Archive for julio 2nd, 2012

julio 2, 2012

El profesorado de la concertada ve reducido su sueldo un 2,5%

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/06/30

El sindicato SEPNA, Educación y Patronales del sector firman un acuerdo para un año

PAMPLONA. El profesorado de la red concertada, alrededor de 2.300 personas, sufrirá el próximo curso un recorte salarial del 2,5% mientras que el resto de trabajadores del sector se enfrentará a una bajada del 2%. Estos son dos de los puntos negativos que recoge el acuerdo firmado ayer por el sindicato mayoritario de la red concertada, Sepna, el departamento de Educación y tres de las cuatro patronales del sector (ANEG, CECE y UECOE). Sin embargo, tal y como destacan los firmantes, este convenio permitirá mantener todos los puestos de trabajo y evitar el despido de 150 docentes. Tanto las patronales como Sepna criticaron cualquier recorte en educación si bien señalaron que “este acuerdo es el menos malo y estamos satisfechos porque salvaguardamos el empleo”.

Este acuerdo es el punto final de un proceso largo y polémico que comenzó cuando Educación comunicó a las patronales que la enseñanza concertada también tenía que aplicar el real decreto de recortes del PP (subida de ratios y horas lectivas y sustituciones). Su objetivo era ahorrarse 3,9 millones. El departamento y las patronales presentaron a los sindicatos una propuesta que buscaba salvaguardad el empleo aplicando una serie de medidas y que, en un principio, fue rechazada por las cuatro organizaciones sindicales. Calificaron la propuesta de “chantaje”, ya que “nos dan a elegir dos opciones igualmente lesivas para el sector”.

Convocaron movilizaciones para rechazar unas medidas que, en su opinión, “afectaban a la calidad educativa”, sin embargo, a última hora el sindicato Sepna (tiene el 50,4% de la representación) se desmarcó y presentó una nueva propuesta al departamento y patronales. “La decisión de Educación de dejar de aplicar el acuerdo 2008-11 el 1 de septiembre y quedarnos con el despido de 45 compañeros docentes y sin ninguna mejora social provocó la reacción de una propuesta ratificada por la afiliación”, afirmó Sepna para añadir que “ha sido una decisión dolorosa por la pérdida económica que supone pero solidaria con los 150 compañeros que no perderán su trabajo”.

La propuesta, destacó, “nos aporta un marco legal, un mantenimiento de referentes importantes como la homologación al 95% del salario y complemento docente de la enseñanza pública y no nos deja sin las medidas que tanto hemos defendido. No son solo mejoras sociales, también de creación de empleo”.

las patronales, satisfechas Las cuatro patronales se mostraron satisfechos con el acuerdo “porque se consigue que no haya despidos” si bien la Federación de Ikastolas señaló que “no hemos firmado, ya que se decidirá en la junta rectora de la federación siguiendo el protocolo de funcionamiento de la cooperativa”. Desde CECE Navarra (centros de iniciativa social), Jesús Mª Ezponda, defendió el acuerdo “porque se preserva el empleo” y valoró “el esfuerzo de los trabajadores por el recorte salarial y de los centros que tendrán un 2% del módulo que reciben para gastos de funcionamiento”. En la misma línea opinó José Luis Astudillo, de UECOE (Cuatrovientos), quien destacó que con la nueva propuesta “se han conseguido mantener algunas mejoras para los trabajadores” mientras que Iñaki Iraizoz, de ANEG (escuelas católicas) afirmó que “es la mejor manera de llevar a cabo unos recortes impuestos y que no nos gustan”.

UGT y ELA critican que el acuerdo no tiene el respaldo del 49,6% de los trabajadores del sector

Ambos sindicatos recuerdan que los docentes les pidieron que “NO NEGOCIARAN AL CONSIDERARLO UN CHANTAJE”

Dos de los otros tres sindicatos con representación en la red concertada, UGT y ELA (el tercero es LAB, pero este periódico no logró contactar con su representante en la enseñanza concertada) criticaron la decisión de Sepna de entrar a negociar “cuando en las asambleas, el profesorado nos pidió unidad sindical y que no negociáramos lo que veían como un chantaje al darnos a elegir despidos o empeoramiento de las condiciones laborales”. También recordaron que el acuerdo no tiene cuenta con el respaldo del 49,6% de los trabajadores del sector.

Desde UGT, su representante Alejandro Gastaminza, destacó que “creo no han conseguido asegurar en el acuerdo que si hay una bajada a los funcionarios no se aplicará a la concertada por lo que si reducen el salario un 5% a los empleados públicos se sumaría al 2,5% que van a bajar”. También rechazó que los trabajadores no docentes (unas 200 personas) “que no tenían ninguna posibilidad de despido van a ver reducido su sueldo, bastante inferior al del profesorado, en un 2%”. Por su parte, Maite Segurola (ELA) lamentó que “el acceso a la reducción de 4 horas para los mayores de 57 años no va a ser para todos como hasta ahora” e insistió en que las medidas de aumento de ratios o sustituciones “son contrarias a la calidad”.

julio 2, 2012

ELA dice que el 43 % de los relevos de bomberos de Bizkaia no se completan

Iturria: Finanzas.com – 2012/07/02

El sindicato ELA ha denunciado hoy que el 43 % de los relevos en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Diputación de Bizkaia no se completan, según los datos aportados al sindicato por los trabajadores que desarrollan dicha labor.

Por medio de un comunicado, la sección sindical de ELA en la Diputación Foral ha considerado que “al parecer el problema” reside en la voluntad política de los responsables de la institución, que, a su juicio, “prefieren ahorrar en sustituciones a dar un buen servicio”.

“Aparentemente -ha añadido- les da exactamente igual la seguridad de los ciudadanos y de los propios trabajadores de la Diputación”.

ELA ha recordado que los problemas en la sustitución de las bajas y licencias de corta duración en los bomberos vienen de tiempo atrás y ha explicado que en junio de 2010 se modificó la legislación reguladora de las contrataciones en la Diputación con el fin de agilizarlas.

De esta forma, se facilitó la contratación de personal considerado “de urgencias” al llevarse a cabo directamente por el diputado de cada departamento, sin tener que pasar, como ocurría con anterioridad, por el Consejo de Gobierno de la Diputación, que sólo se reúne una vez por semana.

El sindicato ha puesto de manifiesto que con el cambio, las sustituciones del personal del SEIS “debieran de haberse agilizado”, pero “parece que no ha sido así”, ha lamentado.

ELA también ha acusado a la Diputación de no cumplir siquiera con “los mínimos” establecidos en la normativa estatal que considera “prioritarias” ciertas categorías profesionales, entre ella las que abarca el SEIS, y que “son exceptuadas de procesos de amortización y deben ser objeto de sustitución”, según la central.

La sección sindical de ELA en la Diputación vizcaína también ha reclamado que se valore la experiencia profesional en el sistema de selección de los mandos intermedios del servicio.

Según ha denunciado, “la reiterada negativa de Diputación ha conllevado a que parte del personal recién incorporado entre en el operativo de extinción sin experiencia alguna en intervención”.

julio 2, 2012

Transportes Ochoa cesa su actividad y deja en la calle a 1.500 trabajadores

Iturria: Gara.net – 2012/06/30

La compañía de transportes presentó el pasado miércoles el concurso de acreedores alegando problemas de liquidez, una decisión que dejará sin trabajo a cerca de 1.500 personas. Asimismo, quedan pendientes de pago los salarios de los últimos cuatro meses y los transportistas autónomos a los que «invitó» a comprar un camión a cambio de carga de trabajo deberán hacer frente a deudas de miles de euros. La vizcaina Formica también ha decidido cerrar sus puertas.

Día tras día se van conociendo nuevos casos de empresas deciden cerrar sus puertas, dejando a todos sus trabajadores en la calle y expuestos a una coyuntura económica nada favorable para emprender nuevos caminos laborales. En esta ocasión ha sido Transportes Ochoa, una de las mayores empresas transportistas en el Estado español, la que echa el cerrojo. Como consecuencia, alrededor de 1.500 personas perderán sus puestos de trabajo.

La repentina decisión de la empresa ha cogido por sorpresa a toda la plantilla. Según informaron a GARA fuentes de la planta que Transportes Ochoa tiene en Hernani, la inquietud es la protagonista entre los trabajadores desde que el miércoles la dirección presentara el concurso de acreedores a causa de la imposibilidad de hacer frente a las deudas.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría, ya que, según las mismas fuentes, en las últimas semanas, los problemas existentes en la empresa parecían empezar a remitirse. La dirección tenía abierta una negociación con los sindicatos para aplicar un ERE de extinción a 200 trabajadores y, según explicaron, las negociaciones parecían ir por buen camino.

Los trabajadores denuncian la falta de transparencia de la empresa. Relatan que la empresa les había comunicado que tenía intención de pedir un préstamo al BBVA a fin de solucionar sus problemas de liquidez.

El cierre de la empresa afectará a cerca de 1.500 empleados, entre los que se incluyen los transportistas autónomos que prestan servicio a la empresa. Según explicaron miembros de la planta de Hernani, la empresa «obligó» a estos trabajadores a comprarse un camión «sabiendo que iba a cerrar», dejando así una deuda de más de un millón de euros. Explican estas fuentes que también deben el sueldo de cuatro meses a los trabajadores. Todavía consternada con la noticia, la plantilla estudia ahora los pasos a seguir para responder a esta situación.

Formica también cierra

El de Transportes Ochoa no es el único «cierre-sorpresa» que se ha conocido esta semana. De hecho, la empresa Formica (Galdakao) anunció el jueves que cierra irrevocablemente la planta.

La compañía de fabricación de laminados de decoración, perteneciente al grupo neozelandés, Fletcher Building, argumentó que la empresa «no es rentable». El comité de empresa explicó que esperaba una rebaja salarial, pero que el cierre ha sido totalmente inesperado.

Asimismo, la alavesa Celsa Atlantic, ha comenzado ya a enviar cartas de despido a sus trabajadores. El sindicato LAB se dirigió al Gobierno de Lakua a fin de recordarle que antes de confirmarse el cierre estaba dispuesto a conceder a la empresa un crédito de cinco millones y le acusó de «cruzar los brazos» cuando se ha materializado el cierre. Así, emplazó el Ejecutivo a tomar decisones para que Araba no se convierta en un «desierto económico».

Un goteo constante de protestas contra los despidos

El cierre de Inasa (Irurtzun) o los despidos en Negarra (Igorre) y Larráyoz (Ultzama) han traído nuevas movilizaciones contra los despidos masivos y en defensa del empleo.

Así las cosas, hoy tendrá lugar en Iruñea una marcha contra el cierre de Inasa, que podría dejar en la calle a más de 190 trabajadores. El comité de empresa y los sindicatos han reclamado en varias ocasiones al Gobierno de Nafarroa que se implique en el conflicto de cara a buscar una solución que no afecte tan drásticamente a los trabajadores. Otra marcha desde Igorre hasta Gasteiz rechazará el despido de 148 trabajadores en Negarra. Se trata de una de las numerosas protestas que los trabajadores llevarán a cabo desde que hace 75 días emprendieran una huelga indefinida. Mientras, los trabajadores de la carpintería Hermanos Larráyoz se enfrentan a siete nuevos despidos, contra lo que han decidido iniciar movilizaciones diarias.

julio 2, 2012

Entran en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2012, los más antisociales de los últimos 35 años

Iturria: Agencias – Kaos en la Red – 2012/07/01

El Pleno del Congreso aprobó de forma definitiva el proyecto de ley de Presupuestos el jueves, apenas un mes antes de que el Gobierno comience a tramitar las cuentas del próximo ejercicio, cuyo primer paso será la presentación del techo de gastos ante la Cámara Baja a finales de julio.

La aprobación de los Presupuestos en el Congreso, seis meses más tarde de lo normal como consecuencia de las elecciones generales que se celebraron el 20 de noviembre, se produjo después ser enmendados durante su paso por el Senado.

En este trámite se incorporaron apenas una decena de enmiendas presentadas por la oposición o pactadas por el PP con algunos grupo. Desde un primer momento el Ejecutivo ya había avisado de que no se aceptarían enmiendas que supusieran un aumento del gasto, ante las limitaciones impuestas por la necesidad de reducir el déficit público del 8,5% del año pasado al 5,3% pactado para este ejercicio.

El Gobierno siempre ha insistido en que se tratan de unas cuentas “realistas” que “permitirán reducir el déficit público” y, así, “ganar credibilidad, generar confianza y acabar con la incertidumbre”.

La oposición ha insistido en que las cuentas serán “ineficaces contra la crisis” y que los recortes aplicados a los gastos abocarán a una recesión aún mayor así como a una “crisis social”. Además, han vuelto a lamentar que la previsión de ingresos es “poco realista”, que los recortes atacan a los servicios públicos esenciales, y que “se sacrifica todo a un único objetivo que ni siquiera se va a lograr”.

Más información:

Los Presupuestos del PP

El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.

De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.

Ingresos

A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.

Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.

Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.

Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).

Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.

Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.

Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.

La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.

Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.

Gastos

En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.

Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.

Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.

Conclusiones

En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.

Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes

a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.

b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.

c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.

d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.

El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.

Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.

Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos.

julio 2, 2012

Impuestos y fraude fiscal

Iturria: Attac Madrid – attacmadrid.org – 2012/07/01

Vicenç Navarro. consejo Científico de ATTAC. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins Universit

Este artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger 89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de mayor difusión. Veámoslos.

El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania.

El fraude es, pues, un problema grave. Ahora bien, otro dato de gran relevancia es que tal fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población: las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte (sí, leyó bien, una cuarta parte) de la riqueza del mundo está depositada en tales paraísos fiscales. Según la OCDE, 600.000 millones de dólares no se ingresan en las cuentas de los Estados de tal grupo de países (incluido España), resultado del depósito de los súper ricos y ricos de aquellos países en paraísos fiscales. España es uno de los países que tiene mayor número de agujeros fiscales que disminuyen los ingresos al Estado. En España uno de los instrumentos que más utiliza tales paraísos fiscales son las 3.113 sociedades de inversión de capital variable (conocidas como SICAV), que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros.

De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. El sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una enorme frivolidad el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, pues el país no da para más. Si en España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros (sí, lo ha leído bien, 200.000 millones) más de los que ingresa. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. Así de claro.

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