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junio 22, 2012

Récord de desahucios en España: 58.241 familias se queda sin vivienda Los datos del CGPJ revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo en la pérdida de viviendas

Iturria: kaosenlared.net – Agencias –  2012/06/22
Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22 por ciento con respecto a 2010.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados hoy revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo ha tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca al banco.

La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy también de las ejecuciones, es decir, los procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, y que en 2011 registraron un descenso del 17 por ciento, hasta los 77.854, lejos del récord alcanzado en 2010 con 93.636 procedimientos. Andalucía se puso a la cabeza con 16.313 expedientes, seguido de la Comunidad Valenciana con 14.868 y Cataluña con 13.727.

Sólo en el último trimestre se iniciaron en España 20.751 expedientes, un 17 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Las estadísticas judiciales del CGPJ ofrecen también datos sobre los procesos concursales que han sufrido las empresas, y que en el año 2011 ascendieron a 8.027, la cifra más alta desde que se tiene registro y un 13 por ciento más que en 2010. La comunidad más afectada fue la catalana con 1.564 concursos, seguido de la valenciana con 1.241 y Madrid con 1.141.

junio 22, 2012

La banca alemana, beneficiaria del “rescate” español

Iturria: Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO. 2012/06/21

Una de las causas de la crisis actual en España es la explosión de la burbuja inmobiliaria. El maridaje entre el capital financiero (banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y otras instituciones financieras) y el sector inmobiliario creó tal burbuja. En los últimos diez años se construyeron más viviendas en nuestro país que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y a pesar de esta enorme construcción que supuso casi el 9% del PIB español, los precios se dispararon el 150%, subiendo mucho más rápidamente que los salarios, y ello como resultado de una abusiva especulación. No hay duda de que la banca, las cajas, el Banco de España y las autoridades públicas, tanto españolas, como europeas, eran conscientes de ello. Bastaba con ver un gráfico en el que se comparara la evolución de los precios de la vivienda y de los salarios (la gran mayoría de compradores de vivienda derivan su dinero de las rentas del trabajo), para ver que los primeros crecían mucho más rápidamente que los segundos. La distancia entre los dos precios se intentaba llenar con crédito. Y de ahí el enorme endeudamiento de las familias.

Todo esto era predecible. Y podría haberse visto venir y podría haberse evitado. Pero ni el Banco de España (a pesar del aviso de los técnicos de tal institución), ni el Estado español tomaron ninguna medida. Llevaba razón la Canciller alemana, Angela Merkel, cuando indicaba recientemente que las autoridades españolas habían actuado de una manera irresponsable en los diez últimos años al no haber prevenido la burbuja inmobiliaria basada en mera especulación, y su explosión.

Ahora bien, a Merkel se le olvidó un detalle clave, olvido que le permitió no incluir al gobierno y a la banca alemana en esta crítica de lo que pasó en España. Y el olvido es que la banca alemana jugó un papel determinante en esta explosión inmobiliaria. Gran parte del dinero que alimentaba la explosión inmobiliaria procedía de la banca alemana. En realidad, la explosión de la burbuja inmobiliaria ocurrió cuando la banca alemana interrumpió el crédito a la banca y cajas de ahorro españolas, consecuencia de que la banca alemana atemorizada por su contaminación con productos financieros tóxicos procedentes de la banca estadounidense, paralizó todo flujo de crédito. Y ahí fue cuando el crédito financiero se interrumpió y la burbuja inmobiliaria española explotó creando el enorme parón de la actividad económica y la caída en picado de los ingresos al Estado (tanto central, como autonómico) que creó el déficit público del Estado. Este déficit no lo creó el crecimiento del gasto público, sino el descenso de los ingresos al Estado. En realidad, cuando se inició la crisis, en el año 2007, el Estado español tenía superávit. El déficit público en España no es la causa de la crisis, como Rajoy está diciendo, sino que es al revés, el déficit público es la consecuencia del escaso crecimiento económico y escasos ingresos al Estado.

Todas las medidas de austeridad, recortes incluidos (que representan el ataque más frontal al escasamente financiado Estado del Bienestar en España), están encaminadas a pagar la deuda a los bancos alemanes y de otros países (Francia, Gran Bretaña y Bélgica), los cuales habían conseguido pingües beneficios durante la burbuja inmobiliaria, pingües beneficios que continúan. En realidad, la crisis bancaria de los países periféricos (España, Grecia, Portugal e Irlanda) le está yendo muy bien a la banca alemana, pues hay un flujo de capital (es decir, dinero) de estos países, que huyen de la crisis, hacia el centro, y muy en particular, Alemania. Y los datos hablan por sí solos. Según Josef Ackermann, presidente del Deutsche Bank, los beneficios de tal banco alcanzaron la friolera cantidad de 8.000 millones de euros en el año 2011 (con 8 millones de euros en bonificaciones a tal señor). En realidad, mientras el desempleo alcanzaba cifras más que alarmantes en España (y otros países periféricos), el 50% de la juventud está desempleada, y la sanidad y la educación sufre recortes brutales (y no hay otra manera de decirlo), los beneficios del Deutsche Bank subieron un 67% en tres años (2009-2011), tal como señala Conn Hallinan en la revista CounterPunch (15.06.12) (“Greed and the Pain in Spain”).

Todos los datos muestran claramente que la banca alemana se benefició enormemente de la burbuja inmobiliaria española (y también irlandesa), así como de la crisis financiera de los países periféricos. Los enormes sacrificios de las clases populares se imponen a España y a los otros países periféricos para que se pueda pagar a la banca alemana (entre otros países). Y el famoso rescate financiero de 100.000 millones de euros tiene como objetivo salvar a la banca española, no para garantizar el crédito, que ni está ni se le espera, sino para que pueda pagar sus deudas, también a la banca alemana. Y el instrumento que la banca alemana utiliza para imponer sus políticas es el Banco Central Europeo, que como he indicado en varias ocasiones (ver sección Política Económica en mi blogwww.vnavarro.org), no es un Banco Central, sino un lobby de la banca alemana y del Banco Central Alemán, el Bundesbank.

El rescate financiero es la última de muchas otras intervenciones que los economistas de la Comisión Europea, al servicio del sistema financiero europeo, liderado por la banca alemana, están imponiendo a España. Como bien ha dicho el Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaube (contraviniendo a Rajoy), el rescate financiero implicará una supervisión directa por parte del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, de las reformas financieras, así como de las políticas fiscales y macroeconómicas españolas, convirtiendo así a España en una colonia alemana. Y todo ello con la colaboración del gobierno conservador “súper patriota” español.

¿Y por qué tal gobierno colabora con estas políticas que significan una pérdida clara de soberanía? Y la respuesta es clara. Porque utiliza este mandato exterior (argumentando que no hay alternativas) para conseguir lo que siempre ha deseado la derecha en España, es decir, debilitar el mundo del trabajo y privatizar el Estado del Bienestar. Tal gobierno coincide con el objetivo del rescate que queda muy bien definido por las declaraciones del presidente del Banco Central Alemán, Jens Weidmann, quien en dichas declaraciones en El País no puede ser más claro cuando indicó que las reformas deberían acentuar más las reformas laborales (que quiere decir bajar los salarios) y la privatización de servicios (que quiere decir el desmantelamiento del Estado del Bienestar). Así de claro.

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

junio 22, 2012

Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima

Iturria: Rebelon.org  – John Doe – Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs – Justícia i Pau. 2012/06/20

Se considera “Deuda ilegítima” aquélla que es contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. En base a esta definición, y a tenor del atraco a mano armada (nunca mejor dicho) que se está perpetrando contra los intereses de la población, que cada día ve cómo cuesta conseguir lo más básico y elemental mientras se despilfarra el dinero en todo tipo de asuntos espurios, debemos preguntarnos si cabría considerar como deuda ilegítima la de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).

Los PEA nacieron entre 1997 y 1998, con el Partido Popular en el Gobierno. Mediante una artimaña contable se puso en marcha un modelo para, a través del Ministerio de Industria, conceder a un exiguo grupo de empresas (grosso modo, EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia) unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que éstas hicieran frente a las fases de I+D, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Hasta la fecha, son 19 los programas que conforman esta categoría (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”), los cuales, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costarnos entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 (por la sencilla razón de que el fin de la “vida útil” de la mayoría de los programas comienza a producirse en torno a 2040).

En septiembre de 2011, la Secretaría de Estado de Defensa, aún en manos del PSOE, realizó una “Evaluación de los programas especiales de armamento”, con el objetivo de buscar soluciones al grave problema de deuda a que se enfrenta el Ministerio de Defensa.

El exhaustivo trabajo realizado por la SEDEF, acredita lo siguiente:

– que la capacidad financiera del Ministerio de Defensa no es suficiente para atender las obligaciones de pago derivadas de los PEA en curso, es decir, que fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa

– que tal insuficiencia presupuestaria no es coyuntural, ni está directamente relacionada con la crisis económica actual, sino que es un problema financiero, complejo y estructural, absolutamente relacionado con el sistema de adquisiciones y con su modelo de sostenimiento

– que se trata de un problema de Estado, dado que implica a muchos agentes (políticos, militares, industria)

– que quienes tomaron las decisiones de adquisición en el período que va de 1997 a 2004 (en el que se generaron más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y en el futuro) difirieron a futuros presupuestos el pago de tales compromisos aun a sabiendas de que nunca podrían satisfacerse los compromisos financieros adquiridos

– que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pues bien:

– si el Estado sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo de generación de deuda que nunca iba a poder pagar, y que, hoy por hoy, ha generado casi 40.000 millones y

– si esta deuda ha sido creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía del país, que ha tenido que sufrir dolorosos recortes sociales con cantidades que están muy por debajo de esa cuantía

Entonces:

– es fácilmente deducible que esa deuda no tiene por qué ser pagada, pues quienes gobiernan el Estado desde 1997-1998 habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y,

– por tanto, que los contratos adquiridos con las empresas o consorcios de empresas para desarrollar estos PEA son nulos desde un punto estrictamente legal.

Señalar a un único culpable sería difícil, por la sencilla razón de que en torno a este problema siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano; pero sí podemos decir quiénes han sido sus garantes y defensores desde la ostentación de sus cargos de responsabilidad en los ministerios implicados: el de Defensa (con sus Secretarios de Estado, pues a este órgano le corresponde la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material y la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa) y el de Industria.

VI Legislatura (1996–2000)

Ministro de Defensa: Eduardo Serra Rexach

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Ministro de Industria y Energía: Josep Piqué i Camps

VII Legislatura (2000–2004)

Ministro de Defensa: Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Secretario de Estado de Defensa: Fernando Díez Moreno

Ministros de Ciencia y Tecnología: Anna María Birulés Bertrán (2000–2002), Josep Piqué i Camps (2002–2003) y Juan Costa Climent (2003–2004)

VIII Legislatura (2004–2008)

Ministros de Defensa: José Bono Martínez (2004–2006) y José Antonio Alonso Suárez (2006–2008)

Secretarios de Estado de Defensa: Francisco Pardo Piqueras (2004–2007) y Soledad López Fernández (2007–2008)

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera (2004–2006) y Joan Clos i Matheu (2006–2008)

IX Legislatura (2008–2011)

Ministra de Defensa: Carme Chacón Piqueras

Secretario de Estado de Defensa: Constantino Méndez Martínez

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: Miguel Sebastián Gascón

X Legislatura (2011-)

Ministra de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Argüelles Salaverría

Ministros de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria López

De esta caterva, Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA, siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las llamadas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

Todo esto nos indica que estamos en manos de un lobby: una clase política y militar (podríamos seguir por Piqué, Bono, García Vargas, Villar Turrau, Sebastián Zaragoza, Francisco Torrente, Enrique Navarro…), con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público. Las mismas empresas que aparecen en el informe de la SEDEF de esta guisa:

– las empresas beneficiadas con los anticipos apenas han iniciado sus devoluciones al Tesoro. Entre 1997 y 2011 sólo han devuelto 147 millones de euros; a cambio, han recibido 23.415 millones de euros

– el beneficio para las empresas es muy cuantioso a largo plazo. Las armas obtenidas generan nuevas obligaciones que, por tratarse de sistemas complejos y tecnológicamente muy avanzados, suponen importantes cuantías que es necesario sumar a las de la propia adquisición (se estima que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición)

– cada PEA está sujeto a revisiones de precios, así como a partidas abiertas que son de contenido variable e incierto (modificaciones contractuales sobrevenidas; importes reservados en los presupuestos de los contratos para eventuales partidas pendientes de contratar; revisiones de precios; penalidades aplicables por retrasos e incumplimientos; importes asociados al tipo de cambio impositivo del IVA; cambios de paridad en las divisas; importes asociados a la ampliación de seguros y garantías…). Estas condiciones leoninas amparan a las empresas adjudicatarias y las elevan a una posición dominante en todo el proceso

– dado que muchos de los PEA han nacido obsoletos, se estima que habrá unos cuantiosos sobrecostes adicionales derivados de la forzada extensión de la “vida en servicio” de ciertos sistemas por retrasos en los programas que los deberían reemplazar.

Y sin embargo, aún puede ser peor. No sólo es que estén pensando en cómo solucionar el problema por la vía rápida (condonación de la deuda) sino que ya están maquinando cuáles serán los nuevos programas. Lo que les preocupa no es la deuda contraída, sino la que está por contraerse, es decir, de dónde van a sacar el dinero para financiar nuevos programas sobre los que ya están trabajando (helicópteros, buques, blindados…). Argüelles ha recalcado que la vocación del Gobierno “no es dejar a la defensa hibernada de por vida y sin posibilidad de ir renovando y adecuando su material”.

En los últimos 15 años se han modificado todas las leyes que ha sido menester para permitir que se pudiera comprar armamento gracias a la venta de los numerosos inmuebles y terrenos de los que era propietario el Ministerio de Defensa (se estima que unos 15 millones de metros cuadrados de terrenos y unas 50.000 viviendas, además de otras propiedades).

Sólo entre 1999 y 2010 esta financiación extrapresupuestaria proveniente de la actividad de la GIED (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) y del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas), ahora fusionados en el INVIED, ha generado un crédito superior a los 4.000 millones de euros, que, en su práctica totalidad, han sido destinados a los PEA.

Con la que está cayendo, y a pesar de que el Ministerio de Defensa siempre ha recurrido a la especulación más abyecta con estas propiedades otrora enajenadas a los municipios por el “bien de la defensa nacional” (vendiendo por subasta, contratando a consultoras especializadas en la especulación de inmuebles, modificando el régimen jurídico de los Organismos Autónomos para que pudiesen obrar a su antojo…), temen que el bajón por el que pasa el mercado inmobiliario pueda dejar a los futuros programas sin recursos.

El INVIED ha generado unos ingresos en 2011 que ascienden a 162 millones de euros. Con esta hipótesis de partida, para el período que va de 2011 a 2040, estos ingresos tendrían un valor medio anual de 219 millones de euros corrientes (han tenido en cuenta no sólo la capacidad del organismo de enajenación de inmuebles sino también las nuevas funciones asumidas por el INVIED —utilización y explotación económica y comercial de los bienes de dominio público adscritos al Ministerio de Defensa).

El Consejo de Ministros, además de modificar el techo presupuestario inicial de los programas (lo que ya ha hecho en varias ocasiones) también ha modificado la curva de pagos, lo que generará, a su vez, unos costes financieros que, como podemos ver actualmente, con la prima de riesgo disparada y con una enorme dificultad para captar dinero (los intereses rondan hoy el 7%), pueden suponer un pico.

Para aquellos contratos firmados antes del 30 de abril de2008, si la Administración se demorase en el pago más de dos meses desde la fecha de expedición del documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades adeudadas. Posteriormente, el tipo legal de interés de demora a aplicar será del 8%.

Una proyección optimista (cambio del ciclo económico actual) fija unos intereses de demora de 2.609 millones de euros. Una proyección pesimista (seguir como estamos ahora) dispara esta cantidad hacia nadie sabe dónde.

Concluyendo, estamos ante una mascarada que es un calco de lo que está pasando en el escenario macroeconómico. Al contrario de lo que diría Marx (lo hacen pero no lo saben), estoy convencido de que estos lo hacen y lo saben.

¿En qué se convertirán los casi 40.000 millones actuales en los próximos 28 años que aún pretenden mantenerlos? En ruina.

En nuestras manos está evitar que este tropel de chorizos siga campando por sus respetos.

 

junio 22, 2012

Muñoz: “Botere ekonomiko eta politikoak egunero gezurretan ari dira”

2012/06/21

Adolfo Muñoz “Txiki”, ELAko idazkari nagusiak, Punto y Radio irratian egindako elkarrizketan botere ekonomiko eta politikoek gure herriaren gehiengoaren txirotasuna bilatzen dutela, azpimarratu du.

Entzun elkarrizketa osoa

 

Muñoz: “ La mentira preside los comportamientos del poder político y del económico”

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz “Txiki”, en una entrevista realizada ayer en el en Punto y Radio denunció que “la complicidad de la política con el poder económico para empobrecer a todo un pueblo”.

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