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febrero 4, 2012

El inicio del inicio de un viaje a ninguna parte

Cualquier persona no versada en cuestiones económicas debe andar aturdida con las continuas menciones al déficit público. A esto, inmediatamente hay que añadir que los ciudadanos están siendo confundidos y engañados con el tema del susodicho déficit. El propósito de este artículo es clarificar lo que significa el déficit y desvelar la manipulación que se está haciendo del mismo.Ante todo, el déficit siempre ha de referenciarse a un período temporal, un año por ejemplo, y por ello se habla del déficit de tal o cual año. Todo ente económico -una persona, familia, empresa, ONG, un ayuntamiento, el Estado, el conjunto de las Administraciones Públicas o, globalmente, un país- registra un déficit cuando, en un periodo de tiempo, sus ingresos son inferiores a los gastos realizados. La diferencia tiene que cubrirse necesariamente generando una deuda. Así, por ejemplo, si en el año uno el conjunto de las Administraciones Públicas –formadas por el Estado, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- ingresan por 100 y gastan por 120, han de generar una deuda de 20. Si, en el año dos, repiten estas cuantías de ingresos y gastos, el déficit será el mismo y habrán de endeudarse por otros 20, de modo que al final del segundo año, a pesar de repetirse el déficit, la deuda acumulada ya es de 40. Si, en el año tres, los gastos son los mismos, pero los ingresos aumentan a 110, el déficit se reducirá a la mitad, a 10, pero la deuda habrá de incrementarse en estos otros 10, hasta 50. En el cuarto año, si los ingresos suben a 120 y los gastos se reducen a 115, habrá un superávit de 5, que se traducirá en una disminución de la deuda hasta un volumen de 45. Como se ve, la deuda en un momento dado, o si se prefiere al final de un año, es la suma de los déficits incurridos menos los superávit registrados en los años anteriores.

Por ello, para calibrar la situación financiera de un ente económico en un momento concreto, pongamos nuevamente de ejemplo a las Administraciones Públicas, hay que considerar y evaluar simultáneamente los déficits generados y el volumen de deuda que se ha acumulado hasta ese momento. Si se han estado registrando déficits públicos considerables y, al mismo tiempo, el conjunto de las Administraciones Públicas ya tiene acumulada una deuda elevada, que suele medirse en relación con el PIB de la economía, se estará en la peor situación de las posibles. Si se ha incurrido en déficits pequeños o, incluso, algún superávit y el volumen de deuda es reducido, se estaría en una buena posición. Las combinaciones posibles son muy variadas y, entre ellas, puede ocurrir que, estando reduciéndose significativamente el déficit, la posición sea muy delicada, debido a que el volumen de deuda acumulado sea muy elevado. En estos momentos los casos así tienen mucho interés porque, estando los gobiernos de los países de la zona euro obsesionados por la reducción de los déficit públicos, el conseguir dicha disminución no mejorará los problemas financieros de fondo, que están generados por el enorme volumen de deuda pública existente.

Lo límites a los déficits públicos que los países podían registrar anualmente y el montante que sus deudas públicas acumuladas podían alcanzar estaban recogidos en las famosas condiciones de convergencia de Maastricht. Son, respectivamente, el 3% y el 60% del PIB. El establecimiento de estos límites era una exigencia razonable para formar parte de la moneda única, teniendo en cuenta que, a partir de la creación del euro, los Estados no tendrían la posibilidad de recurrir a sus propios bancos centrales para financiar los déficits – ni los Estados ni los demás entes públicos tienen ya esta posibilidad histórica de endeudarse con su banco central. Esto es, lo que se llama monetizar la deuda-. Finalmente, en el euro entraron todos los países que así lo quisieron, con independencia de la situación de sus finanzas públicas y del cumplimiento de los criterios establecidos. Esto constituye una de las debilidades originales de la moneda única y uno de los motivos de la actual crisis europea.

Nuestro país, con respecto a estas dos condiciones, entró a formar parte del euro en una situación comparativamente aceptable. En el año 1998, las Administraciones Públicas tuvieron un déficit del 3,2% del PIB, tras unas correcciones realizadas en los años previos, y la deuda pública alcanzaba al final de ese año, en el momento de nacer la moneda común, un montante equivalente al 63,2% del PIB.

En los años siguientes y hasta el 2007, esta situación mejoró progresivamente hasta la eclosión de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008, con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers. Así y como media, en los seis años posteriores a 1999, el déficit público anual fue de sólo el 0,7% del PIB e, incluso, en el trienio 2005-2007 se registró un superávit medio anual del 1,6% del PIB. La deuda pública medida en términos del PIB registró una caída continua, llegando a descender hasta el 36,2% del PIB a finales de 2007 (conviene resaltar e insistir en que éstas son cifras referidas sólo a las Administraciones Públicas, pues en todo el periodo analizado la economía española estuvo generando anualmente importantes déficits con el exterior, con el correspondiente aumento del volumen acumulado de la deuda de nuestro país frente al resto del mundo. Vistas las cifras del comportamiento del sector público, estos hechos hay que atribuirlos fundamentalmente al sector privado de la economía).

La crisis internacional de 2008 cambió abruptamente el panorama y las condiciones en que se desenvolvían las economías de todos los países. No es éste el lugar para describir la crisis ni el impacto que produjo en las principales economías. Sólo dos hechos a destacar: la descomposición de los mercados financieros levantó el manto que cubría los profundos desequilibrios reales y financieros existentes en la zona del euro. La moneda única había gestado una profunda crisis, que estuvo soterrada por la euforia dominante y las facilidades financieras existentes, pero que hubiera estallado con o sin crisis internacional. Para la economía española, y éste es el segundo hecho resaltable, la crisis ha cobrado rasgos tenebrosos como consecuencia del gran endeudamiento frente al exterior en que se había incurrido desde la creación del euro y de la quiebra de un periodo de expansión económica sustentado en la construcción. La socavada situación financiera española quedó descarnadamente puesta de manifiesto y la economía entró en una depresión con efectos harto conocidos.

La incidencia de la crisis financiera internacional, la recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo efectos fulminantes y contundentes en las cuentas públicas. De un superávit del 1,9% el PIB en 2007 se pasó a un déficit del 4,5% en 2008. En los años siguientes, el déficit ascendió al 11,2% en 2009, al 9,3% en 2010 y parece que será algo más del 8% en 2011, frente al 6% proyectado por el gobierno socialista saliente. Éstas son cifras de magnitud históricamente desconocida y que, reflejadas en el montante de deuda pública que ha habido que generar, han hecho pasar el volumen de endeudamiento público desde el mencionado 36,2% del PIB en 2007 hasta el 70% alcanzado al finalizar 2011.

Éste es el marco donde se inicia la política del nuevo gobierno del PP, cuyo objetivo, a pesar de sus declaraciones de que está orientada a promover la recuperación del empleo, se ha centrado desde el primer momento en la corrección del déficit público, dando continuidad a la política que, desde mayo de 2010, vino practicando el anterior gobierno, tras de ceder y someterse a las instrucciones emanadas de las instituciones europeas y los mercados financieros.

El déficit público, en efecto, constituye el eje de la política económica en los últimos tiempos, al punto que ha llevado a una alevosa reforma de la constitución, cocinada en pocos días por el PSOE y el PP, para dejar atado el futuro. A partir de ello es donde hay que desenmascarar la reaccionaria, contraproducente e inútil orientación emprendida.

La corrección del déficit público puede intentarse desde muy variadas combinaciones de ingresos y gastos públicos. Esas combinaciones determinan en buena medida el carácter de la política social y son las que permiten hablar del carácter regresivo de la política social de los últimos gobiernos. Por otra parte, no es discutible que una política fiscal contractiva, como la que implica el intento de reducir el déficit público, acaba teniendo una incidencia depresiva sobre la actividad económica -el anuncio de dos años de recesión, lo que, en las condiciones de paro de nuestra economía, es simplemente pavoroso-. Pero, además, todo intento de reducir el déficit acaba por tener un impacto contraproducente en el propio déficit pues la degradación de la actividad y la demanda acaban repercutiendo en los ingresos y gastos públicos, con lo cual se genera un círculo vicioso difícil de superar. Eso está ocurriendo en la economía española y en otras economías europeas -Grecia, Portugal, Italia, Irlanda -, sometidas al mismo intento de corregir el déficit público como necesidad imperiosa e inútil para apaciguar a los poderes económicos europeos.Por la desconfianza sobre la solvencia de casi todos los países europeos, por la crisis financiera internacional y la particular del euro, los tipos de interés que se ven obligados a pagar los países tienden a crecer y, a veces, a dispararse hasta niveles de estrangulamiento, caso de Grecia. Así, los déficits se ven agravados por la carga de los intereses de la deuda, que, dado su volumen, llegan a alcanzar cifras muy significativas del gasto público de cada país.
Cabría decir que la reducción del déficit público en las circunstancias actuales se presenta como la caza de la liebre, que se aleja a medida que nos aproximamos a ella. Pero, en fin, supongamos que, en el caso de nuestro país, se consigue disminuir el déficit público según los proyectos del gobierno. Gobierno que ya ha titubeado respecto a que sea posible reducirlo al 4,4% del PIB en 2012 (el FMI acaba de prever nada menos que un 6,8%) y anda haciendo gestiones por Europa para que el compromiso del 3% en 2013 se aleje en el tiempo, ante la sospecha de que sea realmente imposible conseguirlo (el FMI pronostica más del doble, el 6,3%).

Supongamos, dándole vuelos a la imaginación, que la cuestión del déficit público entra en vías de solución. Con ello, sin embargo, no se habría resuelto prácticamente ninguno de los problemas que suscitan las cuentas públicas. En lo esencial, todo permanecería intacto como consecuencia del volumen acumulado de endeudamiento del sector público. Cada punto de reducción del déficit anual implica unos 10.000 millones de euros, “de ahorro” dicen los neoliberales, de recortes y ajustes habla la izquierda. Esta cifra, respecto a los 700.000 millones de euros a que asciende actualmente el volumen de endeudamiento público resulta insignificante.

Este endeudamiento, formalizado en deuda pública, en préstamos, créditos u otros pasivos, distribuido entre el Estado y los entes territoriales, y en manos de acreedores nacionales o extranjeros, origina una pesada carga de intereses, impone un calendario de amortizaciones y exige unos proyectos de renovación complejos y difíciles, dadas las nuevas condiciones financieras internacionales, surgidas desde la crisis de 2008 y la pérdida de solvencia de nuestro país. Así lo expresan los mercados a través de la prima de riesgo exigida y las agencias de calificación con la degradación de la asignada a la deuda española. Algunas Comunidades Autónomas han dejado de poder financiarse en los mercados y se ha llegado a decir que la deuda pública del Estado español, al margen de los aleatorios e incontrolados movimientos cotidianos, puede llegar a tener la consideración de bonos basura.

La conclusión de todo lo anterior es que el problema tan traído y llevado del déficit, con todas las dramáticas consecuencias que originan los intentos de reducirlo, no deja de ser más que una pequeña rémora de la situación de las cuentas públicas de economía española. Las estimaciones del FMI elevan al 78% del PIB el volumen que el endeudamiento de las administraciones públicas alcanzará al final de este año y al 84%, al final de 2013, unos 840.000 millones de euros. Se podrá decir que otros países europeos están en situación más complicada: es verdad, pero así les va a esos países y así está Europa, destrozada en una crisis global sin salida.

La solución, si no me equivoco y como he tratado de probar, no puede venir por la vía de los ajustes. Las medidas que serán necesario adoptar serán mucho más truculentas y rupturistas de lo que el gobierno y la sociedad en general imaginan. El panorama es muy sombrío e inquietante en lo económico y en lo social, y, en lo que atañe a las cuentas públicas, será también inevitable plantearse recursos hasta ahora impensables, como acudir a una quita, con lo que ello implica de azuzar el fuego de la crisis europea y del descrédito financiero del país.

El gobierno, como dije al principio, nos engaña y nos confunde. Para justificar la medidas fiscales adoptadas, contrarias a lo recogido en su programa electoral, ha recurrido a decirnos que son excepcionales y temporales, pero, si todo empeora como parece inevitable, no habrá condiciones para dar marcha atrás sino todo lo contrario: nuevas elevaciones de impuestos se justificarán por el lento avance en la corrección del déficit. La liebre se escapa de nuevo. Por otra parte, ha emprendido el camino de los ajustes y recortes, vendiendo que son imprescindibles para remontar la crisis, pero, como hemos visto, los intentos de reducir el déficit son contraproducentes y bastante inútiles. El inicio del inicio de este viaje no lleva a ninguna parte, salvo para degradar continuamente la situación económica y social.

La crisis es devoradora. En menos de un mes, ha dejado la credibilidad del gobierno a los pies de los caballos. La crisis no era una cuestión de la desconfianza que suscitaba el gobierno Zapatero, como insistía Rajoy, y un cambio en el ejecutivo no es la solución. En pocos días, han tenido que cambiar su discurso político y renunciar a su programa electoral, sin que estén sacando al país del abismo sino hundiéndolo cada vez más: no tienen otra propuesta que anunciarnos ajustes y recortes sin límite para el bien de España, no de los españoles. Mientras, respecto a la creación de empleo, ya el gobierno da por hecho, como la cosa más natural y menos evitable del mundo, una recesión de por lo menos dos años que nos garantizará, eso sí, más de 6 millones de parados.

En menos de un mes y bastante más rápidos que Zapatero, los del PP han demostrado ser unos mentirosos compulsivos y unos incompetentes peligrosos.

Pedro Montes es economista. Es miembro de Socialismo 21.

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febrero 4, 2012

Krisiari aurre egiteko jendartea kaltetu? ¿Hay que castigar a la ciudadanía para hacer frente a la crisis?

Iñaki Izagirre (STEE-EILAS)

Hori da behin eta berriro gertatzen ari dena orain arte gauzatu dituzten eta aurrerantzean zehaztu nahi dituzten neurriekin. Aspaldian esan genuen, gehiengo sindikalarekin batera, jasaten ari garen krisiari aurre egiteko ezinbestekoa dela bere jatorriari begiratzea ardurak non dauden jakiteko, gezurrik ez zabaltzeko, irtenbide faltsurik ez saltzeko eta ondorioei benetan aurre egiteko.

Bi hitzetan berretsiko dugu denok dakiguna eta batzuek modu tematian ezkutatu nahi dutena: krisiaren sorrerak espekulazio finantzarioan eta ahalik eta etekin handien denbora laburrenean irabazteko kamarilla bankariek hedatu eta goraipatu duten jardunean eta irizpidean du oinarri nagusia. Beraz, ezinbestekoa da horri erreparatzea eta aurre egitea benetan konponbideak topatzeko asmorik baldin badago. Eta hau da, hain zuzen ere, gobernuek egin nahi ez dutena eta estali nahi dutena; ondorioei begira jarri nahi gaituzte, hor “errazagoa” baitzaie mugitzea, kudeaketan murgilduz eta arazoen konponbideei heldu gabe.

Bankuek, boteretsuek, dirudunek eta espekulatzaileek sortu dute krisia, baina gizartearen gehiengoak jasaten du eta gobernuek “denon artean” ordaindu behar dugula diote. Dagoeneko denon artean ordaindu ditugu miserable horien arinkeriak, milaka milioi euro joan zaizkie banku nagusiei fondo publikoetatik, denon dirutik, “beraiek direlako ekonomiaren motorra”. Nortzuk eta dirutza hori guztia jaso ondoren hipotekatutako hiritarrak kaleratzen dituztenak, autonomoei eta enpresa txikiei maileguak ukatzen dizkietenak, beren fiskalitatea ukitzen bazaie dirua beste alde batera eramango dutela esaten dutenak. Xantaia zale eta diru gose aseezinak dira.

Panorama horren aurrean gobernuak ditugu: tamalez boteretsuen zerbitzura daude eta ez daude prest haien aurka ezer egiteko. Ondorioak kudeatzea da gobernuek gizarte osoaren izenean egin nahi duten gauza bakarra. Horren harira, besterik ezin dela egin errepikatzen dute behin eta berriro eta euren jardunaren oinarrian dauden hiru mezu nagusi luzatzen dituzte: krisia oso gogorra da, ez dago dirurik eta denok jarri behar dugu zerbait arazoa konpontzeko.

Lehenik, krisi egoera oso gogorra dela ez digute azaldu beharrik, gizarte osoa baita guztia biziki jasaten ari dena: kaleratzeak, murrizketak, EREak, soldaten galerak, hipoteken gainkargak… amaiezina da sektore ahulenek bereziki pairatzen duten ondorioen zerrenda.

Bigarren baieztapenarekin gezurraren bideari heltzen diote inolako lotsarik gabe. Dirua egon badago. Betiko estereotipoak alde batera utzita (euren soldatak, propagandak, txantxulloak…), hor daude, adibidez, inposatutako azpiegitura obra erraldoiak, dirutza ikaragarriak eramango dituztenak. Ez al da zilegiago, hauen beharraren eztabaidaz gain, moratoriak aplikatzea eta oinarrizko zerbitzuetara eta gizarte beharretara dedikatzea? Krisi egoeran bagaude, zergatik ez dira aldatzen lehentasunak?

Baina, zoritxarrez, larriagoa da arazoa. Esaten dute dirurik ez dagoela eta ez dute planteatzen diru gehiago izateko aukera. “Dagoen” dirua birbanatu baino ez dute egiten, oinarrizko zerbitzuetan murrizketak eginez, gizarte kohesioa kaltetuz eta denok jarri behar dugula zerbait errepikatuz. Hortik doa hirugarren mezua. Baina badaude diru gehiago biltzeko aukera ezberdinak. Urteak daramatzagu neurri fiskal justuagoak exijituz: iruzur fiskalari aurre egiteko neurri zehatzak ezartzea (diru beltza, paradisu fiskalak, SICAV…), irizpide fiskal progresiboak finkatzea eta aberastasunei zergak handitzea gehiago ordain dezaten, pribilegiorik gabe. Oraindik ez dute inolako arrazoirik eman halako neurririk ez hartzeko, zentzuzko arrazoiez ari gara, noski.

Bost axola indarrean dauden araudiak, legeak, lan hitzarmenak, konpromisoak eta gainontzekoak. Langileon lan baldintzak eta eskubideak jasotzen dituzten lege eta arau multzoen aurrean intsumiso deklaratzen dira gobernuak eta patronalak. Inolako arazorik gabe apurtzen dituzte eta erraztasun gehiago eskatzen dute, oraindik, euren interes soilak defendatzeko.

Probokazio hutsak dira enpresariak inolako lotsarik gabe botatzen ari direnak. Harrotuta daude eskuinak dena oraindik eta errazago jarriko dielako ikusita eta sudur puntan jartzen zaiena esan eta egiten ari dira. Nola ausartzen dira funtzionarioen pribilegioez hitz egitera euren meritu bakarra familia dirudun batean jaio izana edota besteen kontura dirutza eta aberastasun ikaragarriak egin izana baldin bada? Irabaziak izan direnean euren patrikara eraman dutenek eta garai okerrak etorri direnean langileak kaleratu dituztenek hitz egin nahi digute pribilegioez? Esango al die hauei lehendakari jaunak ez erabiltzeko hiritarrak, ez erabiltzeko euren interesak gizarte osoa kaltetzeko?

Konbentzimendu osoa dugu egoera honetan bide bakarra uzten digutela boteretsuek eta haien mendeko diren gobernuek: erantzuten jarraitzea, mobilizatzea, ez dugula halako jokabiderik onartzen adieraztea, badaudela beste moduak krisiari aurre egiteko errepikatzea, gizartearen gehiengoaren beharrak eta interesak kontuan hartu behar direla berrestea, hau da, elkartasuna, kaltetuenekiko hurbiltasuna eta injustizien aurkako borrokaren aldarrikapena parametro hauetan egin ezean babesa emango diegu gobernuei, enpresari eta dirudunei. Ez dugula ezer lortuko? Norbere zilborrari begira gelditzea da ezer ez lortzeko bide nagusia. Ez diezaiegun utz nahi dutena egiten, hori izango baita lehen lorpena.

¿Hay que castigar a la ciudadanía para hacer frente a la crisis?

Esto es lo que están haciendo continuamente, con las decisiones tomadas hasta ahora y las que previsiblemente van a llegar. Ya lo dijimos hace tiempo junto con la mayoría sindical: para hacer frente a la crisis que estamos padeciendo es imprescindible ir a  sus orígenes, buscar las responsabilidades, no  difundir mentiras, no vender falsas soluciones y afrontar las consecuencias seriamente.

Vamos a recordar en dos palabras lo que todos y todas sabemos y que algunos, obstinadamente, quieren esconder: la causa principal de la crisis está en la especulación financiera y en los  comportamientos  practicados y ensalzados por las camarillas bancarias encaminados al logro del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Es necesario tener esto en cuenta si hay un deseo real de encontrar soluciones. Y esto es, precisamente, lo que los gobiernos no quieren hacer y esconden: quieren que miremos a las consecuencias porque ahí les es “más fácil” moverse, enfrascándose en la gestión y sin ocuparse de solucionar los problemas de fondo.

La crisis la han originado los bancos, las y los poderosos y quienes especulan, pero la sufre la mayoría de la sociedad y, mientras, los gobiernos nos dicen que tenemos que pagarla “entre todos”. Ya hemos pagado entre todos las ligerezas de esos miserables. De los fondos públicos, del dinero de todas y todos, han salido miles de millones de euros para los principales bancos, “porque son el motor de la economía”. Precisamente los que, después de recibir ese dineral, dejan en la calle a personas hipotecadas, niegan créditos a autónomos y pequeñas empresas, y amenazan con llevarse el dinero a otra parte si se les toca la fiscalidad. Son chantajistas y codiciosos insaciables.

Ante este panorama los gobiernos se limitan a gestionar las consecuencias y se niegan expresamente a hacer frente a los problemas que están en el origen de la crisis. No dejan de repetir que no se puede hacer otra cosa y  envían tres mensajes principales: la crisis es muy grave, no hay dinero, y todos tenemos que arrimar el hombro para resolver el problema.

Para empezar, no hace falta que nos digan que la situación es muy grave, puesto que la estamos padeciendo: despidos, recortes, EREs, pérdidas salariales, sobrecargas hipotecarias… la lista de consecuencias, que especialmente los sectores más débiles están sufriendo, es inacabable.

Con la segunda afirmación optan directamente por la mentira. Sí que hay dinero. Dejando aparte sus sueldos, propaganda, chanchullos… ahí están, por ejemplo, las gigantescas obras de infraestructura impuestas que nos costarán un dineral increíble. ¿No sería más justo, además del debate de si son necesarias o no, aplicar una moratoria y dedicar esos recursos a servicios básicos y necesidades sociales? Si estamos en situación de crisis, ¿por qué no cambian las prioridades?

Pero, por desgracia, el problema es más grave. Dicen que no hay dinero y no plantean la posibilidad de conseguirlo. Simplemente redistribuyen el dinero “que hay”, recortando los servicios básicos, dañando la cohesión social y repitiendo que todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Por ahí va el tercer mensaje. Pero lo cierto es que hay opciones diferentes para recaudar más dinero. Algunos llevamos años exigiendo medidas fiscales más justas: implantar medidas concretas para hacer frente al fraude fiscal (dinero negro, paraísos fiscales, SICAV…), fijar criterios progresivos y aumentar los impuestos al patrimonio. Este es el camino más efectivo para lograr dinero: que pague quien tenga más, sin privilegios.

Por si esto fuera poco, no les importan las normas, leyes, acuerdos, compromisos y demás que estén en vigor. Gobiernos y patronal se declaran insumisos ante la legislación que recoge nuestros derechos y condiciones laborales. La incumplen sin ningún problema y aún piden más facilidades para defender sus propios intereses.

Las impúdicas declaraciones de los empresarios son una provocación. Están satisfechos con la derecha, pues ven que les va a poner las cosas más fáciles todavía, así que dicen y hacen lo que les viene en gana. ¿Cómo se atreven a hablar de los privilegios de las y los trabajadores del sector público cuando su único mérito es haber nacido en una familia rica o haber hecho fortuna y patrimonio a cuenta de los demás? ¿Nos quieren hablar de privilegios quienes, cuando ha habido beneficios, se los han llevado al bolsillo y cuando han llegado las vacas flacas han despedido a las y los trabajadores? ¿Le dirá a esta gente el señor lehendakari que no utilicen a la ciudadanía, que no utilicen sus intereses en perjuicio de toda la sociedad?

Creemos firmemente que, en este momento, los poderosos y los gobiernos que están bajo su control nos dejan un único camino: seguir respondiendo, movilizarnos, dejar claro que no aceptamos su juego, repetir que hay otras formas de hacer frente a la crisis, reafirmarnos en que hay  que tomar en consideración los intereses y necesidades de la mayoría de la sociedad, es decir, solidaridad, proximidad a los y las más perjudicadas y reivindicación de la lucha contra la injusticia. Si no actuamos con estos parámetros, estaremos amparando a los gobiernos y a los empresarios y adinerados. ¿Que no conseguiremos nada? El mejor camino para no conseguir nada es cruzarse de brazos. No les dejemos hacer lo que les da la gana, y ése será el primer logro.

 

febrero 4, 2012

¿Tributamos como los suecos?

La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.

Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.

Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.

Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.

En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 02/02/2012.

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