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febrero 17, 2012

«Un trabajador podrá estar hasta los 33 años cobrando 500 euros»

Koldo Irurzun – Profesor del derecho al trabajo de la UPV-EHU

La nueva reforma laboral del Gobierno español del PP nos retrotrae «a las relaciones laborales al siglo XIX», manifiesta Koldo Irurzun. Un retroceso que parece que no parará ahí, porque la patronal reclama acotar, por otro lado, el derecho a la huelga. El profesor de la UPV-EHU considera que las clases populares, los trabajadores y la propia sociedad tienen que «recomponer el pacto social que ha saltado por los aires. Esta última reforma es el tiro de gracia», asegura.

Por Juanjo BASTERRA – Gara 17/02/2012

En 35 años, los derechos laborales han sufrido un adelgazamiento extremo. Ocho reformas, incluida esta última, ni han mejorado la calidad del empleo, ni la negociación colectiva ni la contratación, sino todo lo contrario. La última supone «el tiro de gracia» a unos derechos conquistados en décadas a fuerza de lucha, sudor y lágrimas.

¿Qué valoración realiza de esta todavía caliente reforma laboral del Gobierno del PP?

Lo primero que hay que decir es que sirve para distraer la atención de la opinión pública y de los ciudadanos hacia un asunto, que es importante, pero no es el principal para salir de la situación de crisis en la que estamos. El verdadero debate que se tendría que estar produciendo hoy no es sobre la reforma laboral, sino sobre el sistema productivo. En el preámbulo del real decreto nos encontramos con una primera cuestión incierta que es plantear que las reglas laborales son un elemento causante de la crisis. El origen de la crisis no está en las reglas laborales, por lo tanto la solución no está en las mismas, porque sirvieron para que las grandes empresas amasaran grandes fortunas, para que el crecimiento del PIB fuera continuado durante muchos años. El foco está colocado en un lugar que no corresponde.

Esta reforma laboral ¿retuerce todavía más el modelo de relaciones laborales?

Sí, son varias vueltas de tuerca más. Se ahonda y profundiza en una línea delineada por el PSOE. Anteriormente, las vueltas de tuerca más agresivas habían sido del PSOE, sin duda. La reforma de 1994, que afectaba a 65 artículos de los 96 del Estatuto de los Trabajadores, había sido, sin duda, una de las más perjudiciales para la clase trabajadora. Esta va más alla. Nos sitúa ya en un momento en el que pacto social que sostenía al estado de bienestar está demolido. Lo han derrumbado entre PSOE y PP. La clase trabajadora tendrá que pensar cómo lo recompone.

¿Se puede reactivar?

Las clases más conscientes se tienen que replantear cómo recomponen esto, pese a que en el preámbulo, con gran cinismo y demagogia, se diga que es una reforma para todos, y que todos salen beneficiados. El cinismo del preámbulo no tiene límite pese a que se diga todo eso, luego, cuando uno lee los detalles del texto de la reforma, contempla que es regresiva con los trabajadores y, al contrario, es muy favorecedora de las posiciones empresariales.

¿Cuáles son los elementos más regresivos que recoge?

Hay muchos. Por empezar, siguiendo el decreto de la reforma, destacaría el contrato de formación y aprendizaje, que en los años 80 intentó implantar el PSOE y propició una huelga general, conocido como contrato basura. Contrato de máxima precarización, que se extiende hasta los 30 años en una disposición adicional escondida, entre otras muchas, siempre que estemos en una tasa de desempleo superior al 15%. Pueden tener una duración de hasta 3 años. Las generaciones futuras podrían estar trabajando hasta los 33 años con este tipo de contrato.

¿En que condiciones salariales?

Fija un máximo del 75% y 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir unos 500 euros. Es un sueldo de pobreza. En la parte opuesta, en la parte empresarial, las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social llegan al 100%. Es un contrato prácticamente gratuito a efectos de cotización, con un salario reducido y es interesantísimo para los empresarios.

¿Qué dice del contrato sobre los emprendedores?

Se podía imaginar que estaba destinado a alguien que hasta ahora no desarrolla ninguna actividad económica, pero que pone un negocio y le favorecen con una contratación especial. Nada más alejado de la realidad. Se regula supuestamente un contrato para emprendedores destinado al 99,23% de las empresas, según el preámbulo, de cincuenta o menos trabajadores. Es un nuevo contrato, con el envoltorio de algo novedoso, cuando en realidad se trata de un nuevo modelo de contrato precario y para prácticamente cualquier empresa.

¿Qué características tiene?

Establece un periodo de prueba de un año. Sobre eso, hay que decir que desnaturaliza por completo la institución del periodo de prueba. Tenía el sentido de que se podía acreditar las habilidades y competencias del trabajador. Para eso se entiende que el periodo de prueba puede ser de dos o tres meses, seis meses en el peor y más largo de los casos, pero ahora llega a un año. No sería ninguna agresión especial si no fuera por las consecuencias que tiene el periodo de prueba, ni indemnización, como principal consecuencia: se extingue la relación laboral sin indemnización, causa, etc. Estamos ante un nuevo contrato que permite el despido libre. Además, continúa con una suerte de humillación, porque se le propone al trabajador que pague parte de su salario. Es como hay que entender la posibilidad que se da al trabajador para que complete ese salario de pobreza y lo complemente con la utilización del 25% de su prestación por desempleo.

¿Qué otras agresiones impone?

Solo se mantienen las categorías profesionales con lo que las posibilidades de movilidad y flexibilidad aumentan. En materia de modificación de condiciones de trabajo se da pie a una reducción de salarios en las empresas.

¿Los expedientes de regulación pierden el control externo de la autoridad laboral?

Ese es otro problema. El control administrativo de los expedientes de regulación se reduce al simple periodo de consultas y podemos decir que el ERE ha muerto en su sentido original, cuando una autoridad administrativa laboral tutelaba el trámite. Es cierto que esa tramitación estaba desnaturalizada, ya que las autorizaciones administrativa alcanzaban un 90% de las solicitudes. Pero esta reforma introduce su defunción.

¿Por qué introduce la ultraactividad en esta reforma?

Para beneficiar a los empresarios. La institución de la ultraactividad en materia de negociación colectiva lo que planteaba era una equilibrio de fuerzas, una vez finalizado el convenio y mientras no había acuerdo, por lo menos se mantenía el equilibrio anterior, pero en esta reforma se rompe. Ese periodo de prórroga de la vigencia del convenio se mantiene por dos años. Cuando termine el plazo de dos años, caemos en las redes de la regulación legislativa, que cada vez es más tenue. Lanzamos al vacío a los trabajadores.

¿También reduce el coste del despido?

Se reduce a 33 días por 24 mensualidades, en general, para todas las relaciones laborales. Pero un elemento que introduce es que el personal laboral (850.000 trabajadores en el Estado español) de las administraciones públicas entra en el mismo riesgo de destrucción de sus empleos que en la empresa privada cuando se alcancen tres trimestres consecutivos de insuficiencia presupuestaria. Las agresiones son numerosas. Hay otra en cuanto a la negociación colectiva, como es la remisión última y final a la comisión como órgano determinante como inaplicación o descuelgue de condiciones de trabajo. Es un arbitraje forzoso, que tengo dudas de su constitucionalidad.

¿No pone a las empresas demasiado fácil despedir ya sea en época de crisis o en época de bonanza?

La ingeniería financiera va a dar pie para que se puedan fabricar todo tipo de balances a la carta.

El Gobierno español justifica la reforma para equipararnos a Europa, ¿a qué Europa se refiere a Alemania, a Dinamarca…?

En el preámbulo hay una apelación continua a los estados de nuestro entorno, a los mercados, a las instituciones internacionales. Nos señala una pérdida continua de los estándares básicos de democracia. La soberanía está siendo objeto a una dejación absoluta en base a intereses económicos. Lo que hay desde esta reforma es menos democracia, porque hay menos soberanía. Cuando hablamos de equipararnos a Europa no lo hacemos hablando de los salarios mínimos. Se debiera dar en conjunto. Esa técnica del espigueo de sesgar en algunos elementos y otros no, no es aceptable. A mí, más que el modelo alemán, que esboza la patronal, me entusiasma el modelo islandés o el argentino. Y, también, parte de nuestro modelo vasco, que tiene valores como la economía social y el cooperativismo. Son elementos a considerar.

«Es necesaria la movilización social»

¿Hay conciencia social para responder a esta agresión?

Las clases populares tienen que recomponer el pacto social que se ha roto ¿Cómo? En las urnas, en la calle y mediante la autogestión, a partir de modelos productivos de economía social y cooperativismo. Esa recomposición debe llegar a partir de la calle, la huelga y la movilización social. En el Estado español, por la deslegitimación sindical existe una grave dificultad de movilización. Los sindicatos mayoritarios del Estado han provocado su propia deslegitimación. En la medida en que haya menos respuesta y sea menos contundente, su nivel de credibilidad descenderá. Hace que se deslegitime. Entran en una espiral a la que tendrán que responder y supongo que estará conectada a sus problemas financieros.

Y, ¿en Euskal Herria?

En Euskal Herria el sindicalismo está siendo más contundente y es la única posibilidad con que cuentan los trabajadores. Es difícil, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora la organización colectiva históricamente es lo único que ha podido y es la que en su momento puso esos diques y construyó el pacto social que ahora se ha roto. Por lo tanto, la recuperación y la reconstrucción vendrá de la mano de la movilización social. Tal vez no solo de los sindicatos, sino con otros movimientos sociales implicados y que les afecta directamente.

La secretaria general de Confebask, Nuria López de Gereñu, no acepta la huelga y dice que hay que preguntar a los parados, ¿qué opina?

El sujeto representativo de la clase trabajadora son los sindicatos y dentro hay un ejército de desempleados en situación de no actividad, pero integran la misma clase trabajadora. Es cierto que los sindicatos tendrían que hacer un trabajo de conexión con esa parte que se está quedando descolgada. Pero son el sujeto principal, al que se le suman otros afectados. J. B.

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febrero 17, 2012

¿Quién arruina a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo?

Juan Torres López – 17/02/2012

Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80%  del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.

Esa deuda es una losa gigantesca con la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90% del empleo nuevo que se genera en España.

La mayoría de los empresarios y empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan adelante mucho más satisfactoriamente.

Como he dicho, la deuda total con autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010. Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.

Claro que la cosa no puede terminar aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las  pymes (que constituyen el 97% del tejido empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.

Es una prueba más de que la solución ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de la sociedad.

Si no se hace asi, porque siga predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.

Así que estos empresarios que se quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas que evaden sus obligaciones con el fisco.

febrero 17, 2012

Martxoaren 29ko greba orokorreko eskaera aurkeztu da Bilbon eta Iruñean

2012/02/17 – ELA, LAB, ESK, EILAS eta EHNE sindikatuek gaur goizean martxoaren 29rako deitutako greba orokorraren eskaerak egin dituzte erregistroetan. Eskaerak Bilbon, Eusko Jaurlaritzak bertan duen egoitzan, eta Iruñean izan dira, Nafarroako Lan Departamenduaren bulegoan.

Amaia Muñoak, idazkari nagusiaren-albokoak, zera adierazi du. ”Gure ardura eta konpromisoa langile-klasea defenditzea dela, langile-klase guztia: enplegua dutenak eta ez dutenak”.

Bere esanetan, erabaki diren eta iragarri zaizkigun murrizketekin batera, gure eskubide guztiak deuseztatu nahi dituzte. “Erreformaren ondorioz lan-harremanaren arautzetik beste aldi batera goaz, enpresarioaren legera alegia: alde bakarreko erabakiak hartzeko erabateko aukera ematen dio, eta langileak babesik gabe uzten ditu”, gaineratu du.

Muñoaren iritziz, erreformak ez du enplegurik sortuko. “Kaleratzea merkatuta ez da kontratazioa gehitzen; ondorio bakarra kaleratzea erraztu eta merkatzea da”.

Honen aurrean ELAk gure esku dagoen guztia egingo duela azpimarratu du: “odoljario hau geldiarazteko eta gure eskubide laboral zein sozialak berreskuratzeko”.

“Gure erronka da gizartearen gehiengoa, agintzen dutenen erabakiak kaltetutako gehiengoa, erantzuteko kalera dadin. Mobilizazioa oso garrantzitsua da argi zuteko ez gaudela ados; ez garela isilduko. Dena kendu nahi digute, eta gainera bake soziala egotea nahi dute”.

Muñoaren hitzetan “ELAk argi ikusi du: erantzuna antolatu egin behar da, eta hori da Greba Orokorra”. “Lan-esparru bakoitzean antolatzea eta erantzun zabalago bat eratzea, beste gizarte-eredu baten alde gauden erakunde sindikal eta sozialekin batera, eta fiskalitateari, osasungintzako gastuari, irakaskuntzari eta gizarte-babesari buruz proposamen konkretuak plazaratzen ditugun guztiokin”.

Martxoaren 29ko greba orokorreko eskaera aurkeztu da Bilbon eta Iruñean

Martxoaren 29ko greba orokorreko eskaera aurkeztu da Bilbon eta Iruñean

Se ha presentado en Bilbao e Iruñea la convocatoria de huelga para el 29 de marzo

17/02/2012 – Representantes de los sindicatos ELA, LAB, ESK, EILAS y EHNE han reiterado la necesidad de la huelga general “para frenar esta sangría y para recuperar los derechos laborales y sociales”. Esta mañana se ha registrado oficialmente en las Delegaciones de Trabajo de Bilbao e Iruñea la convocatoria de huelga para el 29 de marzo.

Amaia Muñoa, secretaria general adjunta de ELA, ha señalado en Bilbao que “nuestra responsabilidad es la de defender a la clase trabajadora, a toda: a los que tienen empleo y a los que no lo tienen y que la reforma “junto con los recortes salvajes aprobados y anunciados busca arrasar, acabar con todos los derechos que tenemos”.

Para Muñoa supone “pasar de la regulación laboral a la ley del empresario. Se otorga al empresario la capacidad para decidir unilateralmente y se deja al trabajador sin protección”.

“Esto ni ha empezado ahora, ni está terminado, y nuestro reto es que la mayoría de la sociedad que es contra quien se está gobernando responda. La movilización es muy importante para dejar claro que no estamos de acuerdo; que no nos vamos a callar. Ellos quieren quitarnos todo y que además haya paz social”, ha subrayado.

En su opinión, hay que organizar la respuesta, y eso es la huelga general. “Es organizarse en cada ámbito de trabajo y es también articular una respuesta más amplia, con las organizaciones sindicales y sociales que defendemos otro modelo de sociedad y que tenemos propuestas concretas de fiscalidad, gasto en sanidad, educación, protección social”…

febrero 17, 2012

Primer impacto de los recortes en sanidad

Matteo Guainazzi – Observatorio Servicios Públicos ATTAC España

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, FADSP ( http://www.nodo50.org/fadsp/) acaba de publicar un primer “Informe sobre los Recortes Sanitarios en las Comunidades Autónomas”. En promedio, el presupuesto sanitario por habitante desde 2010 ha disminuido en 140,13 € (el 10,4% en Euros “corrientes”, es decir sin tener en cuenta la devaluación del dinero debida a la inflación). Sin embargo, este promedio esconde enormes diferencias entre las Comunidades Autónomas (CCAA), ya que algunas como Baleares han sufrido ya un recorte de casi el 18 % en el trienio 2008-2010. En Madrid y Andalucía el presupuesto se ha mantenido prácticamente estable, frente a CCAA donde la disminución ha sido mayor del 13% (Cataluña y Comunidad Valenciana), hasta llegar al 26,7 % de Castilla La Mancha. Persisten también enormes diferencias en gasto por habitante entre las CCAA, desde los 1557,8 € del País Vasco y los 1495,9 € de Asturias, hasta los menos de mil euros por habitante en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha.

A la disminución de prestaciones debida directamente a los recortes presupuestarios se añaden intervenciones de tipo administrativo que de hecho merman el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública. El informe de la FADSP analiza en particular:

· La disminución de las plantillas, a través del aumento del horario de los trabajadores del sistema sanitario públicos (2,5 horas en Baleares, Madrid, Castilla la Mancha y Valencia); la reducción de los días de asuntos propios y la eliminación de los días adicionales por antigüedad (Valencia y Castilla la Mancha); la disminución de conceptos ligados a las retribuciones (Galicia, Baleares, Valencia y Castilla La Mancha) la disminución de interinidades y contratos eventuales; la cobertura de solo el 10% de las vacantes por jubilación (Galicia); y la reducción del presupuesto de acción social (Baleares).

· La introducción de tasas y copagos, como la tasa para la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Baleares o por extravío en Galicia. En Galicia destaca la decisión de no otorgar la TSI a las personas que no lleven por lo menos 6 meses empadronadas en la Comunidad, así como el retiro de las prestaciones sanitarias a las personas que pierden el derecho a las prestaciones de la seguridad social por paro prolongado. Una propuesta para introducir un copago de 1 € en las recetas sanitarias se encuentra en discusión en el Parlament de Cataluña.

· La reducción de prestaciones, como el cierre de los quirófanos de tarde (Galicia, Canarias, Valencia), la disminución de la atención radiológica y del servicio de ambulancias (Galicia), el impago a centros privados que realizan abortos (Castilla La Mancha), o el pago anticipado por la misma prestación (Baleares).

El objetivo ideológico fundamental (el desmantelamiento de la sanidad pública utilizando el pretexto de la crisis) que hay detrás de estas medidas queda patente por el hecho de que, al mismo tiempo, muchas CCAA están fomentando la privatización de los servicios sanitarios, a pesar de la evidencia que la privatización supone un aumento de los costes para las administraciones y los usuarios, además de una reducción en la calidad de la atención sanitaria. Se incrementan los conciertos y las externalizaciones al sector privado (Canarias), se propician iniciativas de financiación privada para la construcción de centros sanitarios (Galicia, Madrid, Baleares), se ponen en marcha Entidades de Base Asociativa en los centros de salud (Valencia), o –sencillamente y llanamente– se privatizan hospitales hasta ahora públicos (Castilla La Mancha) o servicios administrativos (Galicia). En Cataluña la fragmentación del Instituto Catalán de la Salud en varias empresas autónomas se interpreta como paso previo a su privatización. En Baleares los consorcios de empresas constructoras y bancos son los propietarios de los hospitales de referencia de Mallorca y del futuro en Ibiza, así como los gestores de todos los servicios no-clínicos, por los que cobrarán un alquiler a la sanidad pública durante 30 años además de la hipoteca de los edificios.

Más allá de la disparidad en las políticas llevadas a cabo por las diferentes CCAA se identifica un hilo común: apostar por la insuficiencia económica del sector público frente a la eficiencia en el uso de sus recursos; por la medicalización frente a la promoción de la salud y las políticas de prevención; se abandonan las políticas de incentivación del personal; se privatizan las partes más rentables del sistema sanitario y se introducen barreras de acceso a los servicios asistenciales que merman directamente el principio constitucional del acceso universal.

Esto es solo el comienzo del comienzo”, ha amenazado la Vicepresidenta primera del Gobierno.

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