¿Cómo se concreta «la dictadura de los mercados»?

Sarean dagoen liburu erraz eta argigarri batetik ateratako zatia/Estracto del libro escrito por Bibiana Mendialdea, Antonio Sanabria, Luis Buendía, Nacho Álvarez y Ricardo Molero Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan. Once respuestas para entender la crisis. Ed. Icaria, 2011.

Los gobiernos emisores de deuda reciben de este modo presiones de sus compradores para que saneen sus cuentas, pero sin perjudicar al capital (ni a las rentas altas que lo detentan). De esta manera, se les apremia a que aumenten sus ingresos, pero solo a través de impuestos que graven proporcionalmente más a los que menos tienen, como el IVA, que ha sido elevado en todos los países europeos que han aplicado ajustes. Pero sobre todo, se les conmina a reducir sus gastos, lo que se traduce en recortes incluso de servicios públicos básicos, como la educación (reduciendo su financiación o subiendo las tasas de matrícula) o la sanidad (cerrando centros de salud o introduciendo el copago de los usuarios). Otras medidas que ayudan a recibir el visto bueno de los mercados y de las autoridades monetarias son las reformas del mercado laboral, al considerar que las medidas de protección de los trabajadores son un obstáculo para los beneficios empresariales y, así, para el crecimiento económico. Se trata del mismo tipo de medidas que se aplicaron en América Latina durante la denominada «década perdida»: con idéntico fin —garantizar el pago de la deuda externa de los países afectados—, durante los años ochenta y parte de los noventa las medidas impuestas por el FMI provocaron el estancamiento económico de la región y un fulgurante aumento de la desigualdad y la pobreza en lo que se ha caracterizado como un «ajuste permanente».
En el caso europeo, la ratificación en junio de 2011 del Pacto del Euro supuso la institucionalización de todas estas medidas. Este Pacto establece que el pago de su deuda (es decir, los ingresos de los acreedores) debe ser la máxima prioridad de los estados, por encima de cualquier otro objetivo de carácter económico o social. Para garantizar que esa prioridad se antepone a cualquier otra, se insiste en su blindaje mediante textos legales vinculantes. Ese, y no otro, es el objetivo que se persigue con la inclusión de un tope máximo para el déficit en la Constitución española.

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