar el aumento del déficit de la Seguridad Social

Iturria: Vozpopuli.com / Kaos en la Red – 2012/07/12

Para ello, plantea convocar el Pacto de Toledo y encarar una nueva reforma de las pensiones en la que el IPC dejará de ser el referente exclusivo para su actualización…

Mariano Rajoy se refirió ayer a estos planes del Gobierno con el anuncio de que está ya en marcha un proyecto de ley para acelerar la aplicación del llamado “factor de sostenibilidad” y abordar un nuevo tratamiento para la jubilación anticipada, tal y como establecen las recomendaciones de la Comisión Europea.

El Gobierno está analizando el calendario parlamentario para ver la posibilidad de convocar el Pacto de Toledo este mes de julio y poder plantear la reforma a todos los grupos parlamentarios con carácter de urgencia. En síntesis, lo que pretende es acabar con el IPC como la única referencia para la actualización de las pensiones. La ley de Estabilidad presupuestaria faculta al Ejecutivo para crear un nuevo índice en el que entrarán otras referencias como el envejecimiento de la población, la inflación, el déficit de la Seguridad Social y la evolución de la población activa. Es un sistema similar al que funciona en Suecia y la intención del Gobierno es que esté operativo para incluirlo en los Presupuestos estatales de 2013 que entrarán en el Congreso el próximo septiembre.

El sistema cuenta en la actualidad con 8,9 millones de pensionistas y cerró el año pasado con un déficit de 995 millones de euros como consecuencia de unas pérdidas cercanas a los 2.600 millones de euros generadas por la propia Seguridad Social y de los 992 millones del Fondo de Garantía Salarial, cifras que se vieron parcialmente compensadas por el superávit superior a los 2.500 millones de los servicios públicos de empleo. De momento, el Gobierno no ha tenido que hacer uso del Fondo de Reserva, que acumula 67.000 millones de euros, pero si no afronta reformas, su utilización en el futuro sería imprescindible. Las mismas fuentes recuerdan que el superávit registrado el pasado mayo en la Seguridad Social fue un espejismo, pues se debió, en parte, al adelanto de las transferencias del Estado.

En los planes del Gobierno figura también mejorar la información que recibe el ciudadano sobre toda su vida laboral y sobre las aportaciones que ha hecho a lo largo de la misma a la Seguridad Social para que, en algunos casos, tome conciencia de que lo que recibe no guarda proporción con lo que ha ingresado en el sistema.El llamado “factor de sostenibilidad” del sistema incluido en la ley de Estabilidad Presupuestaria permite también al Gobierno retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años si la situación económica continua su deterioro. Las mismas fuentes recuerdan que cada punto de rebaja en las cotizaciones supone para las arcas de la Seguridad Social un coste aproximado de 3.500 millones. Rajoy anunció ayer que se reducirá un punto en 2013 y otro adicional en 2014, una medida que para la CEOE se queda corta teniendo en cuenta la proporción en la que se va a subir el IVA.

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