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julio 1, 2012

La defensa de los montes se deja en manos privadas

Iturria: Diagonal – 2012/07/01

EL NÚMERO DE TRABAJADORES PARA LOS RETENES SE RECORTA, SE EMPLEAN MENOS MEDIOS TÉCNICOS Y SE PRIVATIZA

Mientras las comunidades presentan sus campañas de incendios a bombo y platillo, se destina menos dinero a la extinción y empeoran las condiciones de los trabajadores.

Sólo en los primeros cuatro meses de 2012 se han producido más de 600 incendios. De ellos, 750 hectáreas se quemaron en el corazón del parque natural de Fragas de Eume, en A Coruña. Después, en mayo, ardieron en Rasquera, en Tarragona, más de 3.000 hectáreas y, al cierre de esta edición, otras 500 de monte se habían calcinado en Castellet i la Gornal, en Barcelona. El 85% de los fuegos que arrasan nuestros bosques son provocados por la intervención humana, por negligencia o intencionadamente, y sólo el 10% se atribuyen a fenómenos naturales. Este año, a estos factores hay que sumar otro: los recortes presupuestarios.

Medios humanos y sequía

El medio ambiente también va a acusar las políticas neoliberales. Está previsto que se empleen menos medios técnicos, pero sobre todo menos medios humanos para la Campaña de Incendios que se inició, en casi todas las comunidades autónomas, el 1 de junio y que estará vigente hasta el 30 de septiembre. Según los datos oficiales, los recortes van del 50% en Castilla y León, con respecto a los presupuestos de 2011, el 20% en Castilla La Mancha, Galicia, entre un 20 y un 30%, al 5% en la de Madrid. Sin embargo, sindicatos y asociaciones de trabajadores forestales explican que los porcentajes de los recortes son mayores que los anunciados por las administraciones. En el caso de Madrid, según los trabajadores forestales del Infoma (Incendios Forestales de Madrid), la disminución de recursos humanos es mayor.

F.H., iniciales de un trabajador de los retenes forestales de la Comunidad de Madrid, denuncia a DIAGONAL: “Trabajamos en colaboración con los bomberos de la Comunidad de Madrid. Normalmente, vamos cinco personas en el camión, de ellas uno es un bombero. Este año los bomberos de Madrid se han negado a ir a los retenes antiincendios”. Según este trabajador forestal, hasta ahora, la extinción de incendios en los montes madrileños y zonas rurales la hacían estos funcionarios con horas extras. “Cobraban 32 euros por hora, con guardias de hasta 24 horas, una pasta, pero eso tiene una contrapartida, la Comunidad de Madrid no ha convocado plazas de bomberos desde hacemás siete años y existe un déficit de más de 300 bomberos en esta región”.

La privatización del servicio

El 13 de junio, un par de días antes del inicio la Campaña de Incendios en Madrid, el cuerpo de bomberos de esa comunidad llevó a cabo una votación y decidió no hacer horas extras para ella. Denuncian que la postura de Esperanza Aguirre ante la falta de personal, supone un chantaje que les obliga a trabajar más durante todo el año. Según F.H., está clara cuál es la política autonómica en el plan de incendios: “Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid los incendios son un negocio. Se reduce personal y se privatiza. La limpieza del monte y la extinción de los incendios la llevan a cabo, también, dos empresas privadas, Matinsa [filial de FCC] de Esther Koplowitz e Infosa, de Florentino Pérez, empresario y actual presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid cada vez da más concesiones a estos empresarios en cuestión de incendios”.

En contraposición, la plantilla de trabajadores públicos de extinción de incendios del Infoma cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les reconoce como empleados fijos-discontinuos y que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar. A día de hoy, de los 238 trabajadores a los que se les reconoció su condición de fijos-discontinuos, el Gobierno regional solamente ha aplicado la sentencia a109, tras manifestaciones y más denuncias. “Esperanza Aguirre no acata lo que han dicho los tribunales”, dice el empleado forestal.

Este trabajador asegura que el monte se entiende por el partido en el Gobierno como la posibilidad de sacar un rédito económico, no como la obligación de la protección civil y del entorno como marca la ley. “El territorio en la región de Madrid tiene una peculiaridad diferente a otras comunidades autónomas, como por ejemplo la castellanomanchega. Hay una gran densidad de población y en la mayoría de los casos cuando se produce un fuego existen urbanizaciones cerca y eso hace que los incendios sean más peligrosos.

Este año, además, dos de los helicópteros antiincendios no han conseguido la certificación de aviación civil porque la documentación se ha presentado tarde. Con las dotaciones que hay para este verano, el sur de la región está desprotegido. Por tierra, desde el Parque contra Incendios de Arganda, que cubre 23 municipios, para llegar a muchos de esos pueblos es necesario invertir más de una hora por carretera, como en el caso de los municipios de Estremera o Carabaña”, advierte este trabajador.

Explica que la región cuenta con medios técnicos, como “un helicóptero que lleva una cámara muy potente capaz de detectar un conato de incendio a 50 km, pero no sirve para prevención ni extinción.Se empleó para seguridad durante la visita del papa. Y costó medio millón de euros”, afirma F.H.

Malas prácticas

Según los trabajadores de los retenes antiincendios, la Comunidad de Madrid no prohíbe prácticas peligrosas como que las cosechadoras trabajen a las tres de la tarde. Explican que “las palas de estás máquinas chocan contra las piedras y saltan chispas que en muchos casos producen incendios, además la paja de los cultivos arde rápidamente”. Todo esto unido al recorte en personal para los retenes.

Según F.H., “antes se contrataba a unos 400 trabajadores (tanto en extinción como en vigilancia). Ahora no llegamos a los 300, se pierde una media de dos retenes por año. El año pasado se contrató 160 trabajadores por cuatro meses. Este año, se han contratado sólo 60 personas para extinción en la Comunidad de Madrid, aunque se comprometieron a aumentar la plantilla. En las tareas de control, en 2011 había 40 torres de vigilancia hoy sólo hay 19 en toda la región”.

julio 1, 2012

Calabazas a los recortes del Ayuntamiento de Barakaldo

Iturria: BERRI-OTXOAK – Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales – 2012/06/29

Calabazas por suspender los deberes en materia social

En estas fechas finaliza el curso escolar y se hace balance del mismo; y el Ayuntamiento de Barakaldo, al igual que los malos estudiantes, ha suspendido sus deberes en materia social y tiene que volver a examinarse en septiembre.

►Por este motivo esta semana se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar los recortes, fraudes y despilfarro de recursos públicos que se han producido a lo largo de este curso en el consistorio fabril. Las personas participantes en esta movilización han acudido con media docena de calabazas, una de ellas se ha entregado en el registro municipal.

Enlace al vídeo de la noticia:
http://www.tele7.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=41897&Itemid=27

6º Numero del Periódico contra los Recortes y Corrupción Municipal

Con esta iniciativa se presentó el sexto número del periódico que editamos para denunciar las situaciones de recortes sociales, enchufismos, ocultación de información, tratos de favor, fraudes que se producen en el Ayuntamiento de Barakaldo. A lo largo de estos días se están distribuyendo en las paradas de metro, tren y autobús más céntricas de la localidad 11.000 ejemplares de esta publicación local.
 
•Pelotazos inmobiliarios; colapso en los Servicios Sociales o nula política de vivienda pública; despilfarro de recursos económicos municipales, actuaciones irregulares denunciadas por el interventor y secretario municipal; falta de transparencia en la gestión…
Mientras esto ocurre los Servicios Sociales Municipales se encuentran saturados por la actual situación de crisis económica; con un alarmante aumento del desempleo y de los índices de pobreza; con decenas de familias desahuciadas de su vivienda; con unas de las tasas más altas de precariedad laboral; con el precio de los alquileres por las nubes… Noticias todas ellas recogidas en este número.

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

julio 1, 2012

Rescatando bancos y desahuciando pobres

Iturria: Manuel Cañada – Rebelion.org – 2012/06/30

Yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infancia, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta para producir un rico.
Almeida Garret

12 de junio de 2012, Barriada de Juan Canet en Mérida. No son todavía las nueve de la mañana y un grupo de policías antidisturbios, pertrechados de escopetas lanzapelotas, custodian el rápido desalojo de muebles en una vivienda social. Se trata de uno de los 16 desahucios consumados en el último mes y medio en Extremadura. Bocachas expectantes velando las puertas y cunas extraviadas en plena calle. Una mujer, inquilina hasta el momento de ese piso, suplica sin éxito que le dejen entrar en la casa a coger el biberón para dar de comer a su hijo. No, no llega a estos barrios la salmodia del interés superior del menor ni hay espacio en los suburbios para melindres compasivos. “Nos tratan como a terroristas”, dice una mujer mayor, consumida de rabia. Hace ya tiempo que dejó de extrañarnos la presencia de los antidisturbios y de los GEOS en las barriadas miseria. Es la guerra sorda, la ofensiva de los ricos contra los pobres, la guerra social que viene.

Un desahucio cada tres días. La Junta de Extremadura, dueña de casas y juez de intemperies, ha convertido el desalojo en la guía de su política de vivienda. 764 expedientes de desahucio abiertos y, de ellos, según se nos anuncia, 90 de ejecución inminente. Esto ocurre en una región que ronda los 150000 parados, más de 60000 de ellos sin subsidio alguno y cuando el número de personas acogidas a los programas de alimentos de Cáritas no deja de multiplicarse. Un tsunami de marginación y miseria avanza a boca llena y, mientras tanto, el gobierno extremeño pone en marcha la ruleta de los desahucios. “Sólo entran en mi casa los 426 euros del paro y tengo que pagar 143 de alquiler. ¿Como pretenden que pague otro recibo atrasado?”, dice una de las mujeres amenazadas de expulsión. “A mí no me quieren aplicar las minoraciones de alquiler porque dicen que tengo deudas anteriores”, se queja otro vecino. “¿Tú crees que hay derecho a que te amenacen con echarte a la calle por tener una deuda de 800 euros?”. Se acumulan las historias de incertidumbre y miedo. La Junta, propietaria de las casas, moviliza policías y jueces para acobardar pobres, pero no parece demostrar la misma diligencia ni energía para cumplir sus obligaciones como casera. Los ascensores dejaron de funcionar hace mucho tiempo en muchos bloques y los barrios se llenan de cucarachas, pero el ejemplar gobierno de Extremadura sólo piensa en hacer caja y, sobre todo, en la más rentable de las inversiones: el miedo. La viña del poder, siempre amasada con miedo.

Esta vileza institucional del desahucio como herramienta política se produce en un país que cuenta con 4 millones de viviendas vacías y, casi un millón de ellas, en manos de los bancos como consecuencia del saqueo hipotecario. España, campeona europea de gentes sin casa y, al tiempo, casas sin gente. El mismo país en el que mientras tiburones como Rodrigo Rato o Miguel Ángel Fernández Ordóñez se van de rositas dejando pufos de 23000 millones de euros (Bankia) o agujeritos financieros de más de 100000 millones (banca española), se arroja a la calle a familias por el grave delito de haber “ocupado ilegalmente” la vivienda de la que era titular la abuela de uno de los cónyuges. En la comunidad autónoma donde el empresario más grande, Alfonso Gallardo, aún no ha devuelto los 10 millones de euros adelantados para el fracasado engendro refinero y donde cada pasajero del aeropuerto fantasma de Badajoz le cuesta 37 euros a las arcas públicas, sin embargo se extorsiona a gentes sin recursos para que paguen la insignificante deuda atrasada o se le corta el agua a familias con niños pequeños.

“Nadie va a dormir en la calle”, dicen los políticos funcionarios de la Junta de Extremadura. Y es cierto. A pesar de ellos, más allá de la razón burocrática, existe la humanidad de las familias que se encargará de acogerlos aunque, para ello, hayan de hacinarse 15 personas en una vivienda de 90 metros, como ha ocurrido en uno de los casos de la barriada Bellavista.

“No vamos a parar los desahucios, de ninguna de las maneras. Además nos están felicitando por ello”, dice jubiloso Víctor del Moral, Consejero de Vivienda de la Junta de Extremadura. Es ahí, en ese perturbador argumento, donde se encuentra la clave de esta oleada de desahucios. Todo un discurso populista que habla de las barriadas más machacadas como el reino de los televisores de plasma y los muebles de diseño, y que repite machaconamente términos como conducta antisocial acabando por presentar como un problema de orden público lo que no es sino una expresión radical de injustica social. También aquí, tras la chaladura de los desahucios colectivos se encuentra el “inveterado conflicto entre ricos y pobres por el derecho a la ciudad” (Mike Davis).

En 2005, estallaba la rebelión de las banlieu parisinas y Sarkozy rescataba el viejo argumentario clasista-higienista: “Hace falta una gran manguera para barrer a la chusma”. La chusma, la morralla, los bajos fondos, los vagos y maleantes, los quinquis de ayer y los canis de hoy, el miedo al suburbio oscuro, restaurado una y otra vez. Y a la veterana criminalización de la pobreza se suma el darwinismo social, importado de Estados Unidos e inyectado en vena en las últimas décadas. Ya no hay pobres, sino fracasados. Desapareció el marginado, ya no quedan en el lenguaje de la selva capitalista más que perdedores e inadaptados sociales.

Un espeso silencio cómplice acompaña los desahucios. Y en los foros de los periódicos supura el odio contra los pobres. “Es lo único bueno que ha hecho el PP desde que gobierna en Extremadura”, dice un justiciero anónimo. “Venga, daros prisa en echar la escoria, que a este paso aún llegan al invierno”, añade otro enigmático valiente. Es el lumpen y todo vale. Los que mandan conocen bien el miedo a la proletarización de las clases medias y se aprestan a parasitar la zozobra de quienes intuyen el final de la gran milonga de consumismo e individualismo propietario. Enrique de Castro, el párroco de Entrevías, viene hablando hace años de un nuevo concepto, el de la pobreza rentable. Desde los 90, mucha gente empezó a vivir de la pobreza en la poderosa “industria de lo social”. Hoy resulta más evidente aún la utilidad que el poder concede a la pobreza como instrumento de cohesión y disciplina de la ciudadanía.

En Novecento, la hermosa película de Bertolucci que narra la historia del siglo XX en Italia, aparece la historia del desahucio de Orestes, un jornalero al que los patronos echan de la casa incumpliendo el contrato. Cuando llegan “los diablos a caballo”, que así denominan los obreros a la policía de la época, los campesinos y campesinas se arman de palos y se tienden en el suelo para apoyar al compañero y resistir a la expulsión. “Nos quieren echar, bajad rápido os necesitamos”, urgen los jornaleros más conscientes. Desde el río, uno de los pequeños propietarios de tierras, que está cazando patos, anima a la policía a a intervenir contra los contestatarios: “Váyanse de aquí, villanos. Muchachos, hay que enseñarles que la propiedad no se toca, la propiedad es inviolable”. El relato del desahucio sirve en la película para explicar el origen del fascismo en Italia. Observando la brutalidad e inhumanidad de los desahucios masivos de estos días y la liquidación sistemática de derechos sociales, parece que el vientre que parió aquella cosa bestial todavía está fecundo.

Manuel Cañada – Militante en La Trastienda, Colectivo por los Derechos Sociales

 

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