Archive for febrero 13th, 2012

febrero 13, 2012

Lan eta Negoziazio Kolektiboaren Erreformaren” ELAren balorazioa

Erreformak langile-klasea txirotu eta lan-harremanetan enpresen boterea areagotzen du

2012/02/13

ELAren iritziz joan zen ostiralean Rajoyren gobernuak onartutako lan erreformak langabezia eta pobrezia gehitzea ekarriko du. Nabarmena den bezalaxe erreformaren helburua defentsa kolektiboa ahultzea eta langileak gero eta lan-baldintza okerragoak onar ditzaten makurraraztea da. Egoera honen aurrean, ELAk mobilizazioen erronka onartu egin du.

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febrero 13, 2012

La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

Declaraciones de Juan Torres López en RT TV: La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

10 feb 2012 – rt.com

febrero 13, 2012

Camino al desastre

Andrés Martínez Lorca – 2012/02/13 – Rebelión

La crisis del capitalismo en Europa está llevando al empobrecimiento creciente de amplias masas populares, al hundimiento político de la socialdemocracia que tan buenos servicios le prestó al sistema desde la Guerra Fría y al éxito electoral de los partidos conservadores. Bajo la partitura de los que hace años condujeron a la ruina económica a muchos países de América Latina y apoyaron las dictaduras del Cono Sur, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los grandes bancos ─ que han provocado el desastre financiero que ahoga el crédito y lleva al cierre de empresas y al despido creciente de trabajadores ─, dirigen sin disimulo la política europea.

En España el gobierno del PSOE asumió sin ningún reparo esa política neoliberal cuyos objetivos pueden resumirse en estos puntos: erosión del ya precario Estado de bienestar; privatización creciente de las pocas empresas públicas que quedaban; recorte de salarios y congelación de pensiones; subida de impuestos indirectos; liquidación de gran parte de las pequeñas empresas; desinterés en la persecución del fraude fiscal; protección de las rentas del capital. Tras haberle hecho el trabajo sucio a sus socios del bipartidismo, el PP obtuvo una holgada victoria en las elecciones generales, fruto más bien de la desastrosa política económica del gobierno Zapatero que de las aparentes ventajas de su propio programa electoral. Sin tomar tierra durante toda la campaña, Mariano Rajoy centró todas sus intervenciónes en una fórmula mágica: crear empleo. ¿Qué ha sido de esa promesa?

En su primera intervención ante la Cámara de Diputados, el nuevo presidente de gobierno echó un jarro de agua fría: “este año va a ser malo; en 2012 empeorarán las cifras de paro”. ¡Así que esas tenemos ahora con ustedes en el poder! Según él, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria “respeta escrupulosamente lo pactado con el PSOE” en la llamada reforma exprés de la Constitución, aprobada en agosto pasado con los votos de ambos partidos y que sitúa a los mercados por encima de los ciudadanos.

Como los bancos son quienes en verdad llevan el timón, se han permitido ser más explícitos que el siempre enigmático Rajoy. Según el BBVA, la tasa de paro rondará el 25% hasta… mediados de 2013. “Este año se perderán unos 2.000 empleos diarios. Pensamos que el número de parados llegará a 5.700.000 personas”, ha declarado Rafael Doménech, responsable del banco para la economía española.

Después de estas dramáticas cifras que avergüenzan a la ciudadanía y desprestigian a los dirigentes políticos, el gobierno del PP no ha tomado ninguna medida concreta que impulse la actividad productiva, haga circular el crédito y fomente el empleo. A pesar de encontrarnos en plena recesión, su respuesta ha sido hasta ahora la de reducir la inversión pública, impulsar los recortes presupuestarios, congelar el salario mínimo, facilitar el despido y reducir los derechos laborales. Veamos brevemente su reflejo en los acuerdos del Consejo de Ministros.

A los pocos días de constituirse, el gobierno adoptó unas severas medidas económicas y fiscales que, según puede leerse en El País (día 26 enero de 2012), representan “el mayor ajuste en la historia de España, valorado en 15.189 millones de euros”. Después, aprobó un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria orientado a reducir el gasto público y a proponer sanciones a los eventuales infractores, según explicó a los diputados el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327576506_760804.html

El 3 de febrero se publicó el Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Un análisis detallado y crítico del mismo ha sido llevado a cabo por Juan Torres López y Alberto Garzón en un artículo de lectura recomendada: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144301

Para estos economistas, “la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles”.

Y ahora llega la guinda que corona la tarta de esta antipopular política económica y social: el gobierno ha aprobado por Decreto-ley, es decir, de inmediata entrada en vigor, la anunciada Reforma laboral. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar su texto. Se trata de una verdadera Contrarreforma que echa por tierra los pocos derechos laborales que habían dejado en pie las previas reformas neoliberales dictadas por el gobierno del PSOE. La locuaz vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado con su habitual desparpajo que “marcará un antes y un después en la legislación laboral”. Y así es, por desgracia.

Llama la atención su extensísimo preámbulo de 9 páginas y 7 apartados que es toda una cortina de humo autojustificatoria que bien puede servir como ejemplo de encubrimiento ideológico de unas draconianas medidas antisociales. Además de algunas perlas literarias como la idea de “flexiseguridad” ─ que no es sino una versión postmoderna de la vieja ley del embudo, es decir, la “flexibilidad” a soportar por el trabajador y la “seguridad”

a disfrutar por el empresario─, la tesis central es de una manifiesta inconsistencia lógica. Ante el fracaso de la política económica seguida en España, la consecuencia lógica sería criticarla y cambiarla. Pues no para estos cerebros neocapitalistas en estado puro cuya pirueta sofística (con perdón para los viejos sofistas) concluye con esta luminaria que podemos leer en dicho preámbulo: “La crisis económica ha puesto en evidencia… la insostenibilidad del modelo laboral español”.

Entre los puntos novedosos que contiene el Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, podemos destacar los siguientes: reduce la indemnización por despido improcedente, amplía las causas del despido objetivo, suprime la autorización previa de la administración en los expedientes de regulación de empleo (ERE), favorece la flexibilidad de horarios y la movilidad geográfica, autoriza a las empresas en dificultades a desvincularse de lo pactado en los convenios y permite a las empresas de trabajo temporal (ETT) poder funcionar también como agencias de colocación. El diario La Vanguardia ofrece el siguiente resumen: http://www.lavanguardia.com/economia/20120210/54252850910/reforma-laboral.html

Según anunció con antelación el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, esta reforma iba a ser “extremadamente agresiva”1. Para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en confesiones semipúblicas durante la reciente cumbre de la Unión Europea,“la reforma laboral me va a costar una huelga general”. Por una vez, estoy de acuerdo con ambos políticos conservadores, tanto respecto al juicio de valor del primero como en el arriesgado pronóstico del segundo.

Las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno están hundiendo al país y llevando a la miseria a cientos de miles de familias. Eso lo ve todo el mundo, incluso los defensores a ultranza de este descarnado capitalismo de saqueo exprés. Su aprobación por los dirigentes de la UE, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes bancos confirma a quién benefician.

Pero lo peor de todo es el sistemático desprecio a la inteligencia de la ciudadanía, la mentira contínua a través de los grandes medios al anunciar que los recortes en derechos, en salarios y en inversión pública se hacen… para crear empleo.

Aceptemos de una vez por todas esa repugnante y repetida mentira oficial. Se cierran fábricas para crear empleo, se bajan los sueldos para fomentar el consumo, se reduce la inversión pública para aumentar la productividad, se facilita y abarata el despido también para crear empleo, se pisotean los derechos laborales para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, se destruye lo público para beneficiar… al pueblo.

Y a quien no trague el engaño, ¿cómo se le convence? Con el «consenso a palos» que empleó la policía en la noche del viernes contra los pacíficos manifestantes de la Puerta del Sol.

Nota:

1 El curriculum de este ministro es dificilmente superable desde el punto de vista del neoliberalismo rampante. Entre sus recientes cargos profesionales sobresalen estos: desde 2006, consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director de la filial de ese banco estadounidense en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ese mismo año se incorporó a PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa multinacional especializada en auditoría y consultoría, como responsable de la división financiera. Profesor en la facultad de Económicas de la Universidad de Navarra del Opus Dei desde 2005. Destacado ideólogo en el ámbito económico de la Fundación derechista FAES, presidida por José María Aznar.

febrero 13, 2012

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

Yves Julien/Jérome Duval – 11/02/2012 – cadtm.org

La deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar, reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación, las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o servicios sociales. Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas, especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).

No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.

Por lo tanto, la lógica imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).

El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

En conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.

febrero 13, 2012

La «obra social» de la banca usurera

Patxi Zamora – 2012/02/13 – Gara.net

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50% Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas mediante leyes tercermundistas es insostenible

Pareja con hijos y trabajo estable firma un crédito con entidad bancaria para, previa tasación, la compra de vivienda; para ello la hipoteca y la avala con la de otros familiares. Tras años pagando puntualmente, la pareja queda en el paro y no puede seguir abonando los recibos. Acude al banco y le plantea una moratoria o bien la entrega (dación en pago) de la vivienda. También le ofrece a la entidad la propiedad de la vivienda y que esta se la realquile a precio de mercado. La respuesta es negativa para cualquiera de las posibilidades y se le comunica que, en caso de impago, será desahuciada, sus familiares avalistas también y mantendrá la deuda de por vida. Por su parte, el banco subastará la vivienda (con la nueva modalidad exprés, a través de las notarías, podría autosubastársela por un precio ridículo y revenderla por lo que estime). Así habrá cobrado miles de euros de la hipoteca durante años, se lucrará en la venta tras el desahucio, se apropiará de la vivienda avaladora y mantendrá la deuda de sus clientes.

Las constructoras más importantes han conseguido no pocos contratos millonarios gracias a sobornos a los políticos. ¿Alguien ha visto a sus ejecutivos, que en definitiva fueron los que incitaron a delinquir y entregaron la mordida, acudir a los juzgados a declarar como imputados? Los banqueros Ibarra y Botín, reconociendo implícitamente su delito, descuido según ellos, han tenido que pagar millones de euros por impuestos de cantidades astronómicas evadidas al fisco. Habrá quien me acuse de demagogia, pero la realidad es mucho más cruda. La hipocresía del sistema y sus delincuentes de guante blanco pasean su impunidad ante las tragedias que se están viviendo. No hay estado de derecho cuando existe una justicia para los pobres (ahora les llaman «de escasos recursos») y otra para los próceres de la nación. Y como decía San Agustín, «un país que no tiene Justicia equivale a una banda de ladrones». Con la ley en la mano resulta evidente que la vivienda no es un derecho sino un producto especulativo. A las mismas entidades bancarias que reciben miles de millones de ayudas públicas y que financian generosamente la visita del Papa, ONGs o, como Banca Cívica («nuestra» ex CAN), recogen alimentos para necesitados, no les tiembla el pulso para dejar en la calle a familias sin ingresos por la pérdida de sus puestos de trabajo.

Desde el comienzo de la crisis en 2007, en Euskal Herria se han llevado a cabo unas 7.400 ejecuciones hipotecarias, 2.700 de ellas en Navarra, la mitad por la fuerza, dejando, en cada una de ellas, a una familia sin casa y otra casa deshabitada. En el Estado español 70 mil pierden su vivienda cada año. La causa no es otra que la deriva financiera del capitalismo que ya estudiara Carlos Marx, todavía tan vigente en sus análisis. Una economía de casino legalizada al servicio de gangsters que son adulados por reyes y gobernantes prestos a seguir sus directrices y su ejemplo.

Entre 1997 y 2007 el coste de la vivienda libre se triplicó artificialmente al tiempo que no existe en el mundo estado con tantas viviendas vacías (6 millones según el INE). Los años del «todo urbanizable» y los créditos fáciles para el negocio de la venta de hipotecas en la Bolsa (una locura tramposa, jugar con las hipotecas como si ya estuvieran cobradas) han derivado en la mayor crisis conocida, agudizada por los indecentes sueldos y dietas de ejecutivos y cargos públicos que, junto a los dividendos a los especuladores, se jalaron todos los beneficios del boom.

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50%, mientras la mayoría perdía poder adquisitivo real. Diversos expertos reclamaron al gobierno en 2007 que adquiriera parte de las viviendas y creara un parque público de alquiler. En otros países que sufrieron similares circunstancias, las entidades financieras pusieron en el mercado (venta y alquiler) ese stock de viviendas a unos precios moderados y les dieron salida. Asumieron unas pérdidas, pero les permitió volver a funcionar. En el reino borbónico pretenden subsanar las deudas provocadas por esos activos inmobiliarios «tóxicos» solo con las ayudas públicas a las entidades financieras, que continúan repartiendo dividendos.

Frente a estos abusos nacen las PAH (plataformas de afectados por las hipotecas), asambleas autónomas que pretenden aportarles defensa jurídica y apoyo, negociando con los bancos e intentando frenar los desahucios con plantes y reocupaciones. Además, las PAH impulsan una Iniciativa Legislativa Popular que recoja la dación en pago (liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves) y una moratoria para los desahucios.

Está en manos de la presión social poner fin a este sinsentido que permite a los usureros acumular viviendas envenenando el problema de la burbuja inmobiliaria. La ley debe orientarse hacia el bienestar social, a luchar contra la especulación y a proteger el arrendamiento como fórmula de futuro. Porque las raíces del «propietarismo» y la alergia al alquiler hay que buscarlas en la ley del suelo de 1956 -el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos- que hizo extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler.

El poder del complejo inmobiliario financiero parece invencible. Pero la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y experien- cias como las PAH han puesto en marcha una lucha justa, con propuestas llenas de sentido común que van a sumar cada día nuevas solidaridades. Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas, mediante leyes tercermundistas que favorecen a la delincuencia especulativa, es insostenible. La usura del siglo XXI merece que movimientos sociales, sindicales, políticos y la ciudadanía se impliquen para combatirla.

febrero 13, 2012

Ante la reforma laboral y el gélido frío de febrero, volvamos al calor de la lucha

Sandra Ezquerra – 11/02/2012  –

Las portadas de los periódicos, las redes sociales, las tertulias radiofónicas y los programas televisivos vienen hoy todos cargados de información, celebraciones y, sobre todo, enérgicos rechazos de la recién aprobada reforma laboral del nuevo gobierno. En líneas generales la “extremadamente agresiva” reforma constituye el ataque más lesivo contra los derechos de los y las trabajadoras asalariadas del Estado español en los últimos 40 años: el gobierno instaura el despido casi gratuito, rebaja la indemnización por despido a 20 días por año trabajado en la mayoría de los casos, reduce el tope de mensualidades a cobrar en caso de pérdida de empleo, elimina el requisito de autorización de la Autoridad Laboral de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), limita severamente la cobertura de los convenios colectivos y pone en peligro la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras en la función pública.

Si bien todas estas medidas constituirán, como cínicamente afirma Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después” en la regulación del mercado laboral, la reforma laboral introduce otro elemento que, a riesgo de ser invisibilizado tras las duras agresiones en torno al despido y la negociación colectiva, debería ser también objeto principal de análisis y, cómo no, de crítica. Me refiero al “impulso” que el gobierno se dispone a dar a que las personas en situación de desempleo realicen servicios “de interés general en beneficio de la comunidad” mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas.

La apuesta de hacer a las personas receptoras de prestaciones públicas trabajar por ellas no es nueva: fue la esencia de la cruda reforma del estado del bienestar de Bill Clinton en 1996 y desde entonces se ha introducido en las regulaciones sociales y laborales de no pocos países occidentales. El objetivo práctico es sencillo, reducir los costes presupuestarios de las alarmante tasas de desempleo y hacer que las personas en paro trabajen para justificar la ayuda recibida. El objetivo ideológico no podría ser más contraproducente para las clases trabajadoras: consolidar la noción neoliberal del y la desempleada como insostenible carga al erario público y culpable de su propia desdicha. Así, esta medida concreta es profundamente perversa en varios sentidos:

En primer lugar, independientemente de los eufemismos utilizados por el gobierno, significa que se hará trabajar a personas en situación de desempleo para justificar la recepción de una prestación que han pagado ampliamente con anterioridad mediante su participación y cotización en el mercado de trabajo remunerado. Lo que no queda claro son las condiciones laborales y de trabajo bajo las que estas personas llevarán a cabo sus tareas. Por otro lado, resulta de vital importancia recordar que las personas paradas no reciben ayudas caritativas de las administraciones públicas sino que obtienen una prestación económica proveniente de la suma de las cotizaciones de todas las cotizaciones, incluidas la suya, de las personas asalariadas en la economía formal. Con la reforma laboral los y las trabajadoras pagarán por su propio paro dos veces: mediante sus cotizaciones pasadas y mediante los “servicios” que se vean obligadas a ofrecer para poder obtener la prestación.

En segundo lugar, el gobierno anuncia que las personas desempleadas realizarán “servicios de interés general en beneficio de la comunidad”. Dejando de lado la verborrea oficial, este tipo de servicios es lo que hasta hace poco toda hija de vecino llamaba estado del bienestar, el mismo estado de bienestar que la clase política lleva años desmantelando. De esta manera, no sólo se eliminan derechos y apoyos públicos cada día en nombre del crecimiento económico y la llamada crisis de la deuda retornando la responsabilidad de garantizarlos de manera gratuita al seno de las familias, sino que además, a partir de ahora, las mismas familias que se han visto obligadas a hacer mil malabarismos para compensar la pérdida de apoyo público, se encontrarán en la situación de que alguno(s) de su(s) miembro(s) sin empleo tiene(n) que trabajar para pagarse el paro realizando servicios que, como resultado de los recortes, ha(n) dejado de recibir.

En tercer lugar, esta medida va encaminada a incrementar el ejército de reserva de trabajadores y trabajadoras. La incorporación de personas paradas, previsiblemente en una situación de alta vulnerabilidad “laboral”, a “servicios de interés general” conllevará el despido de trabajadores y trabajadoras de la función pública que en estos momentos realizan estos servicios y/o compensará, de manera gratuita para la administración, los despidos masivos de este tipo de profesionales llevados a cabo en los últimos años y que en el futuro próximo, sin lugar a dudas, el gobierno pretende incrementar. De esta manera, los y las nuevas componentes del ejército de reserva son obligadas a competir con otros y otras trabajadoras por empleos, salarios y otras condiciones laborales. Ello sólo puede derivar en una encarnizada pugna fratricida en el seno de la propia clase trabajadora, así como su amansamiento, con efectos dramáticamente negativos en las condiciones de empleo de todas y todos.

La perversión de la reforma está clara. Lo que no lo está tanto es el calibre nuestra respuesta. Quizás el otoño que tenía que ser tan tórrido acabó siendo decepcionante, pero el cambio de estación se acerca. El frío gélido de febrero anuncia la cercanía de la primavera, y la brutalidad glacial de las políticas del Partido Popular sólo puede ser contrarrestada por el calor de la lucha.

¿A qué estamos esperando?

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