Hacienda recortará 900 millones en sueldos de funcionarios y planea quitar competencias a 5.586 municipios

Iturria: eldiario.es – 2013/05/20

• El Gobierno espera un ahorro de 8.000 millones de euros con la reforma de la administración local.
• La entrada en vigor de la reestructuración, que el Ministerio calcula para el 1 de enero de 2014, quitará a los municipios “ineficientes” con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios.
• La gestión de cementerios, recogida de residuos, el agua potable o la pavimentación de calles, entre otros, quedarán en manos de las diputaciones, a las que irá la financiación y parte del personal municipal.
• Los ayuntamientos quedarían como meros “interlocutores políticos” con las diputaciones hasta que, cinco años después, presenten un plan de viabilidad para recuperar sus competencias.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Efe

Unos 5.586 ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes están a punto de perder la gestión de los servicios que se brindan en sus municipios por “ineficientes”. Esa es una de las consecuencias de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Ministerio de Hacienda presenta este martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “la norma más discutida de todas las que llevamos”, según la ha descrito el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta. Y ya es decir.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado el 15 de febrero en el Consejo de Ministros su tramitación ha sido toda una carrera de obstáculos. No sólo ha provocado el rechazo unánime de la oposición –todos los grupos del Parlamento menos el PP presentaron hace unas semanas un escrito en el que lo rechazaban– sino que también ha generado preocupación entre los propios populares, ya que son muchos los alcaldes del partido que han puesto pegas a los cambios con los que el ministro Cristóbal Montoro planea ahorrar 8.000 millones de euros. Si el establecimiento de baremos para los sueldos de alcaldes y concejales (que dejaría al 82% de ellos sin remuneración alguna) ha levantado ampollas, el desarrollo de medidas de eficiencia como la del coste estándar puede literalmente ‘vaciar’ de funciones al 72% de los Ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes. 

Esto sumado al ahorro que el ministerio de Hacienda pretende obtener de unificar criterios para establecer los sueldos de los empleados públicos. ”En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas”, ha explicado Beteta. Esto significaría un ahorro extra de casi 900 millones de euros, la diferencia entre los 7.129 millones de ahorro con los que se presentó el proyecto y los 8.000 con los que ha acabado su desarrollo. Esto afectaría a los sueldos de los trabajadores de las corporaciones locales y de las diputaciones provinciales.

El ‘coste estándar’ y los “ineficientes”

El ministerio tiene ya una vara para medir la gestión de los ayuntamientos, y aquellos que no cumplan con esos criterios se quedarán sin parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población. Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a estos “estándares de eficiencia”, deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio entra en la ‘lista negra’ también deberá dejar de brindar automáticamente servicios no obligatorios, como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no están obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.

Las competencias las asumirán entonces las diputaciones, a las que irán también el dinero para financiar los servicios (independientemente de si son tasas municipales o de la aportación del Estado) y también parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida. Las diputaciones tendrán la gestión de los trabajadores pero no la titularidad de sus contratos.

Así, los ayuntamientos podrán perder el control de todos o parte de los servicios que brinda. Lo que dejaría algunos de ellos “si no hay ninguna gestión eficiente, con ninguna financiación”, según ha explicado Beteta. Todos tendrán la posibilidad de recuperar sus funciones. Deberán presentar un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión. Aunque para ello deberán pasar cinco años. “Establecimos ese plazo para huir de los ciclos políticos”, ha asegurado Beteta.

El cambio de funciones en las administraciones y la complejidad que supone un entramado de 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores a los que afecta esta ley siembra dudas acerca de que su aplicación sea factible desde el primer momento. La diputación de Ourense “que ya estaba trabajando en este sentido” llevará a cabo una “prueba piloto” durante este año para garantizar que la puesta a punto del sistema en cuanto la ley entre en vigor. “No va a ser fácil pero es preciso avanzar en la senda del déficit publico”, ha zanjado Beteta.

De la reforma laboral a la reforma penal: todos a la cárcel

Iturria: Héctor Illueca / Adoración Guamán – Publico.es – 2013/05/01

Las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas por el Partido Popular están provocando una silenciosa redefinición de las funciones del Estado progresivamente conquistadas luego de un trayecto secular. De manera relativamente rápida, el Estado reduce su intervención social al tiempo que refuerza los dispositivos disciplinarios mediante la intensificación de su intervención penal. Como si fuera una persona arrepentida de haber sobreprotegido a sus hijos, el Estado neoliberal se dispone a tratar severamente a los ciudadanos, criminalizando la miseria y elevando la acción penal a la categoría de función pública prioritaria. De este modo, la cansina apelación al orden público del Gobierno del Partido Popular constituye el reverso inevitable de la normalización del trabajo precario y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Veamos. El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó una reforma laboral que consagraba el abaratamiento del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, con el fin de inducir un violento retroceso salarial y un no menos feroz ajuste de plantillas en las empresas. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, las consecuencias más dramáticas de la acción gubernamental encuentran reflejo en los diferentes datos estadísticos: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 situaba el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73), mientras la última Encuesta de Población Activa eleva el número de parados a un nuevo máximo histórico, 6.202.700 personas, con una tasa de desempleo del 27,16% de la población activa.

Poco después de la aprobación de la reforma laboral, el Ministro del Interior anunció la tramitación de una importante reforma del Código Penal, cuyo principal objetivo parece ser reprimir y criminalizar las crecientes protestas contra las políticas de austeridad. Esta iniciativa, que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial, se encuentra actualmente en sede parlamentaria y, entre otros aspectos, prevé que la resistencia pasiva a las fuerzas de seguridad se considere como delito de atentado a la autoridad, lo que podría abarcar una amplia gama de comportamientos hasta ahora no penalizados: por ejemplo, realizar una sentada colectiva durante una manifestación o encadenarse por los brazos para evitar un desahucio. También se pretende tipificar como delito la difusión por Internet de convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público, lo que probablemente evoca, en la intención del Gobierno, la manifestación acaecida el 15 de mayo de 2011 y las diferentes movilizaciones que la sucedieron.

En nuestra opinión, ambas reformas están relacionadas entre sí y suponen la culminación de un proceso iniciado en la década de los noventa y orientado a la generalización del trabajo precario por medio de la coerción política. O, por expresar la idea con mayor precisión, se trata de sustituir nuestro modesto e incompleto Estado de bienestar por un Estado penal que sea capaz de imponer el trabajo mercantilizado como norma societal. La filosofía que subyace a este proceso es la de un Estado crecientemente invasivo y represor de una población atenazada por el desempleo y la precariedad laboral, que contempla atónita la obscena tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados de la sociedad. De este modo, el progresivo debilitamiento del Estado social conlleva un crecimiento distópico del aparato penal, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Ciertamente, las estadísticas avalan un incremento fulminante de la población reclusa durante los últimos veinte años, coincidiendo con la llegada a nuestro país del llamado neoliberalismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1990 y 2010 la población penitenciaria española prácticamente se duplicó en términos relativos, pasando de 85 a 160 reclusos por cada cien mil habitantes, lo que implica un incremento superior al 90 por ciento. Es muy significativo que la actual hipertrofia carcelaria haya despertado el interés del Defensor del Pueblo, que en reiterados informes ha venido denunciando la masificación y el hacinamiento de los presos como hechos que afectan a la dignidad de las personas y constituyen una pena adicional no prevista por el legislador. A la vista de tales datos, parece que debemos dar la razón a Eduardo Galeano cuando afirmaba que, para dar libertad al dinero, había que encarcelar a la gente.

Partiendo de esta base, la crisis económica que asola nuestro país ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de criminalizar la miseria para acelerar la transición hacia un Estado darwinista que se repliega sobre sus primitivas funciones de mantenimiento del orden público, en detrimento de su actividad tradicional en materia económica y social. En una situación de desempleo masivo y precariedad generalizada, el aparato penal se erige en instrumento imprescindible para someter a los sectores insubordinados y reafirmar el monopolio del Estado sobre la violencia institucionalizada. La mano invisible del mercado, tan cara a la tradición liberal, encubre y disimula un verdadero puño de hierro que concentra la enorme fuerza del Estado hobbesiano para imponer el trabajo precario y recluir o amedrentar a los sectores insumisos del naciente orden social.

Curiosamente, no es la primera vez que el liberalismo radical defiende y estimula la creación de un aparato penal destinado a contener las consecuencias deletéreas de la desregulación social y laboral. La huelga, por ejemplo, constituye un fenómeno social percibido con desconfianza por parte del poder político, que históricamente ha tratado de imponer restricciones o limitaciones de variada naturaleza. Recordemos que en una primera etapa era considerada como delito en los Códigos penales europeos, prolongándose tal situación hasta bien entrado el siglo XIX. El reconocimiento legal del derecho de huelga se produjo posteriormente, tras una larga historia de violencia y represión de la que el movimiento obrero fue especialmente víctima. Importantes personalidades liberales como Lloyd George, Theodore Roosevelt o Walter Lippmann, por citar sólo algunos ejemplos, invocaron y justificaron la violenta represión de los trabajadores mientras defendían el principio de intervención mínima en la economía.

Al igual que sus predecesores, los ideólogos neoliberales apelan abiertamente a la violencia del Estado para reprimir o contener los efectos devastadores del laissez-faire. En esta ocasión, sin embargo, los destinatarios de la oleada represiva no son sólo los sindicatos de trabajadores, sino también, y preferentemente, los sectores populares que están protagonizando las diferentes luchas sociales desencadenadas por la crisis: desempleados, estudiantes, trabajadores precarios, hombres y mujeres que lo han perdido todo y están viviendo esta época como un profundo terremoto social y cultural. La anunciada reforma del Código Penal o el intento de criminalización de los escraches protagonizados por la PAH son sólo una muestra de la nueva doxa punitiva concebida para atenazar a las regiones inferiores de nuestro espacio social.

Ya no es posible ocultar que las razzias policiales observadas en Valencia, Madrid o Barcelona persiguen objetivos políticos y mediáticos, mucho más que judiciales. La respuesta gubernamental al creciente y justificado enojo ciudadano es el recurso al uso generalizado o la amenaza de la fuerza como medio de dominación. La crisis de legitimidad se extiende a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Es muy importante que todos comprendamos que las políticas de austeridad no sólo ponen en entredicho los derechos económicos y laborales conquistados durante generaciones, sino también los derechos políticos reconocidos al término de la dictadura. O, por decirlo con otras palabras, la salida de la crisis que el Partido Popular está tratando de imponer no sólo es incompatible con el Estado de bienestar, sino también, y fundamentalmente, con la democracia.

Héctor Illueca Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Los trabajadores afectados por ERE suben un 30,7% en un año de reforma laboral

Iturria: kaos / Agencias – 2013/04/28

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentaron un 30,7% hasta febrero en comparación con el mismo periodo de 2013.

En concreto, un total de 82.582 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los dos primeros meses del año, en contraste con los 63.172 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo periodo de 2012, según los últimos datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo.

En ese mismo plazo, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 20,9% en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta sumar 5.736, frente a los 4.742 de un año antes.

Los ERE en los que se alegaron aplicación de medidas económicas se duplicaron en relación a los dos primeros meses de 2012, hasta sumar 4.046 expedientes, casi el 70,5% del total de ERE registrados en el periodo.

Por causas técnicas se autorizaron 92 expedientes, un 43,7% más que un año antes, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 1.517 expedientes, con una subida interanual del 9,5%. Por fuerza mayor hubo 81 ERE, un 14,7% menos que en enero y febrero de 2012.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

LOS ERES NO PACTADOS AUMENTAN UN 42,8%

Del total de expedientes autorizados/comunicados en enero y febrero, 5.359 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 19,6% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 42,8%, hasta sumar 377 expedientes.

De esta forma, los ERE pactados representaron el 93,4% de todos los expedientes comunicados/autorizados en enero y febrero, casi la misma proporción que un año antes, cuando los ERE pactados representaban el 94,4% de todos los expedientes registrados.

De acuerdo con los datos de Empleo, los ERE pactados afectaron a 70.535 trabajadores, un 23% más, en tanto que los no pactados englobaron a 12.047 trabajadores, más del doble que hace un año.

Los ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 19,3% hasta febrero de este año, hasta sumar 936 expedientes, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 7,6%, hasta los 2.529, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 41,2%, situándose en 2.271 expedientes.

Así, en enero y febrero de 2013, los ERE de suspensión suponían el 39,5% de los expedientes comunicados/autorizados y los de reducción de jornada un 44%, mientras que los despidos colectivos sumaban el 16,3%. Un año atrás, estos ERE de extinción eran el 16,5% del total.

Por su parte, los trabajadores afectados por ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 13,9% hasta febrero de este año, con 12.635 personas, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 39,2%, hasta los 54.377, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 19,5%, situándose en 15.570 empleados.

Empleo considera que estos datos demuestran que se mantiene la tendencia a la moderación del peso de las extinciones de contratos sobre el total. Así, destaca que los trabajadores afectados por ERE sólo en febrero descendieron un 21,6%, hasta las 36.273 personas.

La mayor parte de los ERE autorizados/comunicados hasta febrero  provenía del sector servicios (3.295, un 43,6% más que en igual periodo de 2012) y la industria (1.563, +1,1%). En la construcción, los expedientes descendieron a 746 (-4,2%) y en la agricultura aumentaron un 9%, hasta los 132 expedientes.

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.

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Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

Carlos Fabra en un mitin. / PPCV

La propuesta educativa: privatizar la FP y sustituir becas por “préstamos del Estado a bajo interés”

Iturria: vozpopuli.com – 2013/04/05

La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos

La lucha contra el paro juvenil pasa también por una reforma del sistema educativo, diagnostica la OCDE en su informe sobre el paro entre los más jóvenes en España. Además de reformar el mercado laboral, la OCDE dicta recetas de reforma educativa en las que apuesta por reforzar la Formación Profesional. Sin embargo, el organismo sostiene que no puede depender completamente de fondos públicos y apuesta por fórmulas semi-privadas: “sería más eficiente –afirman las conclusiones– que el coste fuera soportado por el gobierno, los empleadores y los estudiantes, de acuerdo con los beneficios que obtienen del sistema”.

A cambio, las empresas ganarían influencia sobre el plan de estudios de los jóvenes y deberían poder aprovechar más los llamados “contratos de formación” ya que –según la organización– “la formación profesional no parece responder a las necesidades laborales del país”. Sin embargo, el informe advierte que los planes del Gobierno español de conceder subvenciones en los pagos a la Seguridad Social a las empresas que recurran a contratos de aprendizaje corre un riesgo: “existe la posibilidad de que las compañías abusen del contrato de formación hasta convertirlo en una forma barata de contratar en prácticas para realizar labores de baja cualificación”.

La OCDE, además, plantea otras dos modificaciones a caballo entre la educación y la economía:

• Sustituir las becas por “créditos del Estado a bajo interés” para los estudios universitarios: La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos
• Terminar con la figura del repetidor: La OCDE asegura que el sistema de repetición de cursos vigente en España “crea grandes costes para la sociedad”. Según sus estimaciones, el sistema de repetición de cursos supone un 10% del coste total destinado a educación primaria y secundaria en España. Por ello, concluye la organización, “debieran tomarse medidas para evitar la repetición de cursos”, algo en lo que ya trabaja la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert.

FOTO:EFE

32.000 millones de deuda estatal en programas de armamento

Iturria: diagonalperiodico.net / Ana Adela Rubio – 2013/03/05

El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013

El Gobierno ha anunciado una revisión de la estrategia de seguridad que endurece la posición en Marruecos y que elude intervenir sobre el endeudamiento del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de 2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.

Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera, y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.

El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta ahora ha generado 32.000 millones, que suponen un 3,6% del total de la deuda pública del Estado. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los Programas Especiales de Arma­mentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.

Más gasto militar

El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700 millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs “se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.

Control mediterráneo

Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente, quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.

Ceuta y Melilla

A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.

Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan, que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad autónoma.

Enterrada la Alianza de Civiliza­ciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España depende hasta en un 45% para su consumo energético.

Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi

Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.

 

Olmo Calvo

 

Escrache

Iturria: Javier Gallego / Eldiario.es – 2013/03/28

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.  

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello. 

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. 

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huis de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de  escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de “desahuciado” en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

• Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
• Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
• Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
• Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
• Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

Martxoaren 2an LOMCEren aurkako manifestazioak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan

Prentsaurreko bitartez, hezkuntzako langile, guraso eta ikasleen ordezkaritzak Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egin die LOMCEri aurre egitera eta gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera. Deialdia ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak eta Sortzen-Ikasbatuazek egin dute, baina hezkuntza-komunitate osoari eta jendarteari egiten diote gonbitea larunbatean LOMCEren aurka kalera irteteko.

Azken urte eta hilabeteetan hezkuntza komunitatea eta euskal jendartea, orohar, izugarrizko erasoak pairatzen ari da. Espainiar Estatuko gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak inposaturiko dekretuen bidez eta toki eta modu ezberdinetan ezartzen ari diren murrizketak direla eta, hezkuntzako langileak, ikasleak, gurasoak eta jendarte osoa hezkuntza kalitatearen kaltetzea eta funtsezko ditugun zerbitzu publikoen suntsiketa pairatzen ari gara.

Hartzen ari diren neurrien guztiz bestelako norantzan, Euskal Herriko hezkuntzak murrizketa neurriak alde batera utzi eta baliabide eta inbertsio handiagoak behar ditu.

Euskal Herriko hezkuntzaren eraso bide honetan azkena, eta benetan larria, Wert Hezkuntza Ministroak inposatu nahi duen LOMCE aurreproiektua da.

Asko izaten ari dira azken hilabete eta asteetan inposizio saiakera honen aurrean bere kritika eta aurkako jarrera agertzen ari diren eragile eta erakundeak. Gure ustetan, hezkuntza erreforma hau gure ikasgeletan sar ez dadin hezkuntza komunitatearen eta jendarte osoaren erantzun sendo eta zabala beharrezkoak dira.

Izan ere, gure ustetan, hezkuntza-Lege aurreproiektu horrek:

• Estatuaren berzentralizazioa eta Euskal Herrian gure hezkuntza erabakitzerako orduan erabateko muga inposatzea bilatzen du (curriculum propioa are gehiago mugatuz, edukiak Madrildik finkatuz, ebaluazio sistemak zentralizatuz…)
• Gure nortasun, eskubide eta hezkuntza sistemaren ardatz beharko lukeen euskarari eraso zuzena suposatzen du. Lege aurreproiektu horrekin euskara bigarren mailako hizkuntza izatera pasako bailitzateke eta hezkuntza sisteman bere ezagutza eta erabilera inola ere ez litzateke bermatuko, azken urte luzetan emaniko pausoak guztiz baliogabetuz.
• Merkatu eta enpresen zerbitzura jarriaz hezkuntza merkantilizatzeko urrats oso larria suposatzen du, hezkuntzaren helburu beharko luken pertsonaren eta jendartearen garapena guztiz perbertituz (horen adibide dira DBHko aldaketak, hezkuntza ibilbideen aukeraketa aurreratzea, hautazko materien gutxitzea, Lanbide Heziketa birmoldatzea, unibertsitateko hauta frogak unibertsitateen esku uztea…).
• Espainiar Estatuaren uniformazioa, espainolizazioa eta baliorik atzerakoienak oinarritzat hartuz adoktrinamentu ideologiko, politiko eta erlijiosorako bidea irekitzen du, modu berean, hezkuntza segregatzaile eta klasista bultzatuz.
• Ikasleen garapen pertsonala, heziketa integrala eta aukera berdintasuna mugatzen du, oso goiz emaitza akademikoen baitan hezkuntza ibilbideak finkatzera derrigortuz.
• Hezkuntza tokian tokiko beharretara egokitzeko moduak eta garapen pertsonal eta ebaluazio pertsonalizaturako aukerak mugatzen ditu eta ikastetxe eta irakasleen lanarekiko muga eta mesfidantza handitzen du, Espainiar Estatuak erabakitako irizpideen baitan derrigorrezko azterketa orokorrak ipiniz eta “kanpotik” eginiko ebaluazioak ezarriz.
• Hezkuntza komunitatearen partehartzeko aukera eta bideak murrizten ditu, hezkuntzan eragile ezberdinen partehartzea mugatuz eta ikastetxetako kudeaketa demokratikoa oztopatuz.
• Zerbitzu publikoak pribatizatzeko aukera areagotzen du.

Hau guztia honela, agiri hau babesten dugun eragile eta erakundeok ez dugu inola ere gure herriko hezkuntzan inolako murrizketarik onartzen eta ez gaude prest LOMCE aurreproiektuak inposatu nahi dituen atzerapausoak onartzeko. Guztiz bestela, gure hezkuntza sistemak baliabide eta inbertsio handiagoa behar ditu eta inolako injerentziarik gabe euskal hezkuntza eragileok eta euskal jendarteak erabaki behar dugu nolako hezkuntza behar eta nahi dugun. Horregatik:

• Hezkuntza erreforma aurreproiektu honen aurka agertzen gara inposatzailea, zentralizatzailea, uniformatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista delako.
• Hego Euskal Herriko gobernuei, Nafarroako Gobernuari nahiz Eusko Jaurlaritzari, eta alderdi politikoei murrizketa politikei eta lege aurreproiektu honi aurre egitea eta gure herrian ez ezartzea eskatzen diegu.
• Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egiten diogu gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera.

Hau guztia salatu eta aldarrikatzeko, modu berezian egiten diegu dei eragile eta herritar guztiei, datorren larunbatean, martxoaren 2an, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo diren manifestazioetan parte hartzera.

Manifak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan:

Iruñean, 17:30etan Autobus Geltokitik
Bilbon, 17:30etan Jesusen Bihotzetik
Gasteizen, 19:00etan Bilbo Plazatik
Donostian, 17:30etan Bulebarretik

Manifestaciones 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria en protesta por la LOMCE

En rueda de prensa ofrecida el 25/02/2013, una representación las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, de madres y padres y alumnas y alumnos han emplazado a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a mostrar su oposición a la LOMCE y a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria. La convocatoria, realizada por ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak y Sortzen-Ikasbatuaz emplaza a toda la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad a manifestarse este sábado en contra de la LOMCE.

En los últimos años y meses, tanto la comunidad educativa como el conjunto de la sociedad vasca, estamos sufriendo graves ataques. Por medio de los decretos y decisiones que el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco están adoptando y los recortes que de diferente manera se están imponiendo en diferentes sectores, las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, las alumnas y alumnos, las madres y padres y el conjunto de la sociedad estamos padeciendo el deterioro de la calidad de la educación y el desmantelamiento de los servicios públicos básicos.

En dirección contraria a las medidas que se están adoptando, la educación en Euskal Herria necesita abandonar las políticas de recortes y incrementar los recursos y la inversión destinada a ella.

En la senda de ataques contra la educación vasca, el último y extremadamente grave, es el anteproyecto de LOMCE que quiere imponer el ministro de educación Wert.

Están siendo múltiples los agentes y organizaciones que en los últimos meses y semanas están mostrando su crítica y oposición a este intento de imposición. Creemos que es necesaria una respuesta contundente y amplia de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad para que este reforma educativa no se aplique en nuestras aulas.

Consideramos que este anteproyecto de Ley:

• busca la recentralización del Estado y limitar totalmente nuestra capacidad para decidir en Euskal Herria nuestra propia educación (limitando aun más el curriculum, decidiendo los contenidos en Madrid, centralizando los sistemas de evaluación…)
• supone un ataque directo al euskara en cuanto elemento de identidad, derecho y eje de nuestro sistema educativo. Con este anteproyecto de ley el euskara pasaría a ser idioma subsidiario y el sistema educativo de ninguna manera garantizaría su conocimiento y su uso, desandando los pasos dados en los últimos años.
• supone un grave paso hacia la mercantilización de la educación poniéndola al servicio de los mercados y las empresas, pervirtiendo así el objetivo principal de la educación que debiera ser el desarrollo personal y social (son ejemplo de esta deriva los cambios en la ESO, el adelanto en la elección de los itinerarios educativos, la reducción de las materias optativas, la reestructuración de la FP, que las pruebas de selección para el acceso a la universidad queden en manos de las universidades…).
• basándose en los valores más conservadores, abre el camino para el adoctrinamiento ideológico, político y religioso, la españolización y la uniformización del estado español e impulsa una educación segregadora y clasista.
• obligando a decidir muy tempranamente los itinerarios educativos, limita el desarrollo personal de las alumnas y alumnos, la educación integral y la igualdad de oportunidades.
• imponiendo exámenes generales obligatorios y evaluaciones “externas” en función de los criterios impuestos por el estado español, limita las posibilidades para adecuar la educación a las necesidades locales, las posibilidades para la evaluación personalizada y el desarrollo personal, e incrementa los límites y la desconfianza respecto a la labor de los centros educativos y el trabajo de las y los profesionales.
• limita la participación de los diferentes agentes educativos en la vida de los centros, reduciendo así los cauces y posibilidades de participación de la comunidad educativa e impidiendo la gestión democrática de los centros educativos.
• incrementa las posibilidades para privatizar los servicios públicos.

Siendo esto así, los agentes y organizaciones que apoyamos este manifiesto, no aceptamos ningún tipo de recorte en nuestro sistema educativo y no estamos dispuestos a aceptar ninguno de los retrocesos que el anteproyecto de LOMCE quiere imponer. Justo en sentido contrario, manifestamos que nuestro sistema educativo necesita más recursos y mayor inversión y que los agentes educativos de Euskal Herria y la sociedad vasca debemos decidir la educación que necesitamos y queremos. Por ello:

• Nos oponemos a este anteproyecto de reforma educativa por considerarlo impositor, centralizador, uniformizador, españolizante, regresivo, adoctrinador, segregador y elitista.
• Pedimos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno Vasco, y a los partidos políticos que hagan frente a las políticas de recorte y este anteproyecto de ley y no lo impongan en nuestro pueblo.
• Emplazamos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria.

Para denunciar esta imposición y sozializar nuestras reivindicaciones, llamamos a todos los agentes educativos y el conjunto de la ciudadanía a participar en las manifestaciones que tendrán lugar el próximo sábado, 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Manifestaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria:

Iruñea, 17:30 desde la antigua Estación de Autobuses
Bilbo, 17:30 desde el Sagrado Corazón
Gasteiz, 19:00 desde la Plaza Bilbao
Donostia, 17:30 desde el Boulevard