¿Por qué sigue aumentando el paro en España?

Iturria: Eduardo Garzón / Saque de Esquina – 2013/04/25

La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013 ha revelado que el desempleo afecta a 6.202.700 de personas, lo que supone una tasa de paro del 27,16%. Esta tasa de desempleo no ha dejado de aumentar desde junio de 2007. Sin embargo, su ritmo de crecimiento no ha sido siempre el mismo: podemos distinguir tres etapas claramente diferenciadas que quedan expuestas en el siguiente gráfico.

Pese a llevar meses mostrando signos de debilidad, el sector inmobiliario no colapsó totalmente hasta la primavera de 2008, cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fue tal que la inmensa mayoría de empresas relacionadas con el sector se vieron gravemente afectadas. Constructoras, promotoras e inmobiliarias detuvieron drásticamente su actividad, dejando a muchísimos trabajadores en la calle y por lo tanto empujando notablemente al alza la tasa de desempleo. Desde una tasa del 9,3% en marzo de 2008 se pasó en tan sólo un año a una del 17,4%. El sobredimensionado sector de la construcción se contrajo brutalmente en esos 12 meses, dejando sin trabajo a tantos profesionales (albañiles, arquitectos, aparejadores, ingenieros, electricistas, fontaneros, etc) que habían vivido de él durante los años anteriores. Es la etapa reflejada en el gráfico entre las dos primeras líneas verticales: el crack inmobiliario.

La siguiente etapa queda comprendida entre la segunda y tercera línea vertical del gráfico, y coincide con un crecimiento de la tasa de desempleo bastante más lento. El sector nuclear de la construcción ya había colapsado y no podía arrojar al desempleo a muchos más trabajadores. Sin embargo, es durante esta época cuando la industria relacionada con la actividad de la construcción y la inmobiliaria comienza a verse perjudicada. Los sectores de los muebles, de la instalación de equipos de acondicionamiento y de electrodomésticos, de la decoración, de las agencias inmobiliarias, etc, comienzan a no encontrar clientes y se ven obligados a reducir su tamaño de actividad, para lo cual terminan expulsando a muchos de sus trabajadores. A su vez, otros sectores económicos comienzan a encontrar problemas de financiación debido al cierre del grifo de los bancos y problemas de ventas causados por la caída del consumo debido a su vez a las malas expectativas económicas. Las quiebras de empresas pertenecientes a diferentes sectores empiezan a cobrar importancia, y el desempleo continúa su crecimiento. Sin embargo, este ascenso fue contenido gracias a los planes de impulso a la economía que realizó el gobierno durante esta época. Como resultado, el paro creció pero a un ritmo más moderado que durante los primeros meses de crisis: partiendo de un 17,4% de desempleo en marzo de 2008, la tasa presentó un nivel del 20,9% en mayo de 2011.

A partir de junio de 2011 la cosa cambia. El gobierno de Zapatero decide endurecer la reforma laboralpermitiendo que las empresas puedan despedir cómodamente a sus trabajadores en el caso de que presenten pérdidas transitorias (y no permanentes, como hasta entonces ocurría). La reforma laboral del gobierno de Rajoy en febrero de 2012 no hará sino continuar la senda marcada y facilitar a las empresas el despido de trabajadores. Esta legislación laboral que persigue la expulsión de los empleados para que las empresas sufran el menor coste posible, asociada a los importantes recortes de gasto público que deterioran la demanda efectiva (inversión y consumo), a un aumento de los impuestos regresivos (como el IVA o los impuestos especiales), a la inexistencia de planes de estímulo económico, y al permanente cierre de crédito de los bancos, no hace sino incrementar el ritmo al que aumenta la tasa de desempleo. Desde una tasa del 20,9% en mayo de 2011, nos encontramos con un nivel del 27,2% en abril de 2013.

Queda claro, por lo tanto, que si hoy día aumenta a un ritmo tan elevado el desempleo no se debe a la crisis inmobiliaria (cuyos sectores no pueden expulsar a muchos más trabajadores porque ya no les quedan), ni siquiera a la deficiente estructura productiva de la economía española, sino que los motivos hay que encontrarlos en una legislación laboral extremadamente beligerante con los trabajadores, en unas instituciones financieras zombies que necesitan ser rescatadas pero que no conceden apenas créditos, y a una política económica de recortes y aumento de impuestos regresivos que no hace sino empeorar el consumo privado y las posibilidades de inversión. Así lo refleja un informe del Banco Central Europeo sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales suponen un 63,9% de todos los puestos de trabajo españoles. Este estudio refleja que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas es encontrar clientes, que es consecuencia de la caída del consumo privado y del gasto público. El segundo problema es encontrar financiación debido a que los bancos se niegan rotundamente a ofrecer créditos a la mayoría de las empresas. El tercer problema, de una importancia mucho menor que los dos anteriores, es la necesidad de competir con otras empresas rivales. El cuarto problema en importancia es el debido a los costes laborales y de producción, entre los que destaca el salario y al que paradójicamente el stablishment europeo y español trata de responsabilizar como gran obstáculo para superar la crisis.

 

La mayoría de empresas españolas seguirán cerrando y/o expulsando a sus trabajadores (y por lo tanto el desempleo seguirá aumentando) mientras sus principales problemas no sean resueltos. Recordemos que en este último año las familias y empresas en quiebra han aumentado un 27% respecto a 2011. Y pese a lo que se nos suele decir a través de los medios de comunicación, el problema no es que los trabajadores cobren mucho o que no trabajen suficiente (de hecho los costes salariales caen en picado, especialmente en el último trimestre de 2012); el problema reside en que hoy día las empresas no encuentran clientes ni financiación para proseguir sus actividades. Y ello no se resuelve aprobando feroces reformas laborales ni ayudando a los bancos sin imponerles condiciones, ni recortando en gasto público o aumentando impuestos regresivos, sino precisamente haciendo todo lo contrario. Mientras no se realice un completo viraje en las políticas económicas del gobierno, desgraciadamente seguiremos viendo empresas y familias quebrar y por lo tanto el desempleo aumentar.

Este es el gráfico sobre el paro que Fátima Báñez no quiere que veas

Iturria: Ana Mulet / elcomunista.net – 2013/04/30

Hay un dato sobre el paro en España que es mucho peor que los 6.277.000 desempleados que tenemos en nuestro país según público la última encuesta de la EPA. Lo que realmente es dramático del paro en España es la evolución que está teniendo la duración del paro.

Observad bien el gráfico. En la línea azul celeste tenéis las personas que están en el paro pero que están encontrando trabajo, es el 1% de el aproximadamente 27% de desempleo que tenemos. La línea azul son los parados nos muestra la evolución de los parados que llevan menos de 6 meses sin trabajo. En rojo los que lleva entre 6 y 12 meses y atención porque empieza lo dramático. La línea verde nos muestra la evolución del % de parados que llevan entre 1 y 2 años sin encontrar trabajo y el verdadero drama, lo encontramos en la línea lila, la gente que lleva ya más de dos años sin poder trabajar, y que como podéis ver es la que se está incrementado de forma más exponencial y ya representa el 9% del 27% de la tasa de paro.

Es decir no sólo tenemos una tasa de paro terriblemente elevada del 27%, sino que además tenemos una tasa de paro del 9% que podríamos denominar parados crónicos, con más de dos años sin empleo y que sigue incrementándose a un ritmo vertiginoso. Es decir el 9,2% de nuestra fuerza de trabajo no ha encontrado ningún tipo de empleo en más de dos años. Casi todo el incremento del paro en España desde 2010 lo tenemos prácticamente por el incremento del desempleo de larga duración.

El paro se ha convertido para una gran parte de la población Española en una trampa en la que caes pero de la que parece que no hay salida. En cierto modo han sido expulsados del mercado y de la sociedad y lo peor es que es está cifra precisamente la que sigue en aumento.

La crisis abre un abismo entre las clases altas y bajas en el Estado

Iturria: Lamarea.com – 2013/03/20

Los ricos en España ganan hasta siete veces más que los pobres. Esto supone uno de los indicadores de desigualdad más altos de la Unión Europea, según el informe que ha presentado hoy Cáritas, en el que alerta de que esta distancia ha crecido un 30% en los últimos años. Para explicar estas diferencias, la ONG ha comparado la renta media del 20% de la población más rica con la del 20% más pobre.

La organización denuncia en su trabajo Desigualdad y derechos sociales Análisis y perspectivas que uno de los peores efectos de la crisis es “el incremento severo de la desigualdad social que nos muestra una sociedad fracturada”.

Al analizar el comportamiento de la renta per cápita, el informe constata que las cifras actuales son muy similares a las que existían hace más de diez años. Es decir, la renta de 18.500 euros que en promedio recibieron los españoles en 2012 es muy similar a la de hace diez años, pero con la pérdida adquisitiva que supone el aumento de los precios e impuestos en estos años. Desde 2007, la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%, lo que ha provocado un deterioro de las rentas de los ciudadanos españoles sin parangón en las últimas décadas.

Para los autores del informe, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución, ya que desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.

Pobreza y protección social

El porcentaje de hogares en los que todos sus miembros activos están sin trabajo ha aumentado, del 2,5%, a más del 10% del total. En términos absolutos, ha pasado de 380.000 hogares antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012.

Según Cáritas, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas tasan en un 26,8% el porcentaje de personas en situación de pobreza y exclusión social. Esta pobreza va aparejada de un aumento de hogares sin ingresos que se han duplicado en los últimos cinco años, siendo ya de 630.000. De hecho, casi la mitad de las familias no podría afrontar gastos imprevistos.

Los recortes y las dificultades para acceder a servicios sociales fundamentales son otros problemas que se constatan en el informe. Una de cada tres personas sin empleo no recibe prestación de ningún tipo. Las ejecuciones hipotecarias o las restricciones en la aplicación de la Ley de Dependencia terminan por teñir de negro este panorama desolador de la España de 2013.

Como conclusión, el informe de Cáritas, constata que el nivel de aseguramiento de la sociedad se ha debilitado y las políticas de austeridad han generado más vulnerabilidad en la sociedad. La ONG reivindica que se garantice los derechos sociales de los más débiles.

Desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989

Iturria: Eduardo Garzón / Attac – 2013/03/02

Hay muchas personas que se sorprenden cuando observan el cálculo que realicé y que venía a mostrar la colosal cantidad de dinero que pagan Estados como el español solamente en conceptos de intereses de deuda pública. La sorpresa es, en cierto modo, comprensible, porque cuesta mucho creer que el Estado esté pagando esas cantidades astronómicas por tener que financiarse. Para arrojar más luz sobre el asunto y demostrar que en absoluto se está exagerando, en este post plantearé el problema de los intereses de deuda pública española desde una perspectiva más sencilla.

Cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, necesita cubrir la diferencia (déficit) de algún modo. Hasta mediados de la década de los 70, todos los Estados occidentales solventaban este problema principalmente a través de la creación de dinero oficial. Es decir, el dinero que necesitaban para cubrir el déficit era emitido directamente por el banco central y prestado al Estado (a este proceso se le denomina monetización de la deuda). En el caso de España, el gobierno le pedía al Banco de España que imprimiera dinero nuevo y se lo prestara, y lo hacía con tipos de interés muy reducidos o nulos (de forma que salía barato financiarse).

Con el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods y el ascenso de la ideología neoliberal a mediados de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos capitalistas decidieron prohibir la monetización de la deuda (1); es decir, prohibieron que los bancos centrales prestaran dinero a los gobiernos. Su argumento era que al hacerlo se estaba imprimiendo dinero nuevo sin ton ni son y que podía generar tensiones inflacionistas. Pero este argumento carece totalmente de sentido si tenemos en cuenta la solución que propusieron y que adoptaron casi todos los países: en vez de que el banco central imprimiera dinero para prestárselo a los gobiernos (con tipos de interés reducidos), el banco central pasaría a imprimir dinero a los bancos privados (con tipos de interés reducidos) para que éstos se lo prestaran a los gobiernos (a tipos de interés más elevados). Es decir, que la nueva creación de dinero se seguía produciendo (a través de préstamos del BCE o del dinero-deuda creado por los bancos privados), con la única diferencia de que antes de llegar a manos del gobierno pasa por las manos de los bancos privados, otorgándoles la oportunidad de hacer un bonito y rentable negocio. Antes, el banco central imprimía dinero y se lo prestaba al gobierno a un precio barato; ahora, el banco central imprime el mismo dinero (o más) y se lo presta a los bancos privados para que éstos se lo presten a los gobiernos a un precio elevado. Si esto no es una estafa en toda regla a los Estados –y por lo tanto a todos los ciudadanos– por parte de la élite financiera, que baje Dios y lo vea.

Repasemos un poco el proceso de endeudamiento del Estado. Hoy día, cuando el Estado necesita dinero no tiene más remedio que pedir dinero prestado a los inversionistas privados al tipo de interés que le ofrezcan. Ese tipo de interés será el coste que tendrá que asumir el Estado para financiarse, y al mismo tiempo son las ganancias de los inversionistas privados. Durante cada año, el Estado tiene que ir pagando intereses por haberse endeudado. La cantidad que le prestaron (el principal) lo devolverá cuando llegue la fecha acordada. Si, cuando llegue esa fecha,  el Estado no dispone de suficiente dinero, tendrá que pedir más dinero prestado a otros inversionistas privados. Con el nuevo préstamo cancelará el préstamo anterior, pero tendrá que seguir pagando intereses (cuya cantidad se habrá incrementado). Entonces comprobamos que incluso en el caso de que ese nuevo año el Estado ya no tenga déficit, el montante de la deuda aumentará debido al pago continuo de intereses (que se tienen que pagar cada año) (2). En otras palabras, los intereses de la deuda pública no solo afectan a un año en concreto, sino que afectarán a todos los años sucesivos siempre que el Estado mantenga o aumente su nivel de deuda. Los intereses de deuda pública se van acumulando y obligan a endeudarse cada vez en mayores cantidades. Es el conocido “efecto de bola de nieve”, que se pretende reflejar a continuación.

La zona azul representa la cantidad de dinero que debe el Estado (el montante de deuda pública). La zona roja representa la cantidad de intereses que tiene que pagar cada año. Si suponemos déficit nulo, y un plazo de vencimiento de la deuda de un año, observamos el proceso siguiente: los intereses pagados el año 1 se convierten en montante de deuda el año 2; los intereses pagados el año 2 se convierten en montante de deuda el año 3, y así sucesivamente. A la par, vemos que los intereses van aumentando cada año, lo que otorga al proceso un carácter de crecimiento exponencial (3). A la derecha del dibujo se ha comparado el total de la deuda para el año 5 con la suma de los intereses pagados los años anteriores. Se comprueba claramente que pasado un tiempo la cantidad pagada en concepto de intereses es casi tan elevada como el dinero que efectivamente se debe al final del periodo.

Ahora hagamos una prueba parecida con datos reales del Estado español, para el periodo 1989-2012.

Se puede intuir que: 1) la cantidad de intereses pagados (barra roja) siempre va en aumento; y 2) el montante total de deuda prácticamente aumenta cada año lo que se tiene que pagar de intereses (salvo los años de burbuja inmobiliaria en los que el déficit y los intereses se redujeron y salvo los últimos años en los que el déficit se ha disparado debido a la crisis económica y a los recortes).

Si comparamos todo el dinero que ha pagado el Estado español en concepto de intereses desde el año 1989 hasta la actualidad con el dinero que actualmente debe, es más fácil constatar el enorme expolio al que se ve sometido el Estado por tener que financiarse a través de inversionistas privados:

El Estado español ha pagado en concepto de intereses durante ese periodo el 66,46% de lo que hoy día debe. Pero enfoquémoslo ahora desde otra perspectiva: desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989 (en 1989 debía 97,6 miles de millones de € y desde esa fecha hasta la actualidad, solamente en concepto de intereses ha pagado 418,8 miles de millones de euros). Así se observa claramente el perjuicio que supone a largo plazo tener que pagar intereses elevados: que el montante de la deuda aumenta exponencialmente. Algo que se podría evitar si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados.

Notas:

(1)    Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional ha revelado que en una tercera parte de una muestra de 152 países el banco central todavía puede hacer préstamos al gobierno.

(2)    Recordemos que, en el caso del Estado español, hubo años en los que presentó déficit simplemente por tener que pagar intereses de deuda pública.

(3)    Siempre que el montante de la deuda pública no se vaya reduciendo o los intereses a pagar sean menores, que es lo que sucedió en los últimos años de crisis inmobiliaria para el caso español (2005-2007).

Corrupción, un golpe de estado silencioso

Iturria: Xavier Caño Tamayo / ATTAC – 2013/01/29

Tres cuartas partes de europeos consideran la corrupción como un grave problema en sus países, según sondeos de Eurostat. Y tienen toda la razón.
Hablamos de soborno, de cohecho y de desfachatez de la clase política europea; de desvío del dinero de todos a bolsillo particulares. Hablamos de sobres con dinero negro repartidos a la cúpula dirigente del Partido Popular en el Reino de España durante décadas. Presuntamente. O del desvío de fondos europeos para formación en beneficio de Unió Democrática de Catalunya, partido de la federación que gobierna Cataluña. Y hablamos de 22 millones de euros en cuentas suizas del ex-tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, investigada la corrupción múltiple y prolongada durante años, conocida como ‘trama Gürtel’.
Pero hay más casos de corrupción, muchos más. A día de hoy, los tribunales españoles investigan 24 casos de soborno, cohecho, irregular de cobro de comisiones y otras bicocas ilegales e ilegítimas que afectan a los grandes partidos del país en todos los niveles de la Administración desde la municipal hasta las cercanías de la Casa Real.

Hablamos de que unos 800 cargos públicos y políticos del Reino de España están imputados en casos de corrupción, como denuncia Ángeles López de Celis en El síndrome de Alí Babá. Hablamos de que el Reino de España ocupa en volumen de corrupción el lugar 13 entre los 27 miembros de la Unión Europea. ¿Cómo no ha de ser así si el gobierno parece no reaccionar ante la corrupción? O eso asemeja según el decreto del ministerio de Economía que suaviza los requisitos de honorabilidad para dirigir la banca donde, por primera vez, la condición de condenado por un delito de cuello blanco no es motivo suficiente para impedir que alguien sea banquero. Salvo que el Banco de España diga lo contrario. ¿Es el Banco de España un tribunal?

Hablamos de corrupción penal, pero también moral, ética. Porque, como denuncia Antoni Doménech, “tradicionalmente hubo élites políticas capitalistas con altura de miras y visión general. Ahora lo que hay son élites políticas generadas por el neoliberalismo y sus evidentes puertas giratorias entre el mundo de los grandes negocios y el mundo de la gran política: tipos como Felipe González, Aznar, Schröder, Joschka Fischer, Rodrigo Rato, Strauss-Kahn, Geithner (o cualquier secretario del Tesoro estadounidense de las últimas décadas); todos, todos, hombres de la banca, de Goldman Sachs como Draghi, como Trichet. Son gentes no solo moralmente corrompidas sino peor; gentes de visión corrompida, miopes, idiotas ópticos incapaces de ver más allá de la oportunidad inmediata del negocio”.

Y por eso solo un tercio de 176 países del mundo aprueba el examen de la honradez versus la corrupción, que anualmente realiza Transparency International. Y eso que Transparency solo recoge y analiza quienes ponen la mano, no quienes la llenan, que también son corruptos.
Hasta la tibia y equívoca Comisión Europea reconoce la gravedad del problema. Cecilia Malmström, comisaria europea de Interior, advierte que los resultados de la lucha contra la corrupción en la Unión Europea son muy “insuficientes” y ha recordado que las prácticas corruptas suponen para los ciudadanos un alto coste de unos 120.000 millones de euros anuales. ¿Cuántos recortes, que suelen ser vulneración de derechos, no se hubieran evitado de haber podido disponer de ese dinero en las arcas públicas?

Estamos con el ciudadano Antonio Avendaño cuando indica que “hay algo fácil y visible que cualquier partido puede hacer de hoy a mañana solo con proponérselo: habilitar en sus páginas web una pestaña de ‘Contabilidad y Finanzas’ en la que los ciudadanos, con un simple clic, podamos conocer todos los ingresos y gastos de ese partido”.

Y coincidimos con Manuel Saco cuando denuncia que en España “durante casi 35 años de democracia los escándalos de corrupción han sido un acompañante molesto de la política a todos los niveles. La corrupción sistemática es como un golpe de estado solapado, sin tanques ni fusiles. Cuando los favores y chanchullos bajo cuerda tienen más valor que las leyes y reina la arbitrariedad, se mata el principio sagrado de la igualdad de oportunidades. La corrupción amenaza con acabar con los derechos sociales”.

Pero no solo en el Reino de España. Ese golpe de estado taimado amenaza con devenir endémico.

Doble rasero en la persecución del fraude

Iturria: Olga Rodríguez / eldiario.es – 2013/02/04

Siempre se ha dicho que hay una justicia para pobres y otra para ricos. En determinados sectores sociales existe un consenso que disculpa más fácilmente a un rico que defrauda a Hacienda cantidades elevadas que a una persona económicamente humilde que, para vivir dignamente, obtiene ayudas públicas de forma fraudulenta. Ya se sabe que incluso la normativa existente allana el camino para que los que más recursos tienen puedan pagar menos impuestos.

Hay leyes que ejemplifican esta doble vara de medir. Según varios abogados consultados por eldiario.es, este es el caso de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y en concreto el artículo 307 ter., que sanciona las actuaciones fraudulentas contra acciones protectoras de la Seguridad Social. Sus disposiciones han entrado en vigor el 17 de enero de este año.

El abogado Alejandro Gámez Selma, de la Asociación Libre de Abogados, ha elaborado un texto que denuncia una serie de particularidades del mencionado artículo:

“Lo fundamental es que no existe una cuantía mínima para su comisión, frente a otros casos en los que sí se establece. Además, el tipo agravado surge en los fraudes superiores a 50.000 euros, mientras que en los delitos contra la Hacienda Pública no se establece hasta los fraudes superiores a 600.000 euros”, indica en conversación con este diario.

Es decir, a diferencia del fraude contra la Hacienda Pública, estatal, autonómica o local, que tiene que alcanzar los 120.000 euros de cuota defraudada para tipificarse como delito y castigarse con pena de prisión, este delito de defraudación a la Seguridad Social por disfrute indebido de prestaciones se -desempleo, pensión, invalidez, etc.- castiga desde el primer euro percibido ilegalmente, con una pena que va desde multa equivalente a lo defraudado hasta tres años de prisión.

Además, el tipo agravado para el fraude en prestaciones a la Seguridad Social se establece si el valor de las ayudas cobradas ilícitas es superior a 50.000 euros, con una pena de 2 a 6 años de cárcel, mientras que el tipo agravado para el fraude a Hacienda tiene que alcanzar los 600.000 euros para idéntica pena, o bien ser cometido “en el seno de una organización criminal”, o empleando “entes interpuestos”, “instrumentos fiduciarios” o “paraísos fiscales”.

Por si fuera poco, el cálculo de la cantidad defraudada en caso de delito contra la Hacienda Pública se realiza por cada ejercicio impositivo, mientras que en el caso de los delitos contra la Seguridad Social por percepción indebida de prestaciones se suman todas las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años naturales.

Un doble rasero

Es decir, que si alguien cobra desde hace cinco meses 800 euros de la prestación por desempleo y desde hace tres meses trabaja en B con un sueldo mensual de 500 euros, está cometiendo un delito (Juzgado en sede penal), será castigado con una pena de multa con un mínimo equivalente a lo defraudado y un máximo seis veces mayor, podría exponerse a penas de cárcel de hasta 3 años -ya que la ley no especifica a partir de qué cuantía se aplica cárcel-, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 3 a 6 años y quedará marcado con antecedentes penales.

Además, si el valor de las prestaciones cobradas fuera superior a 50.000 euros constituiría lo que se denomina tipo agravado, que conlleva una pena de dos a seis años de prisión y no tendría derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de cuatro a ocho años.

Sin embargo, si una constructora no ha declarado unas plusvalías en la venta de unos terrenos por las que debería haber ingresado a Hacienda cada año 110.000 euros -440.000 en cuatro años- solo habrá cometido una infracción administrativa.

Gámez Selma lo explica con estos y otros ejemplos:

a/ Nuria tiene varios pisos en propiedad alquilados y productos en mercados financieros por los que debería haber ingresado 80.000 euros a Hacienda, pero no lo ha hecho. Tampoco lo hizo en los tres años anteriores. Son por tanto 320.000 euros que ha dejado de pagar en cuatro año.

b/ Manuel no dijo hace tres años que se había operado con éxito del hígado, pues tenía una enfermedad que le incapacitaba parcialmente. De ese modo siguió cobrando una prestación por incapacidad de 450 euros al mes. Le han pillado ahora, cuando lleva defraudados 16.200 euros al Estado.

Manuel está cometiendo delito y podría ser castigado con penas de cárcel. Sin embargo, Nuria solo ha cometido una infracción administrativa.

“Se sanciona gravemente, en sede penal, comportamientos rayanos en el estado de necesidad mientras se sobreprotege el enriquecimiento ilícito de las altas rentas derivadas de la propiedad privada”, subraya el letrado Gámez Selma.

Desproporción 

En su Exposición de motivos, la ley reformada indica que su finalidad es luchar contra tramas organizadas. “Sin embargo, castiga cualquier fraude en la prestación para uno mismo, sin una cuantía mínima de defraudación”, advierte Jesús Rodríguez Alcázar, magistrado de lo Social nº 1 de Granada. Y relata:

“Hace poco tuve un par de casos relacionados con prestaciones no contributivas. Para que una persona pueda cobrar este tipo de prestaciones su familia tiene que tener un tope de ingresos. Puede que al cabo de un tiempo alguien de la familia reciba una paga extraordinaria y se supere ese tope. Quien recibe la prestación tiene entonces que comunicarlo, pero a veces la gente se olvida, o está mal informada y por eso no lo hace. Hasta ahora lo que ocurría es que se le reclamaba la cantidad y se interrumpe la prestación. Ahora esto se convierte en delito, muchísima gente será castigada por vía penal, aunque haya actuado de forma inconsciente. Y así conductas que no revisten gravedad son delito y además supondrá más trabajo para los juzgados de lo penal”.

“Si comparamos este castigo con el límite establecido para los fraudes a la Hacienda, la desproporción es evidente”, añade el juez.

Doble vara de medir también a la hora de regularizar 

Hay otras cuestiones llamativas: Tanto el fraude a la Hacienda Pública como a la acción protectora de la Seguridad Social dejan de ser perseguibles si el autor regulariza su situación antes de conocer la existencia de un procedimiento administrativo o penal dirigido contra él por estos hechos, pero en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública se prevé que la confesión y devolución de la cantidad en los dos meses siguientes a la citación del defraudador como imputado en el proceso penal permita al Juez rebajar la pena en uno o dos grados.

Esta posibilidad no es contemplada para aquél que defraude a la Seguridad Social cobrando indebidamente sus prestaciones.

En la práctica, esto puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

“Esto supone una criminalización de la pobreza justo en tiempos de carencia, ya que precisamente los ciudadanos en condiciones más necesitadas son potencialmente los principales afectados por esta nueva sanción”, denuncia Gámez Selma.

“Este doble rasero a la hora de sancionar constituye un reconocimiento explícito y sangrantemente vergonzoso de la permisividad y tolerancia de la corrupción por los agentes públicos, en particular de la corrupción de los más acaudalados, es decir, ese porcentaje de ciudadanos y sobre todo empresas que pueden permitirse tener ingresos o beneficios tan altos que la normativa fiscal les imponga el pago de cuotas tan altas como 120.000 euros sin ser siquiera amonestados penalmente por ello”, añade.

Discriminación 

De la misma opinión es Sebastián Martín, profesor de la Facultad de derecho en la Universidad de Sevilla, especialista en historia del derecho penal contemporáneo:

“El artículo no cumple con las exigencias mínimas de seguridad jurídica, otorga a los jueces un poder de disposición sobre las penas propio de un régimen penal autoritario y además incurre en prácticas deleznables aludiendo a las ‘circunstancias personales del autor’ como un elemento decisivo para ponderar la gravedad del fraude, cuando a este respecto habría bastado con una clasificación puramente numérica de las cantidades defraudadas, como ocurre en el caso del delito contra la Hacienda Pública”, señala Martín a eldiario.es

“Hay una justicia para ricos y una para pobres. Frente a casos como el de Bárcenas, vemos cómo alguien es condenado a penas cárcel por haber robado unos cartones de leche. Siempre pagan los de siempre. En este caso, evidentemente se debería haber establecido una cuantía mínima exenta de delito, como la hay en otros casos. No creo que sea intencionado, sino más bien fruto de las típicas chapuzas a la hora de legislar”, señala el abogado Gonzalo Boye, especializado en derecho penal.

“Este delito sanciona a las personas que más necesidad tienen, es decir, a las más vulnerables, que han tenido acceso a una prestación o han estado muy cerca de tenerla”, explica Gámez Selma.

“La discriminación es doble respecto del delito de defraudación de impuestos. Por un lado, objetiva, ya que se castiga como delito desde el primer euro defraudado. Y por otro lado, subjetiva, ya no que no tiene en cuenta las diferentes necesidades del defraudador, por ejemplo, si alguien tiene cargas económicas es posible que se vea obligado a aceptar trabajos en B. Dicho de otra manera: quien roba por hambre es menos ladrón que otros, a los que, sin embargo, se les castigará menos”, añade.

“La base de la reforma del Código Penal supone la violación por parte del Legislador del principio de intervención mínima o ultima ratio del derecho penal. Esto significa que cuando existe la posibilidad de sancionar una conducta por medio de otros órdenes jurisdiccionales, menos lesivos para los derechos de las personas, debe optarse por ellos y dejar el derecho penal para los casos más graves que merecen un reproche social más severo, como es la pena de privación de libertad”, indica la abogada Lorena Ruiz-Huerta, especialista en derecho penal.

Inseguridad jurídica

“Por pequeña que sea la cantidad de la prestación que se reciba (por ejemplo, del subsidio de desempleo), se cometerá el delito, si para obtener la prestación se han simulado o tergiversado los hechos, o se han ocultado conscientemente, provocando error en la Administración. Este tipo básico está castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años”, ha indicado el abogado Jordi Tirvió en una publicación jurídica reciente. Y añade:

“Evidentemente, estos conceptos deberán ser delimitados por los Tribunales, pero lo que es seguro es que nos espera un largo período de inseguridad jurídica, circunstancia agravada por el hecho de que, por la pena asignada al delito, la mayoría de asuntos serán juzgados en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y el proceso finalizará con el recurso de apelación ante las distintas Audiencias Provinciales, lo que dará lugar a abundantes resoluciones dispares”.

En definitiva, una persona que defraude a la Hacienda Pública 110.000 euros -una cifra que desvela que dispone de una cantidad importante de dinero- se verá sancionada con una infracción administrativa. Alguien que cobre, sin tener derecho a ello, el subsidio del desempleo o cualquier otra mínima prestación corre el riesgo de ser castigada con pena de cárcel aunque el fraude haya sido de 400 euros. Es sin duda una doble vara de medir que provoca discriminación.

Que la ley condicione la decisión del juez a “las circunstancias personales del autor” del fraude o que cree un concepto jurídico indeterminado con la expresión “que no revistan especial gravedad” para atenuar el castigo de cárcel supone además una ambigüedad que generará inseguridad jurídica y perjudicará a los más débiles, en un momento en el que crece el número de personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La precariedad en el empleo: las políticas importan

Iturria: Octavio Medina / José Luis Cives - eldiario.es – 2013/01/19

La alta tasa de temporalidad –la llamada “dualidad”- es uno de los rasgos característicos del mercado de trabajo español y uno de sus principales problemas. Si bien este diagnóstico parece ser compartido por un número cada vez mayor de personas, lo cual nos alegra, las vías para su solución no terminan de reunir el consenso que sería deseable. De todas las propuestas, probablemente la más articulada sea la idea de un “contrato único” . Esta propuesta logró reunir un apoyo considerable tanto entre académicos de primera línea, como entre ciudadanos que le prestaron su apoyo en una petición online. Sin embargo, todavía encuentra críticas, algunas de las cuales pensamos pueden darnos la oportunidad para aclarar algunos puntos de la propuesta. Esta es la tarea que intentaremos llevar a cabo en este artículo.

Cuando las tornas no cambiaron

Un argumento común para atacar la idea del contrato único es relativizar la importancia que tienen los costes de despido sugiriendo que estos no son tan onerosos como se plantea a menudo. Losautores argumentan que, a pesar de que allá por los inicios de la crisis en 2008 y 2009 el número de empleos temporales destruidos fue mayor, hoy en día se destruyen más empleos indefinidos que temporales, por lo que las diferencias entre trabajadores y contratos no pueden ser tan grandes. Los números ofrecidos son, por desgracia, un efecto estadístico. Pensamos que lo que importa a la hora de analizar la desigual protección de trabajadores indefinidos y temporales no es la pérdida de empleos absolutos, sino la probabilidad de pérdida de empleo de cada trabajador. Y esta tasa apenas ha cambiado desde que comenzó la crisis, como se puede observar en el gráfico a continuación. De cada 100 trabajadores con contrato temporal en el primer trimestre de 2009, 14 habían perdido su empleo el trimestre siguiente. El número para indefinidos es 7 veces menor, un 2%. Los últimos datos que tenemos son aún peores. En el tercer trimestre de 2012, el 18% de los temporales perdió su empleo. Solo un 2% de los indefinidos perdió el suyo.

Porcentaje de trabajadores que pierden su empleo cada trimestre por tipos de contrato

Porcentaje de trabajadores que pierden su empleo cada trimestre por tipo de contrato

¿Cómo es posible entonces que hayamos pasado de una situación en que el 96% de los empleos destruidos sean temporales a una en que el número de indefinidos que pierden su empleo sea ligeramente superior? Imagínense una jarra de agua de 1 litro a la que se le retira el 15-20% de la cantidad en cada periodo. La cantidad de agua menguará rápidamente, de forma que en el 4º periodo solo quedará medio litro. De igual manera, la cantidad de agua que se retira en cada periodo menguará también, porque un 20% de 1 litro son 200ml y un 20% de medio litro apenas son 100ml. Este es el caso de nuestros trabajadores temporales, una rapidísima disminución del número de empleos, que no varía en porcentaje pero sí en términos absolutos porque cada vez quedan menos empleos. En cambio, los indefinidos son una jarra de 2 litros de la que apenas se retira el 2% de la cantidad cada periodo, unos 20ml. Como pueden imaginarse, llegará un momento en que la cantidad retirada en términos absolutos de la botella de 1 litro sea similar a la que retiramos de la botella de 2 litros, que es lo que ha ocurrido.

La razón por la que se destruyen más empleos indefinidos que temporales a día de hoy en España es que ya se han destruido la mayoría de empleos temporales. Las probabilidades de pérdida de empleo se mantienen más o menos constantes, pero en la jarra de los temporales quedan muy pocos empleos. Las tornas no se han cambiado; los temporales siguen en clara y evidente desventaja.

La fragmentación del ordenamiento jurídico laboral o los inesperados efectos del incrementalismo

La evolución de la legislación laboral en España se puede caracterizar por lo que en política públicas se denomina un patrón “incrementalista”. En la medida en que han ido apareciendo patologías, se han intentado solucionar con cambios marginales –típicamente creación de nuevos contratos y bonificaciones- pero nunca se ha tenido el coraje de tomar la distancia necesaria y enfrentar una reforma global en el marco de un contrato social más justo y más eficiente.

Casi tres décadas de incrementalismo se han traducido en un ordenamiento jurídico muy fragmentado que ha buscado cubrir con regulaciones ad hoc todos y cada uno de lso casos concretos. Así aunque las bonificaciones de los contratos y la precariedad son problemas diferenciados (aunque no independientes), las razones por las que las bonificaciones han resultado estar mal diseñadas reflejan una “filosofía” regulatoria similar a la que ha guiado la creación de contratos atípicos.

En efecto, ambas series de soluciones parten de la idea que es posible solucionar un problema (como el paro joven o la inserción en el mercado laboral) como si se tratara de un caso independiente, sin modificar el resto de la regulación. La problematicidad de querer regular exhaustivamente cada uno de los casos concretos proviene de la dificultad de enumerar de forma suficientemente exhaustiva todos y cada uno de los casos. Esto va a generar dos tipos de problemas. Por un lado, la creación de un estatus especial va a favorecer a unos grupos artificialmente frente a otros, creando los que los economistas llaman un “efecto sustitución”. El hecho de crear un contrato temporal para menores de 30 años, por ejemplo, hará que entre dos personas idénticas que difieran únicamente en su edad (mayor o menor de 30 años), el empresario se decida por el primero condenando al segundo al paro. De forma más realista, el hecho de que exista un contrato de obra que se extingue con el fin de un proyecto, va a favorecer que una empresa tienda a favorecer aquellas actividades de naturaleza “temporal”. El efecto sustitución afecta por tanto a la composición del empleo, no a su volumen y explica por qué a la hora de decidirse por una fórmula de contratación, las empresas se decidan por la que les otorga mayor discrecionalidad en detrimento de la alternativa.

En segundo lugar, una regulación “casuística” de este tipo es siempre, necesariamente, más difícil de hacer cumplir. Si el menú de contratos para elegir es más amplio, es más fácil para un empresario encontrar en el catálogo un caso que se adapte a su situación y le permita sortear la contratación indefinida. Del mismo modo que la creación de deducciones fiscales facilita su trabajo a los asesores fiscales creando oportunidades masivas para los arbitrajes regulatorios que no necesariamente son constitutivas de fraude (este es el caso de lo que en derecho tributario se llama “economías de opción”), los contratos atípicos facilitan el trabajo a los abogados de las empresas.

Naturalmente, se podría argumentar que esto no es un argumento para eliminar el casuismo, sino para hacerlo cumplir más enérgicamente. Es posible, tal vez, que la tasa de temporalidad en España no se explique por su ordenamiento jurídico que crea oportunidades para el abuso, sino por la tolerancia de este. Pensamos que existen motivos para dudar de esta explicación. Para ello podemos ver en el gráfico de abajo que España no es precisamente un país cuya inspección de trabajo tenga pocos recursos.

Inspectores Laborales por cada 100.000 habitantes

Inspectores Laborales por nivel de riqueza

El argumento a favor del contrato único nace de la constatación de que el arte de hacer políticas públicas tiene mucho más que ver con lograr un objetivo mediante una legislación que los agentes implicados tengan incentivos para no eludir que con poner reglas especialmente duras, lo que los economistas llaman diseñar mecanismos que cumplan la condición de “compatibilidad de incentivos”.

Casuismo y causalidad en el despido

Una crítica que se ha dirigido a la idea del contrato único con indemnización creciente es que, al “descausalizar el despido”, esto abriría la puerta a la arbitrariedad empresarial y, además, sería inconstitucional. Pensamos que existen motivos para ser muy escépticos sobre esto.

En primer lugar, cabe argumentar que la mejor forma de proteger a los trabajadores frente al empresario no es necesariamente mediante la judicialización de la relación laboral, sino fortaleciendo la posición negociadora del trabajador al reducir su dependencia del empresario. Las socialdemocracias nórdicas han optado por esta avenida mediante un esquema de “flexiseguridad” muy similar al que aparecía en la propuesta original. Los pilares de esta estrategia son dos. En primer lugar, la “amenaza” de ser despedido es mucho menos efectiva cuando los trabajadores gozan de un seguro por desempleo generosa –una protección que por motivos políticos muy ligados a la dualidad en España ha evolucionado en un sentido restrictivo. La idea es por tanto no proteger los puestos de trabajo, sino proteger a la persona en sus transiciones entre puestos de trabajo con un seguro de desempleo generoso y políticas activas. En segundo lugar un efecto bien documentado de los costes de despido es el de reducir simultáneamente la destrucción y la creación de empleo a la vez, además de incrementar la duración media del desempleo, de modo que si realmente se volviera más barato despedir, el desempleo se volvería menos doloroso porque sería más fácil encontrar un empleo nuevo.

En segundo lugar, el efecto de obligar a justificar el despido es naturalmente el de convertir esa causalidad en contenciosa llevando a la judicialización del conflicto. Una legislación que genere contensiosidad no solamente genera costes procesales (tanto explícitos, como en términos de tiempo) de los que nadie se apropia (salvo los abogados), sino que además aumenta la incertidumbre sobre el verdadero coste del despido. La importancia de estos costes quedaba reflejada en que con anterioridad a la reforma, los empresarios preferían no ir a juicio y aceptar la improcedencia del despido (el llamado “despido express”).

Naturalmente, se podría argumentar que, aún pudiendo ser una medida efectiva, esto vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Ante esta crítica, cabría decir naturalmente que esto puede hacer la reforma política y legalmente inviable, pero no la convierte en inefectiva. Pero aún aquí pensamos que hay razones para el escepticismo ( por ejemplo).  El llamado despido express, cuya constitucionalidad nunca fue puesta en duda, permitía de facto sortear la causalidad en el despido, de modo que no es difícil pensar en que será posible diseñar algún mecanismo de este tipo con un recurso procesal dónde el papel del juez quede limitado a controlar casos de discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Este mecanismo podría diseñarse, por ejemplo, mediante una redefinición suficientemente amplia de las causas de despido, de las reglas de prueba y una reforma que endurezca de las reglas de admisión a trámite del recurso.

El empleo temporal o el problema del huevo y la gallina

Otro argumento habitual en contra del contrato único es que la temporalidad en España no es fruto de nuestro extenso menú de contratos laborales y de las diferencias entre ellos, sino que viene determinada por nuestra famosa estructura productiva. Esta explicación parte de la constatación de la gran importancia que tienen en nuestro tejido industrial las PYMES o sectores como la construcción o el turismo para argumentar que existe una demanda natural de este tipo de trabajadores que el menú de contratos se limita a cubrir. Por lo tanto, se dice, unificar todos los contratos sería inútil, ya que el mercado se encargaría de reproducir los mismos patrones bajo la nueva legislación. Son las llamadas “explicaciones de demanda”.

Por suerte este es un problema, como tantos otros, que la evidencia empírica nos puede ayudar a solucionar. Y los datos apuntan en dirección contraria. En primer lugar, es importante subrayar que aunque observáramos una alta correlación entre determinados sectores y la temporalidad, esto no implicaría necesariamente que la causalidad vaya de la estructura productiva a la regulatoria: es perfectamente posible que vaya en sentido contrario. Precisamente, la evolución temporal del empleo en estos sectores dónde la creación de contratos temporales precedió al aumento del peso de los mismos indicaría que la causalidad va en la dirección contraria.

Un análisis detallado de la evidencia permite ver que el vínculo causal entre estructura productiva e instituciones es cuanto menos ambiguo. El sociólogo económico Javier Polavieja ha dedicado una buena parte de su carrera a analizar el problema de la precariedad laboral en España. Es posible encontrar un buen resumen de su pensamiento en un excelente artículo de 2005 de laRevista Española de Investigaciones Sociológicas donde analiza de forma comparada la temporalidad y sus posibles causas. La conclusión es clara: una análisis estadístico riguroso revela que la tasa de temporalidad de España (la más alta de la OCDE) es muchísimo más elevada de lo que nos correspondería dada la importancia relativa de nuestros sectores temporales o volátiles. O, en otras palabras, nuestra estructura productiva no justifica nuestra elevada tasa de temporalidad. Por si fuera poco, esta temporalidad no es una característica exclusiva de nuestros sectores volátiles, sino que está presente en el resto de la economía. Tanto es así que nuestros sectores menos volátiles como las manufacturas o el transporte sufren una tasa de temporalidad mayor que la de los sectores más volátiles del resto de países. España es un campeón indiscutible en términos de precariedad.

Incidencia del empleo temporal por sectores industriales en países seleccionados de la UE

Polavieja llega a un resultado similar comparando la importancia de los empleos de cuello blanco o el peso de las PYMES en el tejido industrial: tanto en las ocupaciones más cualificadas, como en la totalidad de nuestra estructura productiva, la temporalidad es mayor de lo que se esperaría.

En cambio, el análisis de Polavieja muestra que las instituciones sí que juegan un papel muy relevante; las leyes y regulaciones sobre la protección del empleo indefinido y la estructura de la negociación colectiva contribuyen a determinar los niveles de temporalidad que observamos hoy en día. En concreto, no se trata de que la protección del trabajo sea alta, sino de que el diferencialde protección entre contratos temporales e indefinidos sea tan abrumadora la que causa este problema. Además, el hecho de que los trabajadores indefinidos tengan más representación y poder de negociación en los convenios tiende a acentuar este problema. Estos dos factores, encuentra Polavieja, unidos a los grandes shocks de desempleo que vivimos de forma periódica en España, son los grandes culpables de la temporalidad.

Como venimos diciendo, muchas de las críticas dirigidas a la idea del contrato único no se sostienen.

• La desventaja de los temporales a la hora de mantener su trabajo apenas ha cambiado desde que empezó la crisis: la probabilidad de perder el empleo es del orden de 7 a 9 veces mayor para temporales que para indefinidos.
• El número de inspectores laborales en España es similar al de otros países europeos, lo cual sugiere que la temporalidad no es un problema de falta de inversión en inspección. En cambio, sí podría estar relacionada con la excesiva oferta de contratos disponibles, que facilita a los empresarios evitar los contratos indefinidos (de forma legal).
• El problema de si el contrato único es o no constitucional no tiene nada que ver con su efectividad, y en cualquier caso tenemos dudas de que no se pueda encontrar un encaje. Por otra parte creemos que es mucho más efectivo mejorar la posición negociadora del trabajador (con subsidios de desempleo más generosos, por ejemplo) que judicializar el proceso.
• Las explicaciones de demanda no son satisfactorias. Los estudios de que disponemos sugieren que nuestra estructura productiva no causa nuestra elevada tasa de temporalidad. La tesis según la cuál un contrato único reproduciría de forma encubierta el mismo patrón dual, por tanto, no se sostiene.

En definitiva, estamos lejos de ser prisioneros de la temporalidad por nuestra naturaleza o la de nuestra economía. Es más, el castigo es autoimpuesto: estamos sufriendo las consecuencias de un mal diseño institucional y regulación de nuestro mercado laboral. Y creemos que es hora de cambiarlo.

¿Por qué las desigualdades están creciendo?

Iturria: Vicenç Navarro / vnavarro.org – 2013/01/14

Este artículo critica algunas de las teorías que se han dado para explicar el crecimiento de las desigualdades en los países de la OCDE, incluyendo España. El artículo subraya que las causas más importantes de tal crecimiento son más políticas que económicas.

Que las desigualdades en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) han ido creciendo hasta alcanzar niveles no conocidos desde principios del siglo XX es una realidad que ya casi nadie cuestiona. Sólo algunos ultraliberales, que también niegan que haya cambio climático, continúan negando este hecho. Las explicaciones más frecuentes que se dan a este crecimiento de las desigualdades son predominantemente dos. Una es la introducción de nuevas tecnologías que eliminan muchísimos puestos de trabajo en los países más desarrollados económicamente, eliminación que se centra primordialmente en los puestos de trabajo de escasa cualificación. De ahí que, según tal argumento, haya un elevado desempleo en tales países en los sectores de trabajadores poco cualificados. Esto explica el énfasis que muchos gobiernos dan al desarrollo de un modelo educativo encaminado a corregir tal escasa cualificación. La solución propuesta por aquellas opciones políticas que atribuyen las desigualdades al escaso desarrollo de formación cualificada entre la población es mejorar la cualificación a través de la educación.

Tal argumento, sin embargo, explica muy poco el crecimiento de las desigualdades, pues la automatización de los puestos de trabajo de baja cualificación no es un fenómeno nuevo. Antes al contrario, la automatización ha existido desde el principio del trabajo asalariado, habiendo sido una constante en el diseño del trabajo. No parecería ser, pues, que tal automatización pudiera ser una causa mayor de la destrucción de los puestos de trabajo y de la extensión del desempleo. Es más, tal automatización está afectando también a puestos de trabajo de elevada tecnología y cualificación. Hoy, un técnico especialista en lecturas de radiografías, por ejemplo, sustituye en muchos hospitales a radiólogos con doctorados. En realidad, no hay evidencia de que las nuevas tecnologías estén afectando más a los trabajadores con menos cualificaciones que los que tengan más cualificaciones. Es más, según las estadísticas de empleo del gobierno federal de EEUU, los puestos de trabajo que están creciendo más son los primeros, los de baja cualificación, mucho más que los de elevada cualificación. No parece, pues, convincente que los cambios tecnológicos sean una causa de este enorme crecimiento de las desigualdades.

¿La globalización como causa del crecimiento de las desigualdades?

La segunda explicación más común que se da para explicar tal crecimiento es la globalización económica. Constantemente se hace referencia a los puestos de trabajo que se están yendo, por ejemplo, a la China, puestos de trabajo que por regla general son de escasa cualificación. Hay un elemento de verdad en este argumento. Pero sólo un elemento de verdad pues este argumento ignora que esta exportación de puestos de trabajo se centra primordialmente en puestos de trabajo de baja cualificación y ello a pesar de que en los países donde tales puestos de trabajo se instalan, también tienen muchos profesionales de elevada cualificación que harían gustosamente (y con menor salario) los trabajos de alta cualificación que existen en los países donde se exportan primordialmente trabajos no cualificados. El hecho de que sean estos últimos y no los primeros los que se exportan se debe, como bien dice Dean Baker (del Center for Economic and Policy Research de EEUU), que los profesionales de elevada cualificación tienen mucho más poder en los países que exportan puestos de trabajo que los trabajadores no cualificados. Tales profesionales, a través de sus organizaciones profesionales, son capaces de influenciar al Estado para que desarrolle políticas proteccionistas que no permitan tal competitividad con los profesionales extranjeros. Se me dirá, con razón, que tales puestos de trabajo cualificados también se están exportando. Pero está ocurriendo con menor frecuencia que entre los no cualificados.

Este hecho muestra como las causas mayores del crecimiento de las desigualdades tanto dentro de cada país como a nivel mundial son políticas (es decir, relacionadas con las relaciones de poder) más que económicas. En aquellos países donde el mundo del trabajo tiene mayor poder político hay menos desigualdades. Y en aquellos países donde el capital (los grandes grupos financieros y económicos) tiene mayor influencia política, las desigualdades son mayores. Los países escandinavos que, debido a su escaso tamaño han tenido economías altamente globalizadas (es decir integradas en la economía mundial), son países, sin embargo, con menos desigualdades y ello se debe al gran poder que históricamente han tenido las izquierdas en aquellos países, una situación que es opuesta a la de los países del sur de Europa, que históricamente han tenido unas derechas fuertes y unidas y unas izquierdas débiles y desunidas, responsables de que existan grandes desigualdades en estos últimos países.

Las causas mayores del crecimiento de las desigualdades se deben a la enorme influencia política del mundo del capital a costa del mundo del trabajo

Lo cual me lleva al último punto que quiero subrayar. El enorme crecimiento de las desigualdades es un indicador de la enorme influencia del capital financiero y empresarial sobre los aparatos del Estado a costa de la influencia del mundo del trabajo, que ha ido perdiendo su influencia sobre aquellos aparatos. La incorporación y desarrollo de la ideología neoliberal dentro de las políticas públicas de los partidos gobernantes, incluidas las izquierdas mayoritarias, es una consecuencia de este diferencial de influencias que tienen las distintas clases sociales sobre el Estado. En otras palabras, es la victoria del capital sobre el trabajo la que ha llevado a una enorme concentración de las rentas y de la propiedad, transformando la lucha de clases tradicional en otro conflicto que es mucho más amplio que el existente entre la burguesía por un lado y la clase obrera por el otro. A este último conflicto (que continúa existiendo) hay que añadirle el conflicto de una minoría de la población en contra de la gran mayoría. De ahí que la solución a este enorme crecimiento de las desigualdades sea la democratización de los aparatos del Estado convirtiéndolos en una institución al servicio de la mayoría, en lugar de al servicio a la minoría, como está ocurriendo ahora. La evidencia científica que apoya tal explicación del crecimiento de las desigualdades es abrumadora.

Y esta democratización no ocurrirá a no ser que se rompa el lazo que une los equipos dirigentes de los partidos gobernantes con los equipos gestores de las grandes corporaciones e instituciones financieras. Es más que preocupante ver este lazo reproducirse incluso en los partidos de centroizquierda gobernantes, donde vemos exdirigentes de la socialdemocracia en puestos de servicio a algunas de las empresas que se han beneficiado y continúan beneficiándose más de la intervención del Estado. Este hecho debería denunciarse, pues es esta ligazón la que está en la raíz del problema del crecimiento de las desigualdades. Hoy, la pérdida de legitimidad de la democracia se basa precisamente en el excesivo poder que el mundo del capital (y más en especial el capital financiero) tiene sobre el Estado. No podrá desarrollarse la ya escasamente desarrollada democracia en España a no ser que se rompa este lazo del mundo financiero y empresarial con el Estado. Cuando Endesa, por ejemplo, invita a una ex Ministra de Economía del PSOE a integrarse en su equipo de dirección, no lo hace por su conocimiento del sector energético, sino porque es una fuente de conocimiento y contactos en las estructuras del Estado que beneficia a tal empresa, una empresa cuyo servicio a la sociedad es muy cuestionable y poco ético, comportamiento facilitado por una excesiva influencia sobre el Estado. El número de dirigentes del PSOE que hoy ocupan puestos en las grandes empresas del país es enorme. Esta relación entre mundo financiero y mundo empresarial con los partidos conservadores y liberales ha sido la característica que ha definido a tales partidos de derechas. Lo que es preocupante es que esta relación se está produciendo también en los partidos mayoritarios de izquierda. Ahí está el origen del crecimiento de las desigualdades. Éstas son consecuencias de este maridaje de poder económico y político.

Últimas observaciones sobre las desigualdades en España

Existe entre amplios sectores de las izquierdas en España una percepción errónea de que lo que ocurre en España está predominantemente determinado por fuerzas exteriores a España. Esta percepción aparece en la frase constantemente reproducida en forums políticos y mediáticos del país “que los estados están desapareciendo” y/o “es poco lo que pueden hacer hoy en día”.

Tal postura es profundamente errónea y sirve para justificar políticas públicas reaccionarias e impopulares. La congelación de las pensiones (presentada como resultado de las presiones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo) es un ejemplo de ello. El estado podría haber conseguido incluso más dinero revirtiendo la bajada del impuesto de sucesiones que había aprobado en un periodo anterior. Estas políticas de clase se están llevando a cabo por las elites gobernantes en España, en alianza con las elites gobernantes de la Unión Europea con las cuales comparten intereses de clase.

Las enormes desigualdades en España (España es el país que, después de Letonia, tiene mayores desigualdades en la UE) están basadas en la excesiva influencia de la banca y la gran patronal sobre el estado, realidad que es percibida por la ciudadanía correctamente. Según la Encuesta de Tendencias Sociales, los bancos y la CEOE son percibidos como los sectores que tienen más poder en España por la mayoría de la población española. La expresión de su abusivo poder sobre el Estado es la mayor causa de la pérdida de legitimidad de la democracia. Y es esta influenza que ha ya alcanzado unos niveles sin precedentes en el periodo democrático y que explica que, a pesar de que el porcentaje de la población activa ha ido aumentando, las rentas del trabajo como porcentaje de la Rentas Nacional haya disminuido siendo hoy, un porcentaje menor que las rentas del capital, es decir, que los beneficios empresariales, situación que se ha acentuado todavía más en estos años de crisis (desde 2007), en el que el porcentaje de la población con empleo ha disminuido. La crisis ha dañado el nivel de vida de la población trabajadora. Hoy el 20% de la población de mayor renta (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales) poseen más renta que la gran mayoría de la población (el 60%). Y puesto que este 20% domina la vida política y mediática del país, España continúa y continuará siendo el país con mayores desigualdades de la UE. Así de claro.

¿Quieren saber por qué España debe pagar 40.000 millones al año en intereses de deuda? Listado completo de privatizaciones 1984-2007

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/06

No se pierdan la lista y entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales. Todo lo que estas empresas no aportan al estado, el estado lo debe pedir a los mercados…

Información oficial tal y como aparece en la página del SEPI (http://www.sepi.es)

No se pierdan la lista y ahora entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales.

Con la privatización de estas empresas se robó al estado la capacidad de generar ingresos por otras vías que no sea, casi en exclusividad, la recaudación fiscal. En sectores además que son estratégicos y que garantizan una fuente constante de ingresos (energía, telefonía, obras públicas, transportes, etc, etc.). Los ingresos generados por estas privatizaciones, que se estiman en torno a los 50.000 millones de euros, sirvieron para que los gobiernos de turno pudieran compensar sus respectivos presupuestos y, entre otras, sirvió al PP para cumplir con los objetivos impuestos por la UE para la entrada en el Euro y hablar de un -supuesto- “milagro económico español”. En solo dos años, 1996 y 1997, el gobierno de Aznar, ese que nos han querido vender como un as en la gestión económica, recibió más de 20.000 millones de euros (de la época) con las privatizaciones de las últimas participaciones del estado en Repsol y Telefónica, entre otras. Esto es, 20.000 millones de euros a costa de vaciar al estado de recursos que en el futuro lo pudieran capacitar para generar ingresos y entregar tal capacidad a manos de intereses privados. Vendiendo lo que no era suyo, e ingresando tal ingente cantidad de dinero a costa de dejar al estado sin futuro, ¡cualquiera es un as en la gestión económica! Si encima se acompaña con una burbuja inmobiliaria, ni hablamos.

¿La consecuencia real de todo esto? Solo en los dos próximos años el estado español pagará más en intereses de la deuda que todo lo obtenido en más de veinte años de privatizaciones. ¡Solo en dos años!

Y es que, claro, cuando al estado se lo vacia de su capacidad de generar recursos, el dinero que no entra por esa vía, a la larga, lo tiene que acabar pidiendo prestado a los mercados. A los intereses que todos conocemos y con las dramáticas consecuencias que, en forma de recortes sociales y laborales, estamos viviendo en estos tiempos. Privatizar no solo es entregar lo público a manos privadas, es también condenar al estado a ser esclavo de los mercados. Por eso hoy, solo en un año, el estado español deberá pagar 40.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda generada como consecuencia de no contar con empresas públicas que puedan generar ingresos para el estado. 

El asunto es, además, significativo: los mismos que antes se beneficiaron de que el estado les entregara su patrimonio y su capacidad de generar ingresos, en sectores rentables, por un módico e insignificante precio (en comparación con el beneficio que le han sacado después en la mayoría de casos: señal de que hasta las empresas que daban pérdidas podían llegar a ser rentables), son los mismos que ahora se están lucrando con la crisis y, en concreto, con los recortes sociales y laborales.

Sí, así funciona el capitalismo. No es un caso aislado ni ha pasado solo en el estado español. Ellos ganan, tú pierdes.  

Privatizaciones de 1984 a 1996

En este periodo se realizaron en España en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas. En términos monetarios, el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros hasta 1996.

El objetivo principal de estas privatizaciones era racionalizar y reestructurar el sector público empresarial, así como restablecer la competitividad de sus empresas. Los encargados de realizar estas operaciones fueron los tres grupos públicos empresariales existentes en España: INI, INH y Patrimonio.

Con anterioridad a 1985 el INI había acometido la venta de hasta 17 empresas, como General Eléctrica de España (año 1962), Marconi Española (1969), Sevillana de Electricidad (1971), Boetticher y Navarro (1973) o Petróleos de Navarra (1976).

Fue en la década de los 80 cuando se abordaron las operaciones de venta en el marco de una política industrial y con objetivos más concretos. Estas privatizaciones fueron de dos tipos:

• Venta industrial directa de empresas pertenecientes a sectores sin interés para el Estado que no podían ser competitivas en el ámbito público.
• Desinversiones parciales de empresas rentables en Bolsa, a través de Oferta Pública de Venta, conservando el Estado su control.

En el primer caso, la mayoría de las privatizaciones fueron de pequeñas o medianas empresas que no tenían dimensión suficiente para competir en el mercado, siendo el INI el que realizó la mayor parte de las ventas. La primera empresa privatizada por el INI, en 1985 (aunque la operación se aprobó en 1984), fue Textil Tarazona.

En este grupo de privatizadas también figuran empresas de renombre en la industria española y de mayor tamaño, como las de automoción, SEAT y ENASA. También destacan TRASATLANTICA (transporte marítimo); Marsans y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima, ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), y La Luz, OESA y otras pequeñas empresas de alimentación, además de empresas de menor entidad pertenecientes a estos y otros sectores productivos.

Las privatizaciones parciales o de tipo financiero sirvieron para sufragar las pérdidas de otras compañías y autofinanciar el crecimiento de las propias empresas en parte privatizadas, así como reducir el déficit público y cumplir los criterios de convergencia europea. Estas privatizaciones de sociedades rentables y consolidadas se sucedieron ‘caso por caso’, recortando el perímetro del sector público empresarial, pero conservando una presencia estatal en las empresas cotizadas, que podría ser minoritaria pero suficiente para su control.

Hasta 1996 se completaron 16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas) y que permitió la salida al mercado bursátil de empresas, encuadradas en el segundo grupo, como ENDESA, REPSOL, ARGENTARIA, TELEFÓNICA y ENCE.

Empresas privatizadas por INI y TENEO mediante venta no bursátil

Año	Empresa	Sector	% desinvertido	Operaciones complementarias
1985	Textil Tarazona C.Soler Almirall Ingenesa Igfisa Secoinsa Pesquisa SKF Viajes Marsans PBA Indugasa	Textil Rodamientos Electrónica Alimentación Electrónica Energía Rodamientos Turismo Alimentación Automoción	69,56 100 67,6 100 69,1 45,4 98,8 100 85 50
1986	Entursa Frigsa La Luz Gypisa Olcesa Telesincro Insisa Motores MDB Remetal Issa Pamesa SEAT Tovisa Miraflores Cabsa Aluflet Mipsa	Turismo Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Bienes de equipo Bienes de equipo Cont. Naval Aluminio Metalurgia Papel Automoción Bienes de equipo Alimentación Alimentación Aluminio Minería	100 100 100 100 50,5 100 60 60 66,2 100 100 75 99,3100 40 100	Privatización completada en 1990
1987	Dessa Evatsa Litofan Española Purolator Iber. Vict. Luzuriaga Diasa Miel Española Alumalsa	Cont. Naval Metalurgia Metalurgia Bienes de equipo Bienes de equipo Alimentación Alimentación Aluminio	80 100 100 94,7 33,34 50 51 44
1988	Grupo Lesa Carcesa Fridarago Coisa Astican Promural Pamensa Acuasur	Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Const. Naval Alimentación Alimentación Alimentación	99,9 99,9 98 100 90,7 53 99,9 66,7
1989	MTM Ateinsa Enfersa Oesa Pesa Ancoal Fodina	Bienes de equipo Bienes de equipo Fertilizantes Alimentación Electrónica Minería Fertilizantes	85 85 80 100 97,5 75,2 100	El 15% restante se vendió en 1992 El 15% restante se vendió en 1992 El 20% restante se vendió en 1991
1990	Saldosa	Minería	51
1991	ENASA GEA TSD	Automoción Artesanía Informática	100 90 100	El 10% restante se vendió en 1992
1992	Icuatro	Electrónica	100
1993	Palco Automoción 2000 Ibermática Fábrica San Carlos	Aluminio Automoción Informática Bienes de equipo	50 100 39 100	El 50% restante se vendió en 1994
1994	Sodiga ASDL Gyconsa Trasatlántica Artespaña	Desarrollo Ind. Electrónica Electrónica Trans. Marítimo Artesanía	46,2 86,67 9 99,98 100	Privatización completada en 1997
1995	Refínalsa Indra	Aluminio Electrónica e Inf	50 24,9%	Privatización total en 1999 con OPV
1996	Auxini Sodican	Construcción Desarrollo Ind.	40 41	Privatización completada en 1997 El 10% restante se vendió en 2001

Privatizaciones de 1996 a la actualidad

A partir del 28 de junio de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc.. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV. Estos ingresos se aplicaron fundamentalmente a cubrir las necesidades operativas de las empresas del Grupo y a cancelar la mayor parte de la deuda histórica del INI.

Para la venta de estas empresas se aplicaron distintos métodos de privatización: ventas industriales, OPVs, ventas mixtas (Venta industria + OPV) y subastas.

• Mediante OPV, se han privatizado, total o parcialmente (porque ya tuvieran parte del capital en Bolsa): Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica.
• A través de ventas mixtas: Aceralia (47,1% para socios industriales, 52,8 en OPV), Ence (25% + 1 acción para socios industriales, 26% + 1 acción en OPV institucional), Iberia (40 %, socios industriales e institucionales, 54% en OPV), Indra (previa -en 1995- reordenación estructura accionarial -24,5 %- y OPV del 66,09%) y CASA (Acuerdo de integración de negocios con creación de EADS y simultánea OPV de este consorcio).
• El método de subasta se aplicó a Comee, filial de Red Eléctrica, en aplicación de la Ley Sector Eléctrico, y para la venta de 15 fincas de Expasa.

En todas las empresas se privatizó la totalidad del capital público, excepto en los casos de green shoe no ejecutado en las OPVs, por obligaciones contractuales (CASA) o por imperativo legal (Red Eléctrica).

La privatización de Turbo 2000, completada en 2004, ha puesto fin a este periodo de 8 años en el desarrollo del plan de privatizaciones, cuya última gran operación de venta fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003.

Tras ese periodo, son pocas las empresas de SEPI que por su actividad pudieran ser objeto de venta, ya que la mayoría de ellas son sociedad con objetivos de interés públicos o de carácter instrumental, y algunas otras sometidas a planes de reconversión. Por ello, las privatizaciones han dejado de ser objetivo prioritario.

En este tiempo, SEPI ha concretado la venta de algunas pequeñas empresas, de las participaciones en Aldeasa, Altadis y Endesa, correspondientes a los green shoe de anteriores OPVs, y del 8,5% de Red Eléctrica, así como de activos de IZAR en Liquidación. Los ingresos obtenidos por estas ventas han alcanzado los 2.000 millones de euros.

Privatizaciones realizadas por SEPI, SEPPa y AIE

Año	Empresa	Sector	% vendido	Agente privatizador	Comprador
1996	Repsol Argentaria Sagane Gas Natural* Sefanitro	Petróleo Banca Gas Gas Fertilizantes	11 24,83 91 3,81 52,6	SEPI SEPPa SEPI SEPI AIE	OPV OPV Enagas OPV Instituc. Fertiberia	1ª venta tras 28/06/96 Filial de AHV
1997	Sodiga* Telefónica Almagrera Iongraf Repsol Surgiclinic Plus Sodical Auxini Endesa Aldeasa Telefónica Int.* Elcano Ferroperfil Barreras Aceralia	Prom. Industrial Comunicación Minería Aluminio Petróleo Prod. Médicos Prom. Industrial Construcción Energía Distribución Comunicación Transp. Marítimo Aluminio Const. Naval Siderurgia	5 20,9 99,99 100 10 50 51 60 25,44 74,94 23,78 100 100 99,9 100	SEPI SEPPa SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPPa SEPPa SEPI SEPI SEPI SEPI	Xunta Galicia OPV Navan Resources Directivos OPV Grupo Hambros Acc.-Caja Duero OCP Construcc. OPV OPV Telefónica Gpo Marítimo Ibér. Directivos Grupo Barreras Arbed y otros	Filial de InespalFilial de Santa BárbaraVendido 40% en 1996 Filial de Inespal Filial Grupo Aesa Venta industr. Y OPV
1998	Infoleasing Argentaria Inespal Tabacalera Endesa Comesa Inima Productos Tub. Enagás* Grupo Potasas	Financiero Banca Aluminio Tabacos Energía Eléctrico Medio Ambiente Siderurgia Gas Minería potasa	100 29,2% 99,66 50,43 30 100 100 100 9 100	SEPI SEPPa SEPI SEPPa SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI	Leasing Catalunya OPV Alcoa OPV OPV Subasta Lain Tubos Reunidos Gas Natural Iberpotash	Filial de Red Eléctrica Filial de Cofivacasa
1999	Telefónica Indra Red Eléctrica Icsa / Aya Astander LM Composites Enatcar	Comunicación Tc. Información Energía Composites Const. Naval Composites Transporte	0,28 66,09 31,5 100 100 50 100	SEPPa SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI	Block trade OPV OPV Masa Italmar LM Glasfiber C. Alianza Bus	Filiales Santa BárbaraFilial de Santa Bárbara
2000	Sodican Initec Casa COPE*	Prom. Industrial Ingeniería Aerospacial Comunicación	10 100 99,28 2,42	SEPI SEPI SEPI SEPPa	Com. Aut. Canarias Tec. Reunidas Integración Grupo Cope	Constitución EADS
2001	Conv. Aluminio Santa Bárbara Iberia Expasa^ Ence Babcock Wilcox Arsa / Austral	Impresión Defensa Transp. aéreo Agricultura Celulosa Bienes de equipo Transp. aéreo	100 100 88,2 fincas 51 100 99,1/90	SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI	Alucoil General Dynamics Socios Ind. y OPV Subasta Socios Ind. y OPV Babcock Borsing Air Comet	Venta de 7 fincasTraspaso Austrian Energy
2002	Coosur / Olcesa Química Estr. Expasa^ Trasmediterránea	Aceites Química básica Agricultura Trans marítimo	100/89,4 51 Fincas 95,24	SEPI SEPI SEPI SEPI	Consorcio Jaenoliva Fertiberia Subasta OPA	Filiales de Al. y AceitesVenta de 8 fincas
2003	Ebro-Puleva* ENA Musini, S.A . Musini Vida	Alimentación Autopistas Seguros Seguros	4,24 100 98,07 100	SEPI SEPI SEPI SEPI	Inst. Hisp. Arroz Consorcio Sacyr Mapfre Mapfre	Participación de Mercasa Filial de Musini
2004	Turbo 2000	Aeronáutico	50%	SEPI	Sener	Tenedora 53,1% ITP
2005	Aldeasa Altadis Clínica Castelló Inisas Navalips Red Eléctrica Sodicaman	Distribución Tabacos Sanitario Seguro sanitario Hélices barcos Energía Prom. Industrial	5,06% 1,93% 100 100 50 8,5 51	SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI SEPI	OPA (Retail Airp.) Bought Deal Mapfre Adeslas Wartsila Propuls Bought Deal J. Castilla La Mancha	Green shoe de OPV 1997 Green shoe OPV Tabacalera 1998 Participada AesaFilial de Sepides
2006	Wesser Eng. Aresbank* Sodiar Izar Liquidación^	Ingeniería Banca Prom. Industr. Const. Naval	100 7,34 51 Activos	SEPI SEPI SEPI SEPI	Taim-TFG Lybian Arab F. B. Savia (Gob. Aragón) Compañías navales	Participada por Aesa Astilleros Sestao, Gijón y Sevilla
2007	Ionmed Endesa	Esterilización Industrial Energía	99,65 2,95	SEPI SEPI	Ionisos OPA Acciona-Enel	Filial de Enusa Green Shoe OPV de 1998

(*) Ventas de participaciones minoritarias

(^) Ventas de activos

Los recortes en la sanidad pública, otra vez

Iturria: Vicenç Navarro (vnavarro.org ) – 2012/12/28

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.