La lucha por nuestros derechos es la lucha por unos servicios públicos para todos

Igor Eizagirre 07/02/2012

Desde mediados de los 90, los servicios públicos están siendo atacados de manera sistemática por los poderes económicos. El motivo o interés de este ataque por parte de esta élite económica es muy claro: hacer negocio y enriquecerse de manera espuria con las necesidades más básicas de la mayoría de la gente.

Estos agentes económicos utilizan todo su poder y todos los medios a su alcanc para desprestigiar los servicios públicos, estigmatizarlos como algo deficiente, y presentar a sus trabajadores/as como unos/as privilegiados/as. Lo hacen con la connivencia necesaria de una clase política absolutamente mediocre; clase que busca el enriquecimiento propio y no el servicio a la ciudadanía.
Recientemente nos han visitado dirigentes del sindicato argentino de la CTA. Ellos nos comentaban cómo los periódicos editados aquí relataban una actualidad que, desgraciadamente, se asemeja, sobremanera, a la realidad argentina de los años 90. Durante esa época las políticas neoliberales, teledirigidas por parte del FMI al dirigente de turno, trajeron como consecuencia una privatización bestial de todo lo público, que supuso una pérdida de mas de 350.000 puestos de trabajo estatales (el 50 % del empleo público).
En Hego Euskal Herria, los servicios públicos se han desarrollado muy por debajo de la media europea, siendo el gasto social del 19 % del PIB,     8 puntos menos que la media de la UE. Paralelamente, la recaudación fiscal aquí es 10 puntos inferior a esa misma media, lo que supone que se recauden 6.500 millones de euros menos. Una cifra que se queda en los bolsillos de los propios poderes económicos que están liderando el ataque a los servicios públicos.
Necesidades básicas en materias como Educación, Sanidad o Servicios Sociales no están suficientemente cubiertas. A ello habría que añadir unas condiciones de trabajo precarias, lo que provoca que uno/a de cada tres trabajadores/as de las administraciones vascas tenga un contrato eventual y existan muchos servicios públicos concertados, subcontratados o privatizados, creando, de facto, una administración paralela, en manos privadas, con peores condiciones de trabajo.
Con la excusa de la crisis, el ataque es brutal contra los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. Pretenden  imponernos recortes que suponen, lisa y llanamente, destrucción de empleo, la imposibilidad de realizar sustituciones y el incumplimiento de los acuerdos en materia de estabilidad y empleo, con el despido de trabajadores y trabajadoras que llevan años y años dando servicio a la sociedad vasca. Por otro lado, se destruye empleo subcontratado o se precariza aún más, si cabe, este empleo bajo la amenaza del despido. Atacan, también, derechos conquistados tras muchos años de lucha, como la jornada semanal de 35 horas, que supuso un hito de la lucha de la clase trabajadora de este país.
Pero este ataque no sólo va dirigido contra los trabajadores/as de los servicios públicos; se pretende marcar una referencia a la baja (tema de los complementos de incapacidad para el sector privado, etc…) para el resto de la clase trabajadora, como en su día fue una referencia la consecución de las 35 horas.
Nos encontrarán en la calle. Ante estos ataques, los trabajadores/as de los servicios públicos tenemos que responder. Esta lucha supone pelear por una sociedad mejor, por unos servicios públicos universales y de calidad.
Tenemos que defender, hoy más que nunca, la necesidad de unos servicios públicos para el conjunto de la sociedad. Vamos a socializar nuestras propuestas y confrontar con el modo de hacer política de la administración. Nuestra gente, la gente más necesitada de la sociedad, sabemos que los políticos, aunque muchas veces digan lo contrario, no apuestan por unos servicios públicos universales y de calidad.
Por ello nuestra lucha, la lucha de una enfermera, de una educadora, de un celador, de una administrativa, de una auxiliar por sus condiciones de trabajo es la lucha por una sanidad, por una educación, por unos servicios sociales para todos y todas y de calidad.
Así pues, es más necesario que nunca que todos y todas salgamos a la calle el 9 de febrero contra los recortes y por otras políticas públicas. En este contexto se enmarca, también, la manifestación del 25 de Febrero. Es hora de movilizarse. Nos encontrarán en la calle.

Igor Eizagirre

Secretario general de la federación servicios públicos-Gizalan

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